✍️ Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli | Columna de opinión | Con Fisga
La fracción oficialista convirtió el control político en una muralla de protección y las comparecencias legislativas en escenarios de ataque. Don Óscar Aguilar Bulgarelli retrata a los sicarios verbales que disparan gritos e improperios, pero retroceden cuando los hechos y los datos responden.
La Asamblea Legislativa debería ser el espacio donde el poder rinde cuentas, los argumentos se confrontan y la ciudadanía encuentra respuestas. Sin embargo, cuando una mayoría utiliza sus votos para bloquear investigaciones y algunos diputados actúan como sicarios legislativos, sustituyendo el debate por la intimidación, el Parlamento deja de fiscalizar y comienza a encubrir. En esta nueva entrega de Con Fisga, el Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli pone nombre a ese espectáculo de obediencia, violencia verbal y protección política.
Sicarios legislativos contra el control político
Cuando el uso de cierto lenguaje y la desproporción del acento y los gestos verbales se hicieron presentes en la Asamblea Legislativa, don Alberto Cañas dijo una frase que se hizo famosa: «Se metió la gradería de sol». Pero desde la pasada fracción oficialista, y en especial en la presente, se ha llegado a extremos en los que darles el calificativo de don Beto resulta injusto y ofensivo para los aficionados que ocupan esos asientos en el estadio, muchas veces por ser los más baratos y porque hasta ahí llegan sus recursos. La inmensa mayoría son personas que no merecen ser descalificadas.
Por eso no quiero subir al nivel de los actuales diputados del partido chavista que, de soberano, lo único que tienen es lo soez de su lenguaje y su forma de actuar. Si materializaran sus intervenciones en hojas de papel, su más que merecido destino sería el botadero de La Carpio.
Digo lo anterior porque algunos hechos ocurridos esta semana, y las justificaciones dadas a algunos de ellos, provocan vergüenza ajena, ya que, obviamente, la propia no la conocen. Por ejemplo, todas las solicitudes para abrir procesos de investigación o citar a funcionarios a dar cuentas ante los representantes del SOBERANO fueron rechazadas por la votación unánime de la fracción oficialista que, como borregos, obedeció la instrucción de impedir el escrutinio público de esos funcionarios.
Así, por ejemplo, el diputado Gonzalo Ramírez, presidente de la Comisión de Gasto Público, impidió que continuaran las investigaciones heredadas de la comisión anterior, como la de la destitución ilegal de los directivos del Banco Nacional, que involucra al hoy diputado chavista Stephan Brunner; el caso TRADECO, que incluye al entonces presidente y hoy ministro de la Presidencia, Hacienda y etc., Rodrigo Chaves, por presuntos actos ilícitos y de corte penal; y ni hablar del caso de la CCSS y la recomendación de elevar a juicio a la hoy diputada Marta Esquivel, o el de Boris Marchegiani y su deuda de $8,5 millones con el Banco Nacional, impaga desde 2012, cuya solicitud de comparecencia fue rechazada de forma unánime por los chavistas.
En fin, una evidente, corrupta e inmensa red de cuido, en la cual han fusilado cualquier posibilidad de investigar y sacar a la luz actos corruptos de quienes llegaron al poder ofreciendo luchar para eliminar la corrupción.
Pero lo más vergonzoso ocurrió con la convocatoria de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, don Orlando Aguirre y doña Patricia Solano, para que explicaran temas relacionados con el funcionamiento y la utilización del presupuesto del Poder Judicial ante las comisiones de Gasto Público y de Asuntos Hacendarios.
En ellas, los diputados Cindy Murillo, NOgui Acosta y Fernando Obaldía encabezaron un ataque contra los dos jueces que más bien parecía un asalto de sicarios verbales, dispuestos a impedir el diálogo y destrozar a los funcionarios citados. La violencia verbal y gesticular, así como los gritos desaforados de NOgui y su pandilla, eran más propios de una acción de sicarios verbales, disparando sin posibilidad de defensa, que de supuestos «padres de la patria».
Pero lo que no esperaban estos sicarios parlamentarios era que los señores jueces, con personalidad, mesura y respeto por su dignidad personal y profesional, llevaran armas y «chalecos antibalas» contra los disparos de sus sicarios.
Por ejemplo, don Orlando Aguirre fue cuestionado por Obaldía sobre la eficiencia del Poder Judicial. El diputado afirmó que, durante varios años, su eficacia para dictar condenas en firme había sido muy baja y que un porcentaje cercano al 90 % de los casos no era resuelto.
Esto quedó desvirtuado con la cita del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, organismo de la OEA, que le dio a Costa Rica el PRIMER lugar en EFICACIA JUDICIAL, al compararla con otros trece países durante los últimos siete años.
A esto se sumó el diputado Trejos Mazariegos, del Frente Amplio, quien también, de forma amplia y exhaustiva, llevó estudios comparativos de entidades internacionales en los que la Corte Suprema de Justicia refleja resultados mucho más que satisfactorios.
Por su parte, NOgui Acosta lanzó sus disparos contra la Dra. Patricia Solano, presidenta de la Sala III, gritando e impidiendo el diálogo y las correspondientes respuestas mesuradas, como corresponde en una comisión legislativa.
Mientras NOgui gritaba y disparaba sus improperios, doña Patricia Solano mostraba la seguridad de quien sabe lo que va a decir. En definitiva, el diputado espetó dos preguntas que creyó demoledoras: por qué el Poder Judicial está infiltrado por el narcotráfico, para lo cual citó el caso de Celso Gamboa; y, luego, criticó la ejecución presupuestaria porque el Poder Judicial solo había ejecutado el 95 % de su presupuesto y quería más… Y doña Patricia respondió.
En primer lugar, le recordó que a los jueces y magistrados de la Corte los nombra la Asamblea Legislativa y que fue, precisamente, la Corte la que inició el proceso de destitución de Celso, quien luego fue asiduo visitante de altos jerarcas del Poder Ejecutivo en sus despachos y residencias.
Además, reconoció que puede haber funcionarios del Poder Judicial tomados por el narco, pero que, cuando se conocen los casos, se abre la investigación y se interviene. En cambio, en el Poder Ejecutivo hay casos claros y conocidos de funcionarios involucrados con el narco que han sido protegidos con inmunidades, inclusive en la propia Asamblea Legislativa y en la fracción de Pueblo Soberano, agrego yo.
Para cerrar con broche de oro, doña Patricia le dio una explicación técnica sobre la ejecución presupuestaria, pero terminó diciendo que, si el Poder Judicial era ineficiente porque solo había ejecutado el 95 % de su presupuesto, él, don NOgui, había sido un pésimo ministro de Hacienda, porque durante su periodo la ejecución presupuestaria de su ministerio había sido de un 85 %.
Y, como dice el dicho, calladitos más bonitos. Tal vez los sicarios verbales de la Asamblea Legislativa vayan aprendiendo la lección de cómo se gobierna positivamente.
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Antes de denunciar a los sicarios legislativos, Óscar Aguilar Bulgarelli advirtió sobre otra forma de sometimiento: convertir la educación en un instrumento de manipulación.
