El narco se nos metió hasta la cocina y ahora Pueblo Soberano tendrá mayoría en la comisión que investigará el financiamiento electoral. ¿Se prepara un lavado parlamentario para borrar las manchas del pasado?
Lo verdaderamente peligroso no es solamente el dinero del narco que pudo entrar en las campañas electorales, sino lo que podría ocurrir después: que los mismos cuestionados utilicen su mayoría legislativa para investigarse, absolverse políticamente y salir con las manos limpias. A esa jugada le tengo nombre: lavado parlamentario.
Lavado parlamentario: cuando los cuestionados se investigan a sí mismos
El lavado de dinero por medio de candidaturas a la Presidencia ya no es una simple alerta. Es una realidad que debemos enfrentar. Y vamos a empezar diciendo que esto no es exclusivo de Pueblo Soberano.
Basta con tener un poco de sentido crítico y pensar. En un proceso donde compiten 20 partidos políticos por la Presidencia, más otros cuatro provinciales por una diputación, es imposible no preguntarse en cuántos de esos partidos intentaron invertir quienes necesitan lavar dinero del narco.
En total, había 24 agrupaciones políticas compitiendo por diputaciones en las elecciones nacionales de 2026. Algunas de ellas están hoy bajo sospecha por posibles aportes de dinero del narco. Y otras, como Pueblo Soberano, que más que un partido me parece una organización conformada para delinquir, agrupando a la peor escoria de la política costarricense: aquellos que ya pasaron por el PLN, por el PUSC y también por el PAC.
Como, por ejemplo, Freddy González, cooperativista nacido en el PLN, sobre quien pesa una sanción de inhabilitación para ocupar cargos públicos por su gestión en el Infocoop, en un escándalo donde se manejó lo que el recordado exdiputado Juan Guillermo Brenes Castillo habría llamado «un cachimbal de plata».
También vemos al partido Unidos Podemos, de la exministra de la Presidencia del primer gobierno de Rodrigo Chaves, Natalia Díaz. Este partido tuvo como su principal donante privado a Don Stockwell, hoy investigado por presunto lavado de dinero.
Pero veamos a lo sustancioso.
El partido Pueblo Soberano, o lo que a mi juicio parece más una facción al servicio de intereses del crimen organizado que un partido político, tiene como secretario general precisamente a Freddy González.
A hoy se sabe de la cercanía de Freddy con el asiático Guobin Tam Zhang, el chino Tam, hoy detenido por señalamientos de narcotráfico y lavado de dinero.
Incluso, la novia del chino Tam, Kathleen Quirós, publicó hace poco: «Yo no fui, fue tete… Desde hace meses y ANTES QUE YO, tomaban vino gratis y ahora hay memoria selectiva?».
¡Qué interesante! ¿Quiénes tomaban vino gratis? ¿A quiénes les reclama esa memoria selectiva?
Porque ahora resulta que en Pueblo Soberano nadie conoce a nadie. Algunos niegan conocer al chino Tam, otros intentan minimizar sus relaciones con él y, de pronto, a toda esa fracción política parece haberle dado una epidemia de amnesia.
Pero la publicación de Kathleen deja una pregunta que merece respuesta: ¿quiénes eran los que tomaban vino gratis y hoy parecen haber perdido la memoria?
¡Porque una cosa es hacerse el tonto y otra muy distinta pretender que todos los costarricenses lo seamos!
La pregunta no es solamente si el chino Tam lavó dinero a través de Pueblo Soberano. La pregunta es cuánto dinero logró lavar.
Y no estamos hablando de este sospechoso de lavado únicamente.
Por ejemplo, tenemos a José Miguel Villalobos como diputado —y quien ocupará una mención importante más adelante en esta columna—. El abogado de los narcos y de Rodrigo Chaves puso dinero para su campaña, hizo aportes e invirtió en giras y otros gastos de campaña que deberían examinarse para determinar si aparecen debidamente reportados ante el TSE.
José Miguel Villalobos, como abogado de personas acusadas de narcotráfico y de criminales como los del caso Fénix, ha recibido honorarios por sus servicios profesionales.
Y aquí quiero detenerme.
¿Cuánto dinero de esos honorarios terminó financiando su actividad política? ¿De dónde provenían esos recursos? ¿Qué se sabe del origen del dinero con el que pagó giras y gastos de campaña?
Y no estamos hablando únicamente del chino Tam.
Por ejemplo, tenemos a José Miguel Villalobos como diputado —y quien ocupará una mención importante más adelante en esta columna—. El abogado de los narcos y del presidente Chaves llegó a la Asamblea Legislativa por Pueblo Soberano. ¿Cuánto dinero puso para su campaña? ¿Cuánto aportó en giras y otros gastos electorales? ¿Y cuánto de ese dinero aparece realmente reportado ante el TSE?
José Miguel Villalobos ha sido abogado de personas acusadas de narcotráfico y de criminales como los del caso Fénix. Y aquí es donde quiero poner el dedo en la llaga: ¿de dónde salió el dinero que cobró por esas defensas y cuánto terminó invertido en su actividad política?
Porque el dinero no se purifica al entrar en un bufete de abogados, ni se vuelve honrado por pasar de una cuenta bancaria a otra. Si un narcotraficante paga una defensa con dinero procedente de sus negocios criminales y esos recursos terminan financiando una campaña electoral, el origen del dinero sigue siendo el mismo, aunque ahora aparezca vestido de aporte político.
Poco o mucho, si un solo colón del narcotráfico terminó financiando una campaña, sigue siendo dinero del narco. Y no hay toga, bufete, candidatura ni curul que pueda convertirlo en dinero limpio.
