Un análisis crítico sobre el Expediente 23.414 advierte que la reforma al sistema eléctrico podría trasladar riesgos al consumidor residencial, debilitar al ICE y abrir espacios de negocio para generadores privados, comercializadores y grandes industrias.
La apertura eléctrica en Costa Rica vuelve al centro del debate nacional con el Expediente N.° 23.414, conocido como Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Aunque sus impulsores la presentan como una reforma para modernizar el sector, un análisis crítico elaborado por el Grupo de Análisis de Política para el Desarrollo Sostenible advierte que el proyecto podría alterar la base solidaria del modelo eléctrico costarricense.
El documento sostiene que la propuesta no representa únicamente un cambio técnico en la forma de comprar, vender o distribuir electricidad. Su tesis principal es más profunda: la reforma abriría la puerta a una transformación estructural del sistema, pasando de un modelo público-cooperativo, basado en planificación, cobertura universal y servicio al costo, hacia un esquema de mercado donde la electricidad funcionaría cada vez más como mercancía.
En ese contexto, la apertura eléctrica en Costa Rica no se limita a definir quién genera energía. Lo que está en juego es si el país conserva un sistema eléctrico construido durante más de siete décadas bajo criterios de solidaridad territorial o si entrega segmentos estratégicos a actores privados con capacidad de capturar los beneficios más rentables del negocio.
Un modelo eléctrico nacido para llevar luz a todo el país
El análisis recuerda que antes de la creación del Instituto Costarricense de Electricidad, en 1949, la infraestructura eléctrica nacional estaba fragmentada y dominada por empresas privadas extranjeras. La inversión se concentraba en zonas urbanas rentables, mientras regiones rurales, costeras y alejadas quedaban excluidas del acceso a electricidad.
La fundación del ICE cambió esa lógica. El país apostó por un modelo público de servicio universal, planificación integrada y solidaridad financiera. La electricidad dejó de ser un privilegio de los centros urbanos y pasó a convertirse en una herramienta de desarrollo nacional.
Según el documento, ese modelo permitió que Costa Rica pasara de una cobertura eléctrica de apenas 14% en 1949 a una cobertura cercana al 99,4% en la actualidad. Además, consolidó una matriz mayoritariamente renovable y una red nacional capaz de llegar a prácticamente todo el territorio.
Por eso, la apertura eléctrica en Costa Rica no puede analizarse como una simple reforma administrativa. Cualquier cambio en este modelo toca una estructura histórica que permitió financiar expansión rural, sostener cobertura universal y evitar que la electricidad quedara limitada únicamente a los territorios más rentables.
Ese logro, subraya el análisis, no fue producto de la competencia de mercado, sino de una estructura pública integrada que permitió utilizar ingresos de zonas más rentables para financiar expansión en territorios menos atractivos para el capital privado.
La apertura eléctrica en Costa Rica cambia la lógica del sistema nacional
El punto más delicado del Expediente 23.414 está en el cambio de arquitectura institucional. En el debate sobre la apertura eléctrica en Costa Rica, el análisis advierte que la reforma sustituiría la planificación pública integrada por un modelo de mercado mayorista, con nuevos actores, nuevas reglas y nuevas formas de intermediación.
Uno de los aspectos señalados es la reclasificación de actividades como generación y comercialización bajo la categoría de “servicios económicos de interés general”. Para los autores del análisis, ese giro jurídico reduce el peso del principio de servicio al costo y abre espacio para una lógica más cercana al negocio privado.
La reforma también crea mecanismos como el Mercado Eléctrico Mayorista, el Mercado de Ocasión Nacional y una nueva entidad operativa denominada ECOSEN. Esta absorbería funciones estratégicas hoy vinculadas al ICE, incluyendo capacidades técnicas relacionadas con la operación del sistema.
En la práctica, el análisis advierte que el ICE podría quedar con obligaciones históricas, pero con menos herramientas para cumplirlas. Es decir, seguiría cargando parte del mandato público, mientras pierde segmentos rentables y capacidad de planificación.
Ganadores y perdedores de la apertura eléctrica en Costa Rica
El documento es claro al identificar quiénes podrían beneficiarse y quiénes asumirían los mayores riesgos dentro de la apertura eléctrica en Costa Rica.
