¿Motivado por discurso político?
Agresor se identificó como seguidor de Rodrigo Chaves y Nayib Bukele;
El activista político Brandon Toruño fue víctima de un violento ataque el pasado fin de semana en Esparza, cuando una persona, que se identificó como seguidor del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, lo agredió física y verbalmente. Este acto de violencia, según Toruño, tiene una clara motivación política, alimentada por el discurso de odio que emana de Casa Presidencial.
El incidente ocurrió cuando Toruño salía de un restaurante con amigos. Según relató, el agresor lo abordó de manera inicial tranquila, identificándolo por su nombre, pero rápidamente escaló en insultos y amenazas.
“Me llamó hijo de puta, playo, maricón por hablar en contra de Chaves y Bukele. Intenté calmar la situación, pero antes de terminar de hablar, me abofeteó. Luego, me pateó en el rostro repetidamente, dejándome ensangrentado y aturdido”, relató Toruño.
Aunque no conocía a su agresor, testigos en el lugar proporcionaron un nombre que ya fue denunciado ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Ahora, las autoridades deberán esclarecer los hechos y confirmar la identidad del atacante.
En su testimonio, el activista enfatizó que este ataque no lo detendrá en su lucha por la democracia y contra la concentración de poder. “Voy a seguir defendiendo nuestra democracia. Este discurso de odio está permeando peligrosamente y hay que levantar la voz ante la intención de darle poderes absolutos al chavismo en 2026. Si por eso me agreden, seguiré firme en mis convicciones”, afirmó.
La agresión ha generado reacciones en redes sociales, especialmente en Twitter, donde perfiles abiertamente afines al presidente Chaves se han burlado y celebrado lo sucedido, perpetuando un ambiente de polarización y violencia.
El caso de Brandon Toruño se suma a una creciente preocupación por el impacto del discurso de odio en Costa Rica, un país que históricamente ha sido reconocido por su estabilidad democrática. Organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil han exigido a las autoridades investigar con celeridad y garantizar que la violencia política no se normalice.
