La Junta Directiva debe frenar un proceso con posibles favoritismos y dudas sobre certificaciones.
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) está bajo escrutinio tras un informe técnico que advierte graves omisiones en la licitación pública 2025LY-000006-0002100001, para implementar un centro de contactos.
Según el documento, el INA no activó el mecanismo de mejora de precios previsto en SICOP, lo que podría traducirse en una pérdida de hasta ₡600 millones durante cuatro años.
La decisión de declarar “razonables” las ofertas sin negociar descuentos contradice principios de eficiencia y uso racional de fondos públicos establecidos en la Ley General de Contratación Pública.
Certificaciones en entredicho
El informe también cuestiona que el Consorcio ITS-BCC, recomendado como adjudicatario —y actual proveedor del servicio—, presentó una certificación ISO 9001:2015 que no corresponde a la gestión de centros de contacto y no tiene validez para la operación en Costa Rica, ya que fue emitida en Colombia para una empresa socia minoritaria. Esto podría incumplir los requisitos técnicos exigidos y viciar el puntaje de la oferta.
Preguntas urgentes para la Junta Directiva
- ¿Por qué se ignoró la mejora de precios contemplada en SICOP?
- ¿Se protegería de forma deliberada al actual proveedor?
- ¿Quién responde por el posible daño patrimonial?
- ¿La Contraloría General de la República fue informada?
Impacto en el interés público
El posible perjuicio —de hasta ₡600 millones— significa recursos que podrían destinarse a becas, capacitación o infraestructura en beneficio de la población. La Junta Directiva aún no aprueba la adjudicación definitiva, por lo que se convierte en la última línea de defensa para garantizar transparencia y eficiencia en la contratación.
Lea También: El “banderazo” de Pilar Cisneros: la dictadura chavista calienta motores
De manera extraoficial, Radio Zurqui supo que una diputación de la República, en el ejercicio de su función de control político, solicitará oficialmente a la Junta Directiva del INA una revisión detallada de este proceso. El legislador advierte que la omisión de la mejora de precios podría implicar la pérdida de más de ₡600 millones para la institución, además de generar dudas sobre un eventual favorecimiento al proveedor actual.
La solicitud parlamentaria instará a evaluar de nuevo la adjudicación y valorar la reapertura del análisis económico para asegurar condiciones más ventajosas y proteger el interés público, antes de tomar una decisión definitiva.
👉 Radio Zurqui seguirá vigilante.
📌 Comparte esta noticia y opina: ¿debería revisarse este proceso antes de gastar millones de fondos públicos?