Un decreto que amplía el alcance del secreto de Estado despierta serias interrogantes sobre transparencia, acceso a la información y manejo de datos sensibles. Para el Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli, el asunto toca directamente las libertades públicas y merece una revisión mucho más profunda.
La discusión no es nueva en Costa Rica. Aguilar Bulgarelli recuerda que, cuando fue diputado, llevó hasta la Corte Plena una disputa precisamente por el uso del “secreto de Estado”. Décadas después, aquella experiencia sirve como punto de partida para cuestionar hasta dónde puede llegar hoy el poder bajo el argumento de proteger información sensible.
Secreto de Estado: cuando la confidencialidad amenaza con convertirse en secretismo
Aunque uno se prepare mentalmente para iniciar una semana ocupada en otros menesteres, con estos desgobiernos que nos toca soportar es casi imposible. Ahora doña Laura Virginia nos “regala” una de sus primorosas ocurrencias mediante un decreto ejecutivo en el que declara como secreto de Estado hasta el menú de su desayuno.
Pero, dejando la ironía aparte —utilizada solo para bajar el estrés que nos produjo el susodicho decreto—, el asunto es sumamente grave.
Cuando fui diputado, entre 1982 y 1986, fui el primer legislador en la historia de Costa Rica que llevó ante los tribunales a un presidente de la República porque, en síntesis, don Luis Alberto Monge no me quería entregar un informe sobre el sector agropecuario y, por ello, lo había declarado “secreto de Estado”.
Alegué que aquello era un atentado contra el derecho a la información y que, además, ese informe no constituía un secreto de Estado.
Como no existía la Sala IV, fue la Corte Plena la que falló a mi favor y, lo más importante para lo que hoy nos ocupa, definió qué es un secreto de Estado. Dijo:
“…los secretos políticos y así también los de seguridad, SOLO constituyen secreto de Estado cuando se refieren a los medios de defensa o a las relaciones exteriores…”.
Entonces, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Plena y, por lo tanto, creando jurisprudencia, no estarían incluidos aspectos como los procesos de contratación y compra de equipos, los resultados de las pruebas de polígrafo, los datos de la empresa que las realiza y su costo.
Sin entrar a detallar la extensa lista de artículos, bienes y suministros protegidos como “secreto de Estado”, debo mencionar uno de extrema gravedad: plataformas tecnológicas, infraestructura, consultorías y servicios especializados, con obligación estricta de confidencialidad para los consultores, contratistas y demás sujetos privados que presten servicios, aunque sea de forma ad honorem.
Más allá de que ese listado podría llevar a un manejo oculto y sin restricciones de una serie de procedimientos administrativos en dependencias bajo la dirección de la Presidencia de la República —la DIS y la Fuerza Élite, así como la Policía Fiscal y todo el componente del Ministerio de Seguridad Pública—, existe un aspecto que no puede pasar inadvertido.
Es fácil hacer creer al ciudadano que todo este aparataje es necesario para combatir el narcotráfico. Y sí, en mucho puede ser cierto, pero no en todo.
Porque detrás de ese montaje también están su seguridad personal y el uso indebido de sus datos.
Con este decreto podrían contratarse, sin conocimiento de los costarricenses, servicios y herramientas de espionaje israelíes, como el Mossad o Pegasus, cuya intervención o utilización en procesos políticos y electorales de Honduras, Argentina, Chile, Colombia y los propios Estados Unidos ha sido ampliamente denunciada.
Fue Rodrigo Chaves —a cuyo cargo, están ministerios y dependencias como Hacienda, con la Policía Fiscal, y Presidencia, con la DIS— quien anunció su decisión de contratar al Mossad para perseguir a los evasores fiscales, cuando el tema hacendario dentro de la estructura de esa agencia tiene poca importancia comparado con sus funciones de inteligencia y espionaje.
También resulta muy coincidente que Rodrigo Chaves, como ministro, pidiera a la CCSS todos los datos de las personas aseguradas y de las empresas…
Luego, con un teclado, pasan al Mossad.
Es obvio que el malhadado decreto de Laura Virginia, estructurado y escrito en otros ámbitos gubernamentales y llevado a su despacho para la firma, es sumamente peligroso.
Muchas aguas contaminadas corren por su cauce, con el peligro real de provocar, mediante sus secretismos, una epidemia de autocratismo que termine matando nuestras libertades.
Así que, como dicen: ojo al Cristo y mano a la chuspa.
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Antes de poner la mirada sobre el secreto de Estado y los riesgos del secretismo, Óscar Aguilar Bulgarelli clavó la fisga en quienes obedecen, justifican y aplauden al poder.
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