Una investigación de Radio Zurquí identifica 48 fincas registradas y 20 vehículos a nombre de la Asociación Obras del Espíritu Santo, con valores fiscales que, sumados, superan los dos mil millones de colones. Su presidente, el sacerdote Sergio Valverde, figura como apoderado generalísimo sin límite de suma, aunque sus facultades para disponer de bienes están sujetas a la aprobación de la junta directiva.
La imagen pública de las Obras del Espíritu Santo está estrechamente relacionada con la atención de poblaciones vulnerables, las campañas de recaudación, las donaciones y el trabajo social desarrollado desde Cristo Rey, en San José. Sin embargo, detrás de esa labor existe una estructura patrimonial que se extiende mucho más allá de las instalaciones donde funciona la organización.
Radio Zurquí examinó un informe de información jurídica, registral y patrimonial correspondiente a la Asociación Obras del Espíritu Santo, cédula jurídica 3-002-344562, generado el 10 de agosto de 2025.
El documento identifica propiedades en las siete provincias de Costa Rica y un conjunto de vehículos inscritos a nombre de la asociación.
La suma de sus valores fiscales consignados alcanza ₡2.007.970.136, después de ajustar una finca que aparece repetida bajo dos derechos registrales.
Se trata de una cifra significativa, aunque conviene establecer una distinción fundamental: el valor fiscal no equivale necesariamente al precio comercial de los bienes, a su valor contable ni al patrimonio neto de la organización.
Tampoco significa que Sergio Valverde sea propietario personal de esos inmuebles. Los registros identifican como titular a la asociación, una persona jurídica distinta de quienes integran su administración.
Lo que sí plantea el informe es una pregunta de interés público: ¿Cómo se administra, supervisa y fiscaliza un patrimonio de esta magnitud dentro de una organización cuya principal imagen pública es la asistencia social?
Sergio Valverde: un poder generalísimo sobre una asociación millonaria
El informe identifica al sacerdote Sergio Arturo Valverde Espinoza como presidente de la Asociación Obras del Espíritu Santo.
El apartado de representación establece que el presidente ostenta la representación judicial y extrajudicial con carácter de apoderado generalísimo sin límite de suma.
Esta figura jurídica le otorga amplias facultades de representación y administración, aunque el propio documento establece una condición importante.
Cuando el presidente deba disponer de bienes o derechos de la asociación, necesita contar con la aprobación de su junta directiva.
Por tanto, no se trata de un poder jurídicamente ilimitado en todos sus aspectos. Sin embargo, la amplitud de la representación vuelve especialmente relevante conocer cómo se adoptan las decisiones patrimoniales, qué mecanismos de supervisión existen y cómo se documentan las autorizaciones.
El informe también identifica a William Rodríguez Rivera como vicepresidente, Yorleny Patricia Valverde Fernández como secretaria, María Ester Marín Herrera como tesorera, Siany Ramírez Guzmán como vocal y Juan Ulises Brizuela Solís como fiscal.
La existencia formal de estos cargos abre interrogantes sobre el funcionamiento efectivo del gobierno interno de la asociación.
¿Con qué frecuencia se reúne la junta directiva? ¿Qué operaciones patrimoniales requieren su aprobación? ¿Se realizan auditorías externas independientes? ¿Los asociados conocen los estados financieros y las decisiones relacionadas con el patrimonio?
Estas preguntas no constituyen acusaciones. Son exigencias razonables de transparencia ante la magnitud de los bienes registrados.
Obras del Espíritu Santo: un patrimonio distribuido por toda Costa Rica
El examen del informe permite identificar 49 registros inmobiliarios correspondientes a 48 números de finca distintos.
Uno de los inmuebles, ubicado en Cartago, aparece dos veces asociado a derechos registrales diferentes, pero con el mismo valor fiscal. Para evitar duplicar el valor del inmueble completo, Radio Zurqui lo contabilizó una sola vez.
La suma ajustada de los valores fiscales inmobiliarios asciende a ₡1.874.240.136.
El inventario incluye propiedades en San José, Heredia, Alajuela, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón.
Entre ellas figuran terrenos para construir, casas de habitación, bodegas, terrenos agrícolas, propiedades de considerable extensión y derechos sobre inmuebles.
La mayor concentración del valor fiscal identificado se encuentra en San José, donde aparecen numerosas propiedades dentro del distrito Hospital, al que pertenece el sector de Cristo Rey.
También existen inmuebles de considerable valoración fiscal en Puntarenas y Escazú.
El documento también incluye inmuebles con valores fiscales extraordinariamente bajos y otros cuyo valor aparece sin información numérica.
