UEI es la policía secreta del chavismo
PLP y Gilberto Campos denuncian maniobras dilatorias del oficialismo
El chavismo costarricense, liderado por el presidente Rodrigo Chaves, ha recurrido a una vieja táctica: saturar el proceso legislativo con mociones vacías para bloquear cualquier intento de devolver la Unidad Especial de Intervención (UEI) a un manejo técnico y profesional. En total, la fracción oficialista ha presentado 65 mociones contra el proyecto de ley que busca trasladar esa unidad táctica al Ministerio de Seguridad Pública, expediente 24.631.
La propuesta, impulsada por el diputado Gilberto Campos Cruz del Partido Liberal Progresista (PLP), es clara y sencilla, consta de apenas dos artículos. Su objetivo es terminar con el control político que el actual gobierno ha ejercido sobre la UEI, convirtiéndola en una herramienta de persecución y venganza personal, según lo han denunciado diversos sectores.
El proyecto cuenta con dispensa de trámite desde el 29 de octubre de 2024 y ha recibido apoyo incluso de partidos de oposición, como el Frente Amplio, que presentó una moción adicional para garantizar los derechos laborales de los agentes de la UEI en el proceso de traslado.
Sin embargo, el bloque oficialista, fiel al manual chavista de la obstrucción parlamentaria, decidió enterrar el debate bajo una montaña de mociones absurdas. Cada una de esas mociones puede consumir hasta 10 minutos de discusión en el Plenario, lo que convierte el proceso legislativo en un show de desgaste, diseñado para proteger el control político que el presidente Chaves se niega a soltar.
“Hay mociones que piden que el traslado se haga en un año, otras en dos, otras en treinta y seis meses, otras en treinta y cinco, y así al infinito. Es un claro reflejo de la carencia absoluta de argumentos de peso por parte del gobierno”, denunció el diputado Gilberto Campos.
El legislador herediano insistió en que el traslado de la UEI es un asunto de seguridad nacional, no un capricho político. Devolver la unidad al Ministerio de Seguridad Pública es clave para garantizar que esta opere bajo criterios técnicos y no como una herramienta de represión política desde Casa Presidencial.
Además, la Defensoría de los Habitantes se sumó a la alerta, advirtiendo en su informe de labores 2024 que el uso discrecional de la UEI por parte del Ejecutivo representa un grave retroceso democrático y una amenaza para los derechos fundamentales.
El PLP y la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, han sido enfáticos en que no cederán ante esta ofensiva autoritaria y seguirán defendiendo la despolitización de la UEI como un compromiso de fondo con la institucionalidad democrática.
Mientras tanto, el gobierno sigue exhibiendo su peor rostro: el de un régimen dispuesto a todo para conservar herramientas de control, sin importar el costo institucional ni el desprecio absoluto por el equilibrio de poderes.
