Familias que aseguran llevar hasta 55 años viviendo en humildes viviendas denuncian presiones para abandonar sus hogares. El posible desalojo de familias abre nuevos cuestionamientos sobre Sergio Valverde y la Asociación Obras del Espíritu Santo, mientras los afectados aseguran que les ofrecen otras casas sin garantías escritas.
SAN JOSÉ, COSTA RICA. Durante décadas, esas casas de paredes sencillas, portones metálicos y techos de lámina han sido el hogar de varias familias. Hoy, sus habitantes temen perderlas. Una mujer que contactó a Radio Zurqui asegura que el sacerdote Sergio Valverde les comunicó que deben abandonar inmuebles vinculados, según su relato, con la Asociación Obras del Espíritu Santo.
La denunciante habló inicialmente de unas 15 familias y de permanencias de entre 35 y 55 años. Sin embargo, afirma que posteriormente se le indicó que la salida afectaría directamente a un grupo más reducido de residentes, entre ellos integrantes de su familia.
El alcance definitivo de la medida todavía necesita confirmación.
«Nos dijeron que teníamos que salir»
En un correo remitido el 21 de octubre, la afectada explicó que Valverde habría llegado personalmente a conversar con los residentes sobre las propiedades.
Según su versión, se les informó que estaban inscritas a nombre de la asociación y que debían desocuparlas.
La mujer sostiene que sus familiares no recibieron una notificación formal ni información escrita sobre un procedimiento de desalojo.
En audios posteriores, su preocupación aumenta: dice que teme que intenten sacarla en menos de 24 horas.
Las fotografías remitidas a este medio muestran viviendas modestas, algunas con cerramientos de lámina galvanizada y una fachada blanca con ventanas pequeñas.
Las imágenes documentan las condiciones materiales del lugar, pero no acreditan por sí mismas quién es propietario de los terrenos.
Casas alternativas, pero sin documentos
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es la oferta de reubicación.
La mujer afirma que les propusieron trasladarse a otras viviendas, pero sin entregarles contratos, títulos ni garantías escritas sobre cuánto tiempo podrían permanecer allí.
«En ningún momento nos han dado un documento», sostiene en una de las grabaciones.
Según explica, la propuesta consistiría en cambiar de casa, aunque teme que posteriormente puedan pedirles nuevamente que se marchen.
La incertidumbre tiene consecuencias inmediatas. La afectada relató que contemplaba llevar sus pertenencias a la casa de su madre, mientras otros parientes estudiaban mudarse.
Tras tantos años de residencia, lo que solicitan no es únicamente un techo: quieren saber bajo qué condiciones vivirían y quién respondería ante una nueva salida.
¿Un parque público detrás de las Torres de la Alegría?
En otro audio, la denunciante asegura que les informaron que parte del terreno donde están sus viviendas se destinaría a un parque público vinculado con las Torres de la Alegría, proyecto de Obras del Espíritu Santo inaugurado recientemente en Cristo Rey.
Su testimonio no permite determinar si existe una obligación municipal, qué terrenos abarca el proyecto ni cuál sería el fundamento legal para desocupar las viviendas.
Estas preguntas requieren documentos: planos, permisos, información catastral y acuerdos de las autoridades correspondientes.
Sin esa documentación, no puede establecerse que el proyecto sea la causa comprobada del posible desalojo de familias.
Los comentarios publicados en redes sociales añaden otros cuestionamientos. Una usuaria denuncia presuntas presiones en un inmueble cercano al parque de la Alegría; otra asegura que las viviendas alternativas ofrecidas carecen de garantías escritas.
¿Qué exige un desalojo administrativo?
La afectada afirma que le hablaron de un «desalojo administrativo».
En Costa Rica, este mecanismo tiene causales y un procedimiento regulado.
El Ministerio de Seguridad Pública explica que tramita solicitudes y emite resoluciones que pueden ordenar o denegar el desalojo, dependiendo de las circunstancias y la normativa aplicable.
Por eso resulta indispensable conocer la condición legal de cada ocupante, la titularidad registral del terreno y la existencia de una resolución o notificación.
Vivir durante décadas en un inmueble no determina automáticamente la propiedad, pero tampoco permite presumir que cualquier retiro pueda ejecutarse sin procedimiento.
Una obra social bajo nuevas preguntas
Radio Zurquí informó anteriormente que un reporte patrimonial identificó 48 fincas registradas a nombre de Obras del Espíritu Santo.
Ese hallazgo no demuestra que las casas de esta denuncia estén incluidas entre esos bienes: verificarlo es una tarea pendiente.
La organización, conocida por su trabajo con poblaciones vulnerables, debe tener oportunidad de explicar qué ha propuesto a estas familias, qué garantías ofrece y cuál es la base legal de cualquier solicitud de salida.
En los materiales revisados por este medio no figura una respuesta suya sobre este caso.
Detrás de las cifras y de los expedientes hay personas que aseguran haber hecho su vida entera en esos hogares.
