Contraloría dice NO a la Póliza de la Vergüenza
Contraloría advierte que no hay base legal para usar dinero del Estado en pólizas de responsabilidad civil para ministros y viceministros
La Contraloría General de la República (CGR) fue contundente al señalar que no es legal utilizar fondos públicos para contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil que beneficie directamente al Presidente, Vicepresidentes, Ministros y Viceministros del Gobierno de Rodrigo Chaves.
La advertencia responde a una consulta presentada por el Ministerio de Hacienda, que pretendía blindar a los jerarcas del Poder Ejecutivo con dinero del pueblo costarricense.
En un dictamen categórico, el órgano contralor indicó que no existe habilitación legal para que los recursos públicos sean destinados a cubrir seguros que amparen actos personales de los jerarcas, en caso de incurrir en errores, negligencias o actos ilegales durante su gestión. La CGR recordó que los seguros financiados por el Estado deben proteger los intereses de la administración, no servir como escudo para la impunidad de funcionarios públicos.
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El criterio técnico, firmado por Humberto Pereira Fonseca, Gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, establece que este tipo de contrataciones no solo carecen de sustento legal, sino que atentan contra los principios de legalidad financiera y el régimen de responsabilidad administrativa. La obligación de responder por las decisiones tomadas en el ejercicio del cargo es personal e intransferible, y debe ser asumida con el patrimonio propio del jerarca infractor, no con los bolsillos del pueblo.
“Los fondos públicos de todos los costarricenses deben utilizarse para atender las necesidades colectivas y los intereses generales de la sociedad. No para beneficiar individualmente a funcionarios que deben ser responsables de sus decisiones públicas”, reafirmó Pereira Fonseca.
La pretensión del gobierno de Chaves de institucionalizar un escudo financiero para proteger a sus ministros y viceministros representa una peligrosa distorsión del servicio público: convertir la función estatal en una zona de confort sin consecuencias, pagada con recursos de la ciudadanía.
En medio de crecientes cuestionamientos por opacidad y autoritarismo, este nuevo intento de blindaje jurídico-financiero refuerza las sospechas sobre las verdaderas prioridades del Ejecutivo. Por fortuna, la Contraloría actuó con firmeza, salvaguardando el principio básico de que quien ejerce el poder público, debe rendir cuentas con responsabilidad, y no comprar impunidad con plata ajena.
