CGR revela irregularidades salariales en el Poder Judicial

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Informe detecta pagos sin respaldo técnico y subsidios mal gestionados que comprometen fondos públicos

La Contraloría General de la República (CGR) publicó un informe de auditoría al Poder Judicial, donde identificó graves deficiencias en el control del gasto en remuneraciones, particularmente en la escala salarial aprobada por la Corte Suprema de Justicia y el manejo irregular del pago de incapacidades.

El informe es complementario a la opinión sobre la Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2024, y tiene como objetivo señalar riesgos institucionales que deben ser corregidos con urgencia.youtube Chanel

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El ente contralor advierte que, de no atenderse estas observaciones, se podría seguir comprometiendo la legalidad y eficiencia en el uso de recursos públicos. La CGR enfatiza la necesidad de contar con respaldo técnico sólido para el pago de salarios y evitar excesos que representen un daño al erario.

🔍 Principales hallazgos del informe:
  1. Escala salarial definitiva incompleta
  • Se detectaron 528 personas remuneradas con salario global diferenciado sin trazabilidad que justifique su asignación.
  • Además, se reportan 3433 movimientos de personal cuya correcta asignación salarial no puede verificarse, generando un escenario de incertidumbre administrativa.
  1. Pagos de incapacidades contrarios al marco legal
  • El Poder Judicial no ajustó oportunamente los salarios antes de aplicar el subsidio de la CCSS, lo que generó pagos en exceso.
  • La CGR reporta:
    • ₡45.826 millones recuperados como subsidios.
    • ₡484 millones en proceso de recuperación.
    • Montos incobrables no cuantificados.
    • ₡7468 millones en cargas patronales ya declaradas como incobrables.
📌 Un llamado a la corrección inmediata

El informe subraya que estos errores no solo afectan la sostenibilidad financiera del Poder Judicial, sino que podrían generar precedentes perjudiciales si no se corrigen con firmeza. La CGR insta a que se implementen mecanismos de trazabilidad, revisión salarial y control del pago de incapacidades que garanticen transparencia, legalidad y eficiencia en la gestión de recursos públicos.

Informe Completo

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