Un Atentado Contra Limón y la Ley 9893
Por: Nácar Del Caribe*
La reciente propuesta de ley presentada por el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otarola, que pretende utilizar el canon de Explotación y Desarrollo Regional de JAPDEVA para cubrir una sentencia laboral condenatoria, representa un claro atentado contra la Ley 9893 y el espíritu de justicia que esta simboliza.
Esta demanda corresponde al 3% de los aportes patronales al Fondo de Capital y Ahorro de JAPDEVA desde junio de 2002 hasta octubre de 2016. Sin embargo, ¿es legal o ético que se pretenda desviar recursos que tienen un destino legítimo y claro?
Violación Directa a la Ley 9893
La Ley 9893, promulgada el 31 de agosto de 2020, establece categóricamente que los recursos provenientes del canon de explotación de JAPDEVA solo pueden ser utilizados para proyectos de impacto económico y social en la vertiente del Atlántico. Este mandato legal es claro, intransferible e innegociable.
El proyecto del Ministro Batalla contradice esta disposición fundamental al proponer desviar dichos recursos para cubrir deudas laborales ajenas a los fines establecidos. Es decir, pretende usar lo que fue concebido para el desarrollo de Limón como si fuese una caja chica, desvirtuando la visión de futuro que dio origen a este fondo: multiplicar los recursos para el bienestar de la provincia, no dilapidarlos en emergencias ajenas.
Una Agresión Directa a Limón
El canon de explotación de JAPDEVA fue creado para compensar décadas de abandono estatal y para reactivar económicamente a una provincia golpeada por el desmantelamiento de JAPDEVA y el consecuente desempleo masivo.
Ahora, cuando más se necesitan esos recursos, se pretende despojarlos de su propósito original para solventar una deuda estatal. Esta propuesta ignora por completo el marco legal y perpetúa el olvido histórico al que se ha sometido a Limón.
El artículo único de la Ley 9893 lo deja claro:
«Los recursos del canon de explotación pagados por el operador de la Terminal de Contenedores APM, solamente podrán utilizarse para proyectos de impacto económico y social en la vertiente del Atlántico.»
Entonces, ¿en qué momento pagar una sentencia laboral condenatoria se convierte en un proyecto de impacto social para Limón? La respuesta es evidente: no lo es.
¿Por Qué No Buscar Alternativas?
Es indignante que el gobierno recurra al canon de JAPDEVA como un fondo de emergencia, mientras ignora la verdadera urgencia: el desarrollo de una provincia históricamente marginada.
En lugar de violar la Ley 9893, el gobierno debería explorar soluciones que no impliquen despojar a Limón de sus derechos. Este tipo de medidas no solo son ilegales, sino que también son éticamente cuestionables, pues perpetúan el abandono y la desigualdad.
Un Precedente Peligroso
Permitir el desvío de estos fondos sentaría un precedente nefasto. Abriría la puerta a futuros abusos y dejaría aún más desprotegida a una región que ya ha soportado demasiado.
Además, esta propuesta no solo amenaza el desarrollo de Limón, sino que busca dividir a la provincia. Es evidente que algunos, aun sabiendo que este proyecto es incorrecto, guardarán silencio, contribuyendo a la fractura social.
Exigimos Respeto por la Ley 9893
Es una ley pensada con anterioridad para que los recursos de ese canon no se pudieran tocar si no era para el desarrollo económico y social de la provincia de Limón. Hacemos un llamado urgente a los legisladores para que rechacen esta iniciativa. Este proyecto es un golpe directo a la legislación vigente y una traición al desarrollo de Limón.
La Ley 9893 no es negociable. Los recursos del canon de explotación son para Limón, y su uso debe ser exclusivo para los proyectos que beneficien a esta provincia.
Limón merece respeto, desarrollo y compromiso, no decisiones arbitrarias que despojen a sus habitantes de su futuro.
*Destilo de lo invisible la ironía y la perla, pues siempre esconden secretos.
