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Alberto Guerrero Baena
Cambiar los nombres del espacio público no modifica el pasado, pero sí puede alterar la manera en que una sociedad lo cuenta. La propuesta de rebautizar el Paso de Cortés como Paso de los Pueblos Indígenas reabre en México una discusión sobre memoria, identidad, poder y el control del relato histórico.
Entre la reivindicación de los pueblos indígenas y la construcción de una nueva historia oficial existe una frontera que merece ser examinada. Alberto Guerrero Baena entra en ese debate desde una pregunta incómoda: qué ocurre cuando el Estado deja de interpretar el pasado y comienza a decidir cuál versión de ese pasado debe prevalecer.
La historia oficial también tiene su propio conquistador… Cambiarle el nombre a una calle no cambia la historia.
Cambia, eso sí, quién tiene derecho a contarla. Esa es la operación que el Estado mexicano —primero desde el Gobierno de la Ciudad de México, ahora desde Palacio Nacional— lleva ejecutando de forma sistemática desde 2021: convertir la toponimia en un campo de batalla ideológico.
El fenómeno tiene nombre, tiene fecha y tiene autora identificable, así que empecemos por ahí, antes de opinar sobre él.
Lo que sí ocurrió
El 15 de mayo de 2021, siendo jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum encabezó el cambio de nomenclatura de la avenida Puente de Alvarado —que recordaba al conquistador Pedro de Alvarado— por Avenida México-Tenochtitlan, en el marco de la conmemoración de los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan.
El acto incluyó también el rebautizo de la estación del Metrobús homónima y la transformación del Árbol y la Plaza de la Noche Triste en “Noche Victoriosa”.
Este domingo 9 de agosto de 2026, ya como presidenta, Sheinbaum propuso ir más lejos: renombrar el Paso de Cortés —entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl— como “Paso de los Pueblos Indígenas”, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
En medio de ambos episodios, en 2023, Andrés Manuel López Obrador ya había planteado sustituir “Mar de Cortés” por “Golfo de California”.
El patrón es consistente y, hasta ahora, no propone hechos históricos falsos: Alvarado sí ordenó la matanza del Templo Mayor, Cortés sí cruzó ese paso tras la masacre de Cholula.
El problema no es la exactitud del dato aislado. Es el uso que se le da.
La historia como arma no es una novedad mexicana
Ningún régimen ha inventado esta táctica ni México es el primero en usarla.
La Unión Soviética rebautizó San Petersburgo como Leningrado y luego Stalingrado como Volgogrado, según convenía al culto de turno.
Las leyes de “descomunización” en Europa del Este, particularmente en Ucrania y Polonia tras 1991 y de nuevo después de 2014, derribaron estatuas y renombraron miles de calles con nombres soviéticos.
España aprobó su Ley de Memoria Histórica y, más tarde, la Ley de Memoria Democrática, para retirar simbología franquista del espacio público.
India cambió Bombay por Mumbai y Calcuta por Kolkata como parte de una reivindicación poscolonial.
En todos los casos, la lógica es la misma: quien controla el nombre del espacio público controla, en algún grado, el relato legítimo sobre el pasado.
Esto no vuelve inocua la práctica; la vuelve reconocible.
Y reconocerla como parte de un repertorio autoritario y populista —de derecha e izquierda, en democracias y dictaduras— es el primer paso para juzgarla sin ingenuidad ni escándalo impostado.
El adoctrinamiento no está en el nombre nuevo, está en el relato único
Aquí es donde el ejercicio mexicano se vuelve genuinamente problemático.
No es nocivo, por sí mismo, cuestionar por qué una avenida honra a un genocida colonial; es una pregunta legítima que cualquier sociedad madura puede hacerse.
Lo nocivo es que el relato oficial sustituye una narrativa simplificada por otra igualmente simplificada, sin dejar espacio para la complejidad.
El discurso que enmarca estos cambios —“500 años de resistencia indígena”, el rechazo a “Día de la Raza”— no invita a una relectura crítica y plural del pasado colonial; impone una lectura binaria de víctimas puras y villanos absolutos, funcional al relato fundacional de la “Cuarta Transformación” como movimiento redentor.
Es, en sentido estricto, historia convertida en escudo legitimador de un proyecto político presente, no en ejercicio de memoria.
La diferencia entre memoria histórica y propaganda histórica no está en si se corrige un nombre ofensivo, sino en si se abre o se cierra la conversación después.
Una identidad que no admite reducciones
La identidad mexicana no es indígena ni española: es el producto, muchas veces doloroso, siempre irreversible, del encuentro entre ambas y de tres siglos de mestizaje que las leyes de castas nunca lograron ordenar del todo.
Negar la matanza del Templo Mayor sería tan falso como negar que el español, la Iglesia católica, el sistema jurídico, buena parte de la gastronomía y hasta el propio nombre “México” son productos híbridos de ese encuentro violento.
Un relato que solo admite lo “autóctono” como legítimo —y trata lo hispano como una mancha a borrar del mapa— no reivindica al pueblo indígena contemporáneo; lo congela en un pasado idealizado y lo usa como coartada moral para el presente.
La pregunta que ningún promotor de estos cambios responde es: ¿a nombre de qué México actual, mestizo hasta la médula, se reescribe la calle?
El costo: una polarización que ya no cabe en la toponimia
Cada cambio de nombre se ha convertido, previsiblemente, en materia prima de las redes sociales y en munición editorial para prensa afín y opositora por igual: unos lo celebran como justicia histórica tardía, otros lo descalifican como cortina de humo identitaria frente a los problemas reales del país —violencia, economía, salud, seguridad—.
Esa polarización no es un efecto colateral inofensivo.
Erosiona la posibilidad de un consenso mínimo sobre el pasado compartido, precisamente lo que cualquier proyecto de cohesión social necesita para funcionar.
Un país que discute su historia por decreto de nomenclatura, en vez de por debate académico plural, termina con una historia oficial más frágil, no más legítima.
Y una sociedad que no puede acordar de qué pasado viene difícilmente puede acordar, con la serenidad institucional necesaria, hacia qué futuro colectivo quiere caminar.
