Nueva República desafía la Corte IDH sin considerar sus límites legales.
Fabricio Alvarado insiste en abandonar la Corte IDH pese a limitaciones legales
La fracción de Nueva República, liderada por el diputado Fabricio Alvarado, ha solicitado al presidente Rodrigo Chaves iniciar un proceso para que Costa Rica abandone la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La propuesta surge tras la preocupación de Alvarado de que la Corte pueda «imponer el aborto» en el país, como, según él, ocurrió con el matrimonio igualitario tras una opinión consultiva en 2018.
Fabricio Alvarado y un debate que ya había perdido
Esta no es la primera vez que Alvarado propone desafiar la Corte IDH. En 2018, durante su campaña presidencial, fue duramente cuestionado por expertos en derecho internacional y líderes políticos de diversos partidos. Juristas y diplomáticos del PLN y el PUSC le explicaron que Costa Rica no puede retirarse de la Corte IDH sin enfrentar complejas implicaciones legales y diplomáticas.
Este tratado, parte de los convenios sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene carácter vinculante como ley de la República. Cualquier intento de desvinculación requeriría reformas legales profundas y podría dañar la reputación internacional del país.
Un discurso ideológico con implicaciones internacionales
Más allá de los aspectos legales, la propuesta de Alvarado refleja la agenda ideológica de su partido, que utiliza temas sensibles como el aborto y los derechos de la población LGTBIQ+ para movilizar a su base electoral. Sin embargo, esta postura arriesga los principios democráticos y el liderazgo histórico de Costa Rica en la defensa de los derechos humanos en la región.
Oportunismo político
La insistencia de Fabricio Alvarado en desafiar la Corte IDH, pese a la inviabilidad de su propuesta, evidencia un uso político de temas sensibles en detrimento de los intereses nacionales. En Radio Zurqui, reiteramos la importancia de proteger los tratados internacionales que garantizan los derechos humanos y de promover un debate político fundamentado en la legalidad, el respeto y la verdad.
