Por Dra. Gloria Cárdenas Miranda*
¡Que vuelen los cuadernos, las tablets, que vuele el pensamiento, la creatividad!
Según el artículo 78 de nuestra Constitución Política, la educación preescolar, general básica y diversificada es obligatoria y, en el sistema público, gratuita y costeada por la Nación. Asimismo, el artículo 84 establece que la Universidad de Costa Rica y las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado gozan de independencia funcional y capacidad jurídica, lo que facilita su funcionamiento con patrimonio propio. Además, el Estado debe colaborar en su financiación, asegurando su sostenibilidad y desarrollo.
Sustentado en lo anterior, Costa Rica se ha caracterizado por la búsqueda constante de una convivencia pacífica, de paz social, de diálogo. Dentro de las políticas de Estado, se ha intentado colocar a la educación como un motor esencial de progreso personal, social y económico.
No obstante, es paradójico que, a pesar de estos esfuerzos claramente respaldados por los marcos jurídicos y de política educativa, en la parte operativa —y según la administración de turno— el Ministerio de Educación Pública no logra concretar ni articular adecuadamente los recursos financieros, técnico-pedagógicos, materiales, metodológicos ni tecnológicos, ni los modelos que impulsen la humanización de la educación costarricense.
Estamos en el siglo XXI, y este nos presenta retos que van más allá del acceso a la educación. Dilemas que se relacionan con un mundo globalizado, entrelazado a nivel económico, social y cultural, que exigen procesos educativos de calidad, más dinámicos y creativos, centrados en la construcción continua y sistematizada.
Igualmente, se requieren procesos que promuevan valores, actitudes, educación emocional, habilidades, destrezas y competencias necesarias para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida académica.
Una crisis que se profundiza
Los datos que arrojan el Estado de la Educación, el Estado de la Nación, el INEC y la OCDE son alarmantes. La crisis, lejos de mejorar, se ha agudizado en el MEP:
- Una gestión desenfocada: el área técnico-pedagógica está en estado crítico, al igual que la administrativa.
- Falta de recursos: el presupuesto para el 2025 es de apenas un 4,9 % del PIB, cuando constitucionalmente debe ser del 8 %.
- Programas de equidad debilitados: se han reducido un 40 % las becas, se han debilitado los comedores escolares, y existen más de 885 centros con orden sanitaria y 107 con orden de cierre.
- Falta de capacitación: el personal docente, técnico-docente y administrativo carece de formación continua; los salarios han perdido capacidad adquisitiva.
- Bajos resultados educativos: los estudiantes avanzan con grandes brechas y carencias. A los 10 años, no saben leer ni escribir un texto simple, y apenas 9 de cada 100 escuelas reciben el currículo completo.
En la educación secundaria, los datos son para “sentarse a llorar”: un 57 % no termina el bachillerato, solo un 43 % se gradúa. Al cruzar estos datos con las pruebas PISA/OCDE —que evalúan inducción, deducción, razonamiento abstracto y más— los resultados muestran que apenas un 40 % aprueba. Es decir, un 60 % de estudiantes no pasó el examen.
¿Dónde está la respuesta institucional?
Con estos datos, las respuestas institucionales han sido insuficientes para salir de la crisis. Si bien el problema educativo viene de administraciones anteriores, hoy se ha agudizado, y la responsabilidad recae fuertemente sobre el ministro Nogui Acosta.
El Consejo Superior de Educación, cuya dinámica es deficiente, también debe ser reestructurado; de lo contrario, seguiremos igual o peor.
Exigimos el cumplimiento de los 31 acuerdos que se han ido plasmando en el tiempo y la creación de una agencia de evaluación externa.
El golpe a la educación superior
En cuanto a las universidades públicas, las restricciones presupuestarias vienen desde 2019. Para 2026, el gobierno propone apenas un 0.5 % del PIB, mientras que CONARE solicita un aumento del 2.5 %, calculado con base en la inflación, el PIB y otros indicadores. De no darse, su sostenibilidad y desarrollo estarían amenazados.
Un gobierno que construye cárceles en vez de escuelas
Si queremos que nuestros jóvenes lleguen a la universidad, exigimos megaescuelas, megacolegios. Ataquemos las causas, no sus efectos.
Este gobierno prefiere construir una megacárcel antes que poner la mirada en nuestros niños y niñas. Entre menos sepan leer y escribir, mejor para sus intereses perversos y autoritarios.