Por eso hay que investigar los aportes de Villalobos, su origen y su destino. Porque el verdadero problema no es solamente quién recibió el dinero, sino quién lo puso, de dónde salió y hasta dónde llegó.
Ahora que el chino Tam fue arrestado, todo el mundo en la célula criminal llamada Pueblo Soberano parece sufrir de amnesia. Algunos niegan conocerlo y otros, como Freddy González, han terminado admitiendo que sí lo conocían.
Pero los afiliados en Cuesta de Moras a esa organización criminal rechazaron una moción para investigar los nexos de Tam en la pasada campaña.
¿Cuál es el miedo?
Pero, para no darse mucho el «color», como decimos en nuestra Costa Rica, aprueban una moción para crear la llamada «Comisión Especial Investigadora sobre los presuntos nexos políticos y las posibles acciones de evasión fiscal, legitimación de capitales y narcotráfico relacionados con el financiamiento de partidos políticos en las campañas electorales del 2021-2022 y del 2025-2026».
Del nombre rimbombante hablamos luego, pero Costa Rica debe saber que los diputados anteriores ya investigaron aspectos correspondientes a la campaña del 2021-2022.
Ahora aquí vamos con lo que sería causa de risa si no fuera porque es nefasto.
Y es que esa comisión estará conformada, entre otros, por cinco afiliados a aquella organización que, a mi juicio, tiene demasiadas cuentas pendientes sobre su relación con personas investigadas por lavado de dinero: el abogado de los narcos José Miguel Villalobos, el corredor de seguros Antonio Barzuna, el pandereta Wilson Jiménez, la pentecostal Cindy Blanco y la pastora evangélica Kattya Mora.
O sea, ¡juez y parte!
Es ridículo y ofensivo para la inteligencia colectiva que el abogado que históricamente ha defendido a narcos y quien, aun siendo diputado, se ausentó de la Asamblea Legislativa para ir a un juicio de uno de sus clientes acusados de narcotráfico sea quien posiblemente presida esa comisión.
Y si no la preside, igualmente estará ahí como miembro.
Pueblo Soberano, con su mayoría parlamentaria, hará un show de esta comisión, donde hasta la exesposa de un exalcalde mexicano cuestionado por presuntos vínculos con el narcotráfico y hoy diputada de la República, Mayuli Ortega, podrá ir a hablar.
Recordemos que los diputados pueden asistir a cualquier comisión, aunque no pertenezcan a esta, y tener voz, aunque no tengan voto.
¡Qué espectáculo!
Vengo del futuro y les voy a decir lo que va a pasar al final de esa comisión.
Va a haber dos o más informes.
El de Pueblo Soberano será el de mayoría y dirá que a esa organización del crimen organizado, no le entró dinero sucio. Quizá embarren a algún partido pequeño o al PLN.
Un segundo informe, el de minoría, dirá que sí hubo dinero sucio en Pueblo Soberano.
Eso irá al Plenario y el informe de mayoría será votado. Así, Pueblo Soberano no solamente habrá utilizado una campaña electoral para lavar dinero sucio, sino que ahora utilizará la Asamblea Legislativa para hacer lo que yo llamo un LAVADO PARLAMENTARIO.
¡Primero lavan el dinero y después pretenden lavar sus responsabilidades políticas con los votos de sus propios diputados!
¿Quién cuestionará la decisión de la Asamblea Legislativa de presentar a Pueblo Soberano como libre de cualquier mancha?
Al fin de cuentas, es un poder de la República totalmente independiente.
Léase con sarcasmo.
Pues sabemos que la Asamblea Legislativa perdió el 8 de mayo toda autonomía política y que la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, en la práctica, no existe como contrapeso efectivo.
El Poder Legislativo es manejado, al igual que el Ejecutivo, bajo la influencia política de Rodrigo Chaves.
Y aunque una comisión legislativa no puede exonerar penalmente a nadie, estoy convencido de que intentarán utilizar su informe de mayoría como si fuera un certificado de inocencia.
Así de sencillo: los cuestionados se investigan, los cuestionados elaboran el informe, los cuestionados lo votan y los cuestionados salen a decir que quedaron limpios.
¡Lavado parlamentario!
De cara a las elecciones municipales de 2028, ¿qué nos garantiza que el crimen organizado no lave su dinero en ese proceso si Pueblo Soberano representa los intereses de narcotraficantes y criminales?
Las elecciones municipales son procesos muy personalistas y es muy fácil que un narco local apoye a su candidato preferido.
Quisiera ser menos fatalista, pero el narco se nos metió hasta la cocina.
Tiene su oficina en Zapote y en Cuesta de Moras, y pondrá a sus peones en cada comunidad.
Así como ya los puso en el Ejecutivo y Legislativo.
Mientras escribo estas líneas, la prensa en Costa Rica da a conocer que Pueblo Soberano rechazó una moción para convocar al ministro de Seguridad, Gerald Campos —el mismo que llamaba «jefe» a Celso Gamboa—, para que se refiera al informe sobre presuntos vínculos policiales con el narcotráfico.
Otra vez el mismo cuento.
Se habla de combatir al narcotráfico, pero cuando se trata de investigar posibles vínculos con personas cercanas al poder, aparecen las excusas, las mayorías parlamentarias y las mociones rechazadas.
¿Hasta dónde llega el miedo a investigar?
Quisiera pensar que todavía estamos a tiempo de impedir que el crimen organizado termine de apoderarse de nuestra democracia. Pero, viendo lo que ocurre en Zapote y en Cuesta de Moras, cada día encuentro menos motivos para ser optimista.