Esto impide considerar el inventario como una valoración comercial actualizada. Además, varios registros corresponden a derechos específicos que requieren consulta individual para establecer con precisión la participación jurídica de la asociación.
Aun con esas limitaciones, el informe evidencia una estructura inmobiliaria amplia, diversa y geográficamente distribuida.
La investigación plantea otra cuestión: ¿cuáles de esos inmuebles se utilizan directamente para programas sociales, cuáles cumplen funciones administrativas y cuáles tienen otros destinos?
La tenencia de propiedades por parte de una organización benéfica no representa, por sí misma, ninguna irregularidad. Lo relevante es establecer la finalidad de esos bienes y los mecanismos mediante los cuales se administra el patrimonio institucional.
Vehículos elevan la suma fiscal registrada por encima de ₡2.000 millones
El inventario no se limita a terrenos y edificaciones.
El informe contiene también 20 registros de vehículos y otros bienes automotores, con un valor fiscal conjunto de ₡133.730.000.
Entre las unidades figuran vehículos de diferentes categorías, incluidos automotores destinados potencialmente al transporte de personas o al desarrollo de actividades institucionales.
El documento no permite determinar el estado operativo actual de cada unidad ni su uso efectivo.
Al sumar el componente inmobiliario ajustado y el automotor, el resultado es:
Bienes inmuebles: ₡1.874.240.136.
Vehículos y automotores: ₡133.730.000.
Suma total de valores fiscales consignados: ₡2.007.970.136.
Esta cifra no incluye estimaciones para las propiedades sin valoración informada, ni constituye un avalúo comercial de todos los activos.
También debe considerarse que el documento fue generado en agosto de 2025. Para determinar la composición patrimonial vigente en octubre de 2026 se requieren certificaciones registrales actualizadas.
Hipotecas, gravámenes y un proceso judicial de cobro
Otro aspecto que llama la atención es la existencia de operaciones hipotecarias y gravámenes consignados en el mismo informe.
Entre los registros aparecen hipotecas por ₡100 millones asociadas a una finca en San José, por ₡13 millones sobre otra propiedad capitalina y por ₡67 millones relacionadas con dos fincas de Heredia.
Una finca de Puntarenas también presenta referencias a operaciones hipotecarias por ₡33 millones y ₡46 millones.
Estos montos corresponden a inscripciones documentales y no pueden confundirse automáticamente con deudas vigentes.
Una obligación hipotecaria puede haber sido amortizada, cancelada o modificada, y el documento examinado no determina los saldos pendientes a la fecha de esta publicación.
No obstante, su existencia hace pertinente preguntar por las políticas de endeudamiento de la asociación, las garantías utilizadas y los procedimientos internos para autorizar compromisos financieros.
El informe identifica, además, un proceso judicial de cobro bajo el expediente 23-006099-1044-CJ, en el que figura como parte actora Logísticas Metropolitanas F y M S. A.
La cuantía indicada es de ₡19.304.320 y el último movimiento consignado corresponde al 27 de marzo de 2025.
El registro examinado no permite establecer el resultado del proceso, la procedencia definitiva de la reclamación ni la existencia de una obligación actualmente exigible.
Por ello, cualquier conclusión sobre ese expediente requiere consultar las actuaciones judiciales correspondientes.
Del patrimonio a las denuncias laborales: dos realidades que requieren explicación
La información patrimonial de Obras del Espíritu Santo adquiere especial relevancia frente a los cuestionamientos laborales que Radio Zurqui ha venido documentando.
En una investigación anterior, este medio recogió denuncias de trabajadores sobre presuntos atrasos salariales, presiones laborales, exigencias fuera de la jornada y temor a expresar inconformidades dentro de la organización.
Es indispensable señalar que disponer de propiedades de alto valor fiscal no significa necesariamente contar con liquidez para atender obligaciones salariales.
Una organización puede mantener activos inmobiliarios importantes y, al mismo tiempo, enfrentar dificultades de flujo de efectivo, compromisos financieros o restricciones sobre el destino de determinados recursos.
Sin embargo, el contraste entre un patrimonio fiscal de esta magnitud y las denuncias laborales plantea preguntas legítimas sobre la planificación financiera, las prioridades administrativas y los mecanismos de rendición de cuentas.
¿Cuáles son los ingresos ordinarios de la asociación? ¿Qué proporción proviene de donaciones? ¿Qué recursos están comprometidos con programas sociales específicos? ¿Cómo se financia la planilla y qué controles existen para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones laborales?
Responder estas preguntas permitiría comprender si los problemas denunciados obedecen a restricciones financieras, decisiones administrativas u otras circunstancias.
