Barquero calificó este acto como una grave agresión a la libertad de expresión en Costa Rica. «Este hecho es inusitado en nuestra historia democrática; que un gobierno y su presidente ordenen retirar pautas publicitarias solo porque no les gusta la crítica y la diversidad de opiniones, no es aceptable en Costa Rica. Estas no son prácticas propias de un régimen democrático como el nuestro«, señaló.
Además, la diputada resaltó que estas acciones forman parte de un patrón de amenazas y represalias del gobierno de Rodrigo Chaves contra opositores, medios de comunicación y espacios considerados «hostiles«. Recordó casos previos, como los ataques hacia Parque Viva y el periódico La Nación.
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En este contexto, Barquero también mencionó los frecuentes ataques del presidente hacia periodistas críticos, como Héctor Guzmán y Danilo Chaves, quienes han sido blanco de cuestionamientos incluso desde la Casa Presidencial. «Estas acciones evidencian un doble rasero en el discurso del gobierno sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa y la transparencia, pilares fundamentales de nuestra democracia«, agregó.
La diputada alertó sobre el peligro que estas prácticas representan para la estabilidad democrática del país, advirtiendo que estas conductas podrían ser un paso hacia la construcción de un estado totalitario. «Pretender controlar la opinión pública y criminalizar el pensamiento diferente son pasos que no podemos permitir en Costa Rica«, enfatizó.
Barquero concluyó con un llamado a las instituciones públicas, organizaciones privadas y a la ciudadanía en general para defender la pluralidad de voces y la libertad de expresión que han definido históricamente a Costa Rica como una nación de paz y democracia. «¡Alerta costarricenses!, no debemos permitir que Costa Rica y su democracia corran más peligro«, finalizó, citando el himno nacional como un recordatorio del compromiso con la paz y el trabajo.
Este incidente subraya la importancia de proteger la libertad de expresión y mantener la vigilancia ante cualquier intento de limitar derechos fundamentales que caracterizan la tradición democrática del país.
