Los alcaldes de Matina y Talamanca, Wálter Céspedes y Rugeli Morales, abandonaron el PUSC junto con el expresidente partidario Mario Loria. La salida ocurre mientras Céspedes celebra que ahora será más fácil trabajar con el Gobierno, pero el movimiento político no borra los graves cuestionamientos acumulados por ambos jerarcas.
La renuncia fue presentada como una decisión respetuosa y consciente. Sin embargo, detrás del comunicado aparecen dos trayectorias marcadas por investigaciones, resoluciones judiciales y controversias públicas que merecen ser recordadas antes de que los alcaldes encuentren una nueva casa política.
Los alcaldes Wálter Céspedes Salazar y Rugeli Morales Rodríguez, anunciaron conjuntamente su renuncia al Partido Unidad Social Cristiana este 28 de julio de 2026.
En el comunicado afirmaron que dejaban la agrupación “con dignidad” y que continuarían trabajando por sus comunidades. Ninguno anunció formalmente su incorporación a otro partido. No obstante, Céspedes aseguró que ahora será más fácil relacionarse con el Gobierno de Laura Fernández y recordó la opinión positiva que mantiene sobre la mandataria.
La declaración adquiere un peso político mayor porque otros alcaldes electos por partidos distintos ya abandonaron sus agrupaciones para sumarse al movimiento construido alrededor de Rodrigo Chaves y posteriormente heredado por Fernández. Durante 2025, al menos doce jerarcas municipales se habían adherido al chavismo después de ser elegidos con otras banderas.
Wálter Céspedes y la mujer indígena ofrecida como si fuera un objeto
Entre los antecedentes más graves de Wálter Céspedes figura una conversación incorporada al expediente judicial del caso Diamante.
En el diálogo con Abel González, entonces gerente de la constructora MECO, el alcalde expresó:
Yo guaro no le tengo, pero ahí le tengo a una indígena.
La frase fue interpretada como el ofrecimiento de una mujer indígena a cambio o como aparente retribución por trabajos realizados en calles del cantón. Céspedes reconoció haber pronunciado esas palabras y posteriormente ofreció disculpas.
No fue una simple frase desafortunada ni una polémica pasajera. Las palabras reunían una triple carga: trataban a una mujer como mercancía, la reducían a su origen étnico y normalizaban una posible situación de explotación sexual.
Lideresas indígenas calificaron las declaraciones como racistas y misóginas, denunciaron que contribuían a normalizar la discriminación contra las mujeres indígenas y exigieron la renuncia del alcalde. La Subcomisión de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas de Conare también emitió un pronunciamiento de condena.
La Asamblea Legislativa aprobó, con el voto unánime de los 40 diputados presentes, una moción de repudio y solicitó la renuncia de Céspedes. Incluso legisladores de su propio partido respaldaron la censura. El PUSC lo separó de la campaña electoral y abrió un procedimiento en su Tribunal de Ética.
Cuando fue convocado por la Comisión Permanente Especial de la Mujer para explicar sus comentarios, el alcalde presentó una incapacidad y no compareció en la fecha prevista.
Del cemento chino al caso Diamante
La controversia de la mujer indígena tampoco fue el primer cuestionamiento contra Céspedes.
La Procuraduría de la Ética Pública señaló en 2019 que el exdiputado había incurrido en faltas al deber de probidad por gestiones relacionadas con el empresario Juan Carlos Bolaños, protagonista del caso conocido como el Cementazo. La Fiscalía también analizó sus actuaciones y contactos dentro de las investigaciones relacionadas con la importación de cemento chino.
Céspedes ha rechazado que sus gestiones constituyeran actos ilegales. La existencia de investigaciones o señalamientos éticos no equivale a una condena penal, pero sí forma parte de la trayectoria pública del alcalde que ahora considera más sencillo trabajar con el oficialismo.
Rugeli Morales: allanamientos y pagos de horas extra bajo investigación
El alcalde de Talamanca, Rugeli Morales, también carga con antecedentes que convierten su renuncia al PUSC en algo más que una reorganización partidaria.
En mayo de 2025, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción dirigió ocho allanamientos en oficinas de la Municipalidad de Talamanca y otros inmuebles dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La causa investigaba aparentes pagos de horas extra que no habrían sido trabajadas. Entre los funcionarios beneficiados figuraba un hijo del alcalde. A Morales se le atribuyó la posible autorización de esos desembolsos, no el cobro personal de las horas cuestionadas.