Una estructura jurídica que merece escrutinio público
Esta investigación continúa una línea de trabajo que Radio Zurqui abrió al examinar las facultades legales del sacerdote Sergio Valverde dentro de la Asociación Obras del Espíritu Santo.
En aquella publicación se abordó el alcance de su representación y el papel que ocupa en la estructura jurídica de Obras del Espíritu Santo.
El nuevo inventario patrimonial aporta una dimensión económica a aquellas facultades de representación.
No se trata únicamente de determinar quién figura al frente de una organización religiosa y social, sino de comprender qué estructura de bienes administra esa persona jurídica, cuáles son sus compromisos financieros y cómo funcionan los controles institucionales.
La transparencia no debería interpretarse como un ataque a las labores de asistencia que realizan organizaciones benéficas.
Por el contrario, conocer el destino de los recursos, la composición de los activos y las responsabilidades de sus administradores puede fortalecer la confianza pública y la protección de las personas beneficiarias.
Una organización dedicada a ayudar a quienes menos tienen también debe estar en capacidad de explicar cómo administra aquello que posee.
Las preguntas que Sergio Valverde y Obras del Espíritu Santo deben responder
A partir del informe examinado, Radio Zurqui considera necesario conocer la versión de los representantes de la Asociación Obras del Espíritu Santo sobre diversos aspectos de su administración.
Entre ellos, el destino de las propiedades registradas, la existencia de auditorías financieras independientes, los mecanismos de aprobación de operaciones patrimoniales, el estado de las obligaciones hipotecarias y las medidas para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.
También resulta relevante establecer qué información financiera se entrega a los asociados, donantes y entidades encargadas de supervisar programas financiados con recursos públicos, cuando corresponda.
Los datos aquí expuestos proceden de un informe patrimonial fechado en agosto de 2025.
Radio Zurquí no presenta esta información como prueba de enriquecimiento personal, apropiación indebida de bienes ni comisión de delitos. La investigación documenta activos registrados a nombre de la Asociación Obras del Espíritu Santo, sus valores fiscales y las amplias facultades de representación de su presidente, Sergio Valverde.
Pero la transparencia no puede ser selectiva. Sergio Valverde debe explicar públicamente cómo se administra este patrimonio, quién fiscaliza las decisiones financieras, qué controles existen sobre las donaciones y cuáles son los mecanismos para prevenir conflictos de interés.
La exigencia cobra especial importancia ante sus relaciones institucionales con el gobierno y las recientes investigaciones judiciales que han puesto bajo escrutinio las relaciones económicas y políticas de distintos empresarios y figuras públicas. Esas investigaciones no acreditan por sí mismas ninguna vinculación del sacerdote o de la asociación con actividades ilícitas.
¿Quiénes financian las Obras del Espíritu Santo? ¿Qué controles se aplican para verificar el origen de las donaciones? ¿Qué relaciones económicas mantiene la asociación con empresarios, funcionarios y organizaciones políticas? ¿Se publican estados financieros auditados que permitan conocer el destino de los recursos?
La caridad no debe convertirse en un escudo contra la fiscalización, ni la cercanía con el poder político puede sustituir la rendición de cuentas. Quien solicita recursos en nombre de las personas más necesitadas tiene también la responsabilidad de explicar con claridad cómo los recibe, administra y utiliza.
La sociedad costarricense tiene derecho a preguntar y Sergio Valverde tiene la obligación de responder.
Cuando la caridad administra millones, la transparencia es indispensable
La labor social no exime a ninguna organización de la responsabilidad de rendir cuentas.
Tampoco convierte automáticamente en sospechosa la acumulación de activos destinados a sostener proyectos comunitarios, programas de atención o servicios a poblaciones vulnerables.
El verdadero interés público surge cuando una organización que solicita donaciones y mantiene una presencia importante en la vida nacional administra bienes de considerable valor bajo una estructura de representación jurídica con amplias facultades.
En el caso de las Obras del Espíritu Santo, los registros examinados muestran valores fiscales que, sumados bajo la metodología explicada, superan los ₡2.000 millones.
La pregunta no es si una obra benéfica puede tener patrimonio.
La pregunta es quién controla ese patrimonio, cómo se toman las decisiones y qué mecanismos garantizan que los recursos cumplan los fines sociales para los cuales se administran.
Y esta investigación no termina aquí.
Radio Zurquí ha recibido un testimonio que abre nuevos interrogantes sobre los mecanismos de administración, control interno y rendición de cuentas de las Obras del Espíritu Santo. En una próxima entrega profundizaremos en esos señalamientos y en los elementos que permitan contrastarlos.
