El fiscal Carlo Díaz sacude los cimientos del oficialismo
Acusación directa contra el presidente, su vicepresidencia, su canciller y cuatro diputados del PPSD
La Fiscalía General de la República, bajo la dirección del fiscal Carlo Díaz, presentó este lunes una contundente acusación penal por presunto financiamiento ilícito durante la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), lo que pone al presidente Rodrigo Chaves, a su círculo íntimo de poder y a la diputada Pilar Cisneros en el centro de uno de los escándalos más graves de la historia política reciente.
La acusación incluye la solicitud de levantamiento de inmunidad y apertura a juicio contra siete altos jerarcas, todos integrantes de los Supremos Poderes: el presidente Chaves Robles, el primer vicepresidente Stephan Brunner, el canciller André Tinoco y los diputados Cisneros Gallo, Alpízar Loaiza, Nájera Abarca y Agüero Sanabria.
Según la investigación penal contenida en el expediente 22-000116-1218-PE, se habría financiado la campaña electoral del PPSD para el período 2022–2026 por medio de dos estructuras paralelas, violando frontalmente el Código Electoral y sus principios de transparencia. Se identificó un fideicomiso privado y el uso de cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero —quien enfrenta un proceso penal independiente— como mecanismos ilegales para recolectar fondos.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Tesorería del partido quedaron completamente al margen de este entramado, lo que convierte esta operación en un acto clandestino de ingeniería financiera, liderado —según la Fiscalía— por quienes hoy ocupan las más altas sillas del poder costarricense.
La Constitución es clara: toda contribución política debe canalizarse por vías oficiales, con nombres y montos transparentes. Lo que aquí se acusa es una maquinaria opaca, funcional a una campaña que vendió “progreso social” pero operaba como una corporación privada fuera del radar institucional.
El fiscal general Carlo Díaz ha actuado con firmeza e independencia, demostrando que la justicia aún tiene dientes, aunque algunos prefieran verla sumisa. Su acción no sólo responde al clamor ciudadano por transparencia, sino que desnuda al oficialismo, que durante tres años se ha escudado en un discurso de lucha contra la corrupción mientras escondía su propia cloaca electoral.
Para la diputada Pilar Cisneros, autodenominada fiscalizadora de los corruptos, esta acusación representa una caída estrepitosa desde el púlpito moral que ella misma construyó. Hoy ya no denuncia, hoy es denunciada.
La Corte Suprema de Justicia deberá ahora decidir si remite la solicitud de levantamiento de inmunidad a la Asamblea Legislativa, donde la fracción oficialista intentará probablemente convertir esto en un acto de persecución política. Pero los hechos, las pruebas y el expediente judicial hablan por sí solos.
Costa Rica observa. La Fiscalía ha cumplido. Le toca ahora al Congreso y al Poder Judicial demostrar si están al servicio de la democracia o del encubrimiento.