En México, la maldita voluntad política se ha convertido en el santo que nunca hace milagros. Alberto Guerrero Baena desnuda una de las grandes contradicciones del poder: gobiernos que prometen soluciones, instituciones sometidas al capricho de los gobernantes y una ciudadanía condenada a esperar que alguien decida cumplir lo que la ley ya establece.
Con su habitual mirada crítica sobre el poder y las instituciones, el analista mexicano Alberto Guerrero Baena pone esta semana el dedo en una de las grandes contradicciones de la política mexicana: la llamada voluntad política. Bajo el título «La maldita voluntad política: el santo que nunca hace milagros», el autor cuestiona esa vieja costumbre de convertir las obligaciones del Estado en decisiones sujetas al capricho de quienes gobiernan. Esta es su reflexión.
La coartada universal “Faltó voluntad política.”
Es la frase que más se repite cuando una política pública fracasa y la que menos se examina. Explica todo y no obliga a nada: si el problema es de voluntad, el culpable siempre es otro y la solución queda perpetuamente pendiente.
La literatura especializada la define con más rigor que la tribuna. Post, Raile y Raile (2010) la describen como el respaldo comprometido de los decisores clave a una solución específica para un problema específico.
Brinkerhoff (2000) la descompone en actores, incentivos y sostenibilidad. Es decir, la voluntad política es una variable que se diseña y se mide, no un estado de ánimo del gobernante.
En México la convertimos en lo contrario: un favor que el poder concede cuando le conviene.
La herencia es vieja.
Daniel Cosío Villegas lo advirtió en los años setenta: el presidencialismo mexicano descansaba en el estilo personal de gobernar.
Cambiaron los partidos, no la gramática. Seguimos esperando que una decisión de la cima destrabe lo que una regla debería garantizar de oficio, y llamamos “liderazgo” a lo que en cualquier democracia consolidada sería simple cumplimiento de la ley.
El diseño que premia la improvisación
En nuestro sistema, una política pública depende de que alguien con poder quiera.
Y ese alguien llega al cargo por criterios electorales o de lealtad, no por pericia.
La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal data de 2003; su trayectoria enseña que una norma técnica, sin respaldo político, termina arrinconada por la discrecionalidad de los nombramientos.
No hace falta insultar a nadie: el problema no es que falten genios, sino que el sistema no exige competencia.
Un legislador puede dictaminar sobre cárceles, policías o finanzas públicas sin acreditar una sola hora de estudio en la materia, y un funcionario puede dirigir una corporación sin haber pisado jamás una.
El resultado es gobierno por intuición, ocurrencia o consigna.
La seguridad pública es el espejo más crudo. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2009, ordena carrera policial, evaluaciones de control de confianza y profesionalización.
Casi dos décadas después, el cumplimiento sigue siendo desigual entre estados y municipios, y cada cambio de administración reinicia lo que la ley pretendía volver permanente.
No falta diagnóstico: faltan consecuencias para quien incumple.
Partido dominante, agenda de rehén
Cada época tuvo su fuerza hegemónica y todas comparten el reflejo: si una decisión técnica beneficia al adversario, se pospone; si la propone la oposición, se rechaza; si cuesta votos, se archiva.
Importa menos el color que la lógica.
La política pública se vuelve moneda de negociación y lo indispensable, como la carrera policial, la profesionalización ministerial o la depuración penitenciaria, espera turno detrás de lo electoralmente rentable.
Ahí está la perversión: la voluntad política se convierte en privilegio de quien manda, que decide qué procede, cuándo y para beneficio de quién. Lo que debería ser un mandato exigible se administra como concesión.
Pregunte usted a cualquier alcalde, secretario o legislador por qué no avanza una reforma indispensable y escuchará, casi siempre, la misma letanía: falta consenso, falta presupuesto, falta voluntad.
Rara vez escuchará lo único verificable: no hay nadie obligado a responder por ello.
La barrera contra la rendición de cuentas
Donde hay voluntad discrecional, no hay obligación exigible.
Si un gobierno cumple porque quiso, el ciudadano agradece; si no cumple porque no quiso, nada puede reclamar. Así se sustituye el derecho por la gracia.
México construyó instituciones para corregirlo: el Sistema Nacional Anticorrupción, nacido de la reforma constitucional de 2015; el Sistema Nacional de Seguridad Pública; las fiscalías autónomas.
Muchas nacieron como solución y terminaron dependiendo de la misma voluntad que debían limitar. La extinción del órgano garante de transparencia, en el paquete de reformas a organismos autónomos, confirma la lección: lo que un gobierno concede, otro lo retira.
Esto no es patrimonio de un signo político.
Cualquier partido que gobierna descubre pronto que la discrecionalidad es cómoda, y cualquiera que pierde descubre, con retraso, las virtudes del control. La transparencia suele ser una causa muy defendida desde la oposición y muy olvidada desde el poder.
Del capricho al procedimiento
La salida no es pedir mejores gobernantes, sino instituciones que funcionen incluso con gobernantes mediocres.
Propongo cuatro piezas:
- Metas con plazos, indicadores y responsable nominal, publicadas al iniciar cada programa y auditadas por un órgano externo.
- Perfiles obligatorios para cargos técnicos. Quien dirija una policía, una fiscalía o un sistema penitenciario deberá acreditar experiencia verificable mediante concurso abierto.
- Presupuestos multianuales blindados para políticas con horizonte superior al sexenio. La prevención y la reinserción no maduran en seis años.
- Incumplir metas públicas debe tener costo administrativo y reputacional medible.
¿Estamos preparados?
La pregunta incómoda es si México tolera decisiones técnicas, operativas y auditables.
La respuesta honesta: todavía no, porque la técnica le quita margen a quien vive de la discrecionalidad. Pero tampoco hay que idealizarla: la tecnocracia sin control democrático degenera en élite sorda.
Por eso el procedimiento debe ser público, con participación ciudadana y evaluación independiente. Lo técnico informa, lo democrático legitima y lo auditable obliga.
Existen antecedentes que conviene estudiar sin ingenuidad: concursos abiertos, comités de selección con participación académica y evaluaciones públicas de desempeño. Ninguno es infalible, pero todos reducen el margen del capricho. Y en seguridad, justicia y finanzas públicas, donde cada error cuesta vidas o recursos, ese margen es un lujo que ya no podemos pagar.
La voluntad política no debe desaparecer; debe dejar de ser requisito.
Un Estado que sólo funciona cuando el poderoso amanece generoso no es Estado: es lotería. Quien gobierne tras 2027 deberá elegir entre administrar su voluntad o someterla a reglas.
Mientras eso no ocurra, seguiremos esperando milagros.