La Sala Constitucional frenó actuaciones de la Municipalidad de Talamanca
La gestión de Morales también recibió reveses constitucionales relacionados con los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes.
En diciembre de 2023, la Sala Constitucional anuló una audiencia pública sobre el Plan Regulador Costero de Cahuita porque la Municipalidad de Talamanca no había garantizado la consulta previa, libre e informada al pueblo indígena Keköldi. El tribunal ordenó al alcalde y al Concejo Municipal organizar una nueva audiencia con participación de esa comunidad.
En otra resolución, emitida en 2025, la Sala ordenó consultar a la población afrodescendiente sobre el mismo plan regulador y determinó que la Municipalidad había vulnerado el derecho de petición y acceso a la información al no responder una solicitud presentada desde marzo de 2024.
Así, los dos alcaldes que ahora abandonan juntos el PUSC han enfrentado controversias relacionadas, de distinta manera, con el trato dado a poblaciones históricamente vulnerabilizadas del Caribe costarricense.
Otros alcaldes salieron del PUSC y terminaron cuestionados
La salida de los alcaldes Céspedes y Morales tiene antecedentes dentro del propio PUSC.
Gabriela Jiménez, San Ramón
María Gabriela Jiménez renunció al PUSC en mayo de 2025 y anunció su apoyo al movimiento de Rodrigo Chaves. Para ese momento, era investigada por una donación recibida de un empresario autobusero vinculado a una causa por presunta legitimación de capitales.
En julio de 2026, el Tribunal Supremo de Elecciones le ordenó devolver las funciones originales al vicealcalde y solicitó explicaciones sobre señalamientos de supuesto hostigamiento laboral. Un mes antes, la Fiscalía había decomisado su teléfono dentro de una investigación por el aparente delito de violación de correspondencia o comunicaciones.
Rafael Ángel Navarro, Coto Brus
Rafael Ángel Navarro también dejó el PUSC en junio de 2025, después de cuatro décadas de militancia, y reconoció que su cercanía con el Gobierno de Chaves era una de las razones para apartarse.
En junio de 2026 fue suspendido durante quince días sin goce de salario por orden del TSE, en ejecución de una sanción de la Contraloría. El caso se relacionaba con la aparente aprobación irregular del perdón de deudas millonarias a la Federación de Municipalidades de la Región Sur.
El chavismo como nueva casa política
Las renuncias partidarias son legales. Los alcaldes conservan sus cargos porque la ciudadanía elige a las personas propuestas por los partidos, pero su salida posterior no implica automáticamente la pérdida de la alcaldía.
Tampoco existe, hasta el momento, una prueba pública de que los alcaldes Céspedes y Morales hayan negociado puestos o formalizado su adhesión al oficialismo.
Lo que sí existe es un patrón político verificable: jerarcas municipales elegidos por partidos tradicionales abandonan esas organizaciones, expresan admiración por Rodrigo Chaves o Laura Fernández y terminan acercándose al bloque gobernante.
En varios casos, además, el acercamiento ocurre mientras arrastran investigaciones, sanciones o controversias que los habían debilitado dentro de sus antiguas agrupaciones.
El problema no es únicamente que cambien de bandera. El problema es que el poder oficialista pueda transformarse en una lavandería política donde los cuestionamientos quedan ocultos bajo un nuevo color partidario.
Aclaración necesaria
Radio Zurquí distingue entre cuestionamientos políticos, investigaciones penales, sanciones administrativas y condenas judiciales. Ni Wálter Céspedes, ni Rugeli Morales, ni los demás jerarcas mencionados deben ser considerados culpables de delitos sin una sentencia firme.
Pero la presunción de inocencia tampoco obliga a borrar la memoria pública ni impide examinar los antecedentes de quienes administran recursos, toman decisiones y buscan nuevas alianzas desde posiciones de poder.
Con las elecciones municipales de 2028 ya en el horizonte, habrá que observar cuántos de los alcaldes que abandonaron los partidos con los que fueron elegidos intentarán buscar la reelección bajo la bandera del chavismo. Esa decisión permitirá determinar si estas renuncias fueron simples rupturas personales o parte de un reacomodo electoral para conservar el poder municipal bajo una nueva divisa partidaria.
