CGR alerta sobre desorden territorial y licencias sin control en Talamanca
1426 permisos otorgados sin plan regulador evidencian descontrol en la Municipalidad de Talamanca, mientras su alcalde mantiene estrecha relación con el presidente Chaves.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió un contundente informe de auditoría sobre la Municipalidad de Talamanca, señalando graves fallas en la gestión de licencias de construcción y el ordenamiento territorial en la zona urbana del cantón. El informe denuncia una administración desordenada, sin planificación efectiva, ni control adecuado de las obras, generando crecimiento irregular, construcciones ilegales y pérdida de ingresos fiscales.
El documento, que se enmarca en los esfuerzos de la CGR por fiscalizar el desarrollo local, evidencia una ausencia total de planificación territorial, el otorgamiento de permisos sin verificación de requisitos legales y una deficiente vigilancia del proceso constructivo.
Este escenario se torna aún más preocupante dada la cercanía política entre el alcalde de Talamanca y el presidente Rodrigo Chaves, lo que plantea interrogantes sobre la permisividad institucional y la falta de acción ante los hallazgos de la entidad fiscalizadora.
Falta de planificación y licencias sin sustento legal
La ausencia de un Plan Regulador ha impedido el desarrollo urbano ordenado, afectando tanto la sostenibilidad ambiental como la seguridad jurídica de los propietarios. Según la CGR, se han otorgado 1426 permisos de construcción sin contar con este instrumento básico de planificación, lo que contradice los principios más elementales de legalidad y control técnico.
Además, se señala que los permisos se han concedido sin verificar aspectos fundamentales como el uso de suelo, la disponibilidad de agua potable, la visación de planos por la CFIA o el catastro aprobado por la municipalidad. Esto ha derivado en la proliferación de obras sin sustento normativo.
Vigilancia inexistente y millonarias pérdidas fiscales
La CGR también denunció una vigilancia deficiente del proceso constructivo, lo que ha permitido que 405 permisos hayan sido gestionados incluso después de clausuras por ilegalidad y que al menos 27 obras se hayan levantado en 2024 sin permiso alguno ni planos técnicos, ocasionando pérdidas fiscales estimadas en más de ₡114 millones por impuestos que dejaron de cobrarse.
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Este grado de descontrol territorial y permisividad administrativa deja en entredicho el cumplimiento del deber legal y ético de los funcionarios municipales y exige una reacción firme por parte de las autoridades competentes.
La CGR cumple, pero ¿Quién responde?
Mientras la Contraloría General de la República cumple con su función de velar por el uso correcto de los recursos públicos y el orden institucional, resulta inquietante el silencio de la Presidencia de la República frente a un caso tan evidente de gestión irregular en una municipalidad aliada políticamente.
Este caso debe encender las alarmas en todo el país: ¿Qué sucede cuando el poder político protege a quienes permiten el caos urbano?
Radio Zurqui seguirá vigilante.
