La propuesta del MINAE sobre la posibilida de de mantener lapas en cautiverio representa un retroceso ambiental y reabre el debate sobre el caso del zoocriadero vinculado a Boris Marchegiani, denunciado por Radio Zurqui.
El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), junto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), impulsa un nuevo reglamento que permitiría mantener lapas en cautiverio, una práctica que durante años fue restringida en Costa Rica por razones de conservación.
La propuesta no solo abre la puerta a que cualquier persona pueda tener estas aves bajo ciertos requisitos, sino que además introduce cambios que han generado preocupación en el sector ambiental, incluyendo la posibilidad de aplicar medidas de “control letal” sobre fauna silvestre.
Este cambio representa un retroceso significativo en la protección de la biodiversidad, pero también revive un caso que Radio Zurqui ya había documentado: el del zoocriadero vinculado a Boris Marchegiani, secretario general del PPSO.
Retroceso ambiental en la regulación de lapas en cautiverio
Durante décadas, Costa Rica sostuvo una política clara: las lapas no son animales para vivir en jaulas. Son especies silvestres que requieren libertad, interacción social y condiciones naturales para sobrevivir.
Permitir nuevamente que cualquier persona pueda mantener lapas en cautiverio contradice ese enfoque. Expertos han advertido que estas aves, altamente sociales y con vínculos de pareja, sufren graves afectaciones cuando son privadas de su entorno natural, incluyendo estrés, enfermedades y deterioro físico.
A esto se suma la preocupación por la inclusión del concepto de “control letal”, que ampliaría las posibilidades de intervención directa contra fauna silvestre, debilitando aún más la protección ambiental en el país.
El reglamento que vuelve a poner en escena el caso Marchegiani
El debate sobre la posibilidad de de mantener lapas en cautiverio no ocurre en el vacío. Llega después de que Radio Zurqui expusiera el escándalo del zoocriadero ligado a Boris Marchegiani, señalado por operar sin permisos vigentes durante años.
La coincidencia entre aquel caso y la nueva propuesta reglamentaria genera una pregunta inevitable: si una práctica cuestionada por años ahora encuentra cabida en un reglamento, ¿se está corrigiendo el problema o adaptando la norma a la realidad existente?
La preocupación crece porque este cambio podría facilitar la “regularización” de estructuras que previamente habían sido señaladas por operar al margen de la ley.
Una investigación que tuvo consecuencias
La investigación de Radio Zurquí sobre este tema no pasó desapercibida. Por el contrario, le costó a Este Paisano enfrentar demandas interpuestas por Boris Marchegiani tras la publicación del reportaje.
Este antecedente no solo evidencia la sensibilidad del tema, sino también la presión que puede generar cuando se tocan intereses vinculados a poder político y económico.
Hoy, con el nuevo reglamento sobre lapas en cautiverio en discusión, aquella investigación cobra una nueva dimensión, ya que el cambio normativo podría impactar directamente el contexto que en su momento fue denunciado.
¿Regulación ambiental o reglas a la medida?
El tema trasciende lo ambiental y entra de lleno en el terreno político. Boris Marchegiani no es un actor ajeno al poder. Su nombre ha sido vinculado al oficialismo y al financiamiento de campañas de presión contra instituciones del Estado.
En ese contexto, el impulso de un reglamento que permitiría tener lapas en cautiverio genera cuestionamientos legítimos sobre el fondo de la decisión.
¿Se trata de una actualización técnica o de una modificación que termina beneficiando a actores específicos?
La secuencia de hechos —denuncia, presión judicial y posterior cambio normativo— obliga a observar con atención el rumbo que está tomando la política en Costa Rica, donde se beneficia a los amigos del poder.
Lo que está en juego en Costa Rica
Costa Rica ha construido su imagen internacional como un país comprometido con la conservación. Permitir nuevamente las lapas en cautiverio pone en riesgo ese legado.
Pero más allá de la biodiversidad, lo que está en juego es la credibilidad institucional. Si las reglas cambian en contextos donde ya existen casos cuestionados, el mensaje que se envía es profundamente preocupante.
El país enfrenta hoy una decisión clave: fortalecer la protección ambiental o abrir la puerta a prácticas que durante años se consideraron incompatibles con el modelo de conservación.