Entre los posibles ganadores aparecen grandes consumidores industriales, generadores privados, comercializadores financieros y exportadores privados de energía. Estos actores podrían acceder a contratos directos, participar en mercados mayoristas o capturar ganancias que hoy forman parte del equilibrio financiero del sistema público.
Del otro lado estarían los consumidores residenciales, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas rurales, las empresas municipales, las comunidades alejadas y el propio ICE. Estos sectores dependen más del sistema integrado y de los subsidios cruzados que permiten sostener tarifas, cobertura e inversión en zonas menos rentables.
La preocupación central es que, bajo la apertura eléctrica, los grandes usuarios puedan salir parcialmente del sistema público para negociar energía en condiciones más favorables, mientras los hogares y pequeños negocios permanecen como consumidores cautivos. Si eso ocurre, los costos fijos de la red, la infraestructura y la operación podrían distribuirse sobre una base más débil.
En palabras sencillas: los actores grandes podrían quedarse con las mejores condiciones del mercado, mientras la factura del sistema recaería con más fuerza sobre quienes no tienen capacidad de negociar.
Apertura Eléctrica; El riesgo para las tarifas
Uno de los puntos más sensibles para la ciudadanía es el posible impacto en las tarifas eléctricas. El análisis sostiene que la apertura eléctrica no garantiza precios más bajos y, por el contrario, podría introducir factores de encarecimiento.
El documento advierte que la figura del comercializador permitiría la entrada de intermediarios autorizados para comprar y vender bloques de electricidad sin poseer activos físicos. Estos actores podrían obtener márgenes de ganancia en las transacciones sin necesariamente aportar nueva infraestructura o capacidad de generación.
Además, el sistema de subastas de corto plazo podría crear volatilidad. En un esquema de apertura eléctrica, si las distribuidoras deben adquirir una parte importante de su demanda mediante subastas, los precios podrían quedar más expuestos a maniobras de mercado, concentración de oferentes o condiciones especulativas.
En una economía pequeña como la costarricense, donde el número de actores con capacidad real de generación no es ilimitado, el análisis señala riesgos de cartelización, colusión tácita o manipulación de ofertas. El problema no sería solamente técnico, sino político: cuando un mercado es pequeño y estratégico, abrirlo sin suficientes salvaguardas puede terminar fortaleciendo a pocos actores con gran poder económico.
El ICE perdería segmentos estratégicos
La reforma también implicaría una redistribución de funciones que hoy son centrales para el ICE. En el contexto de la apertura eléctrica en Costa Rica, el análisis menciona varios segmentos que podrían salir de su ámbito directo o quedar debilitados.
Uno de ellos es la operación del sistema eléctrico. La transferencia de capacidades hacia ECOSEN podría afectar la coordinación integrada que hoy permite manejar embalses, generación, demanda y estabilidad de la red bajo una lógica nacional.
Otro punto es el mercado regional de exportación eléctrica. Según el documento, las ganancias obtenidas históricamente por el sistema público en exportaciones han contribuido a reducir presiones sobre las tarifas internas. Bajo un esquema de apertura eléctrica, si esas ganancias pasan a manos privadas, el beneficio dejaría de alimentar el equilibrio tarifario nacional.
También se menciona la pérdida de clientes industriales de alto valor. Si estos migran hacia contratos bilaterales privados, el ICE perdería ingresos relevantes, mientras conserva responsabilidades de servicio público, inversión territorial y respaldo del sistema.
Ese proceso es descrito en el análisis como una “canibalización” de lo público: dentro de la apertura eléctrica, los actores privados capturan los segmentos más rentables y el sistema estatal queda con las cargas más pesadas.
Cooperativas y empresas municipales bajo presión
La apertura eléctrica en Costa Rica no solo afectaría al ICE. También podría golpear a empresas municipales y cooperativas que durante décadas han sido parte del tejido territorial del sistema eléctrico.
Entidades como la ESPH, JASEC y cooperativas rurales han operado bajo una lógica de servicio, cobertura y desarrollo comunitario. Su papel no se limita a vender electricidad: también sostienen inversión local, infraestructura en zonas menos rentables y programas vinculados al bienestar de sus comunidades.
El análisis advierte que obligarlas a competir en condiciones desiguales frente a conglomerados privados podría drenar sus recursos financieros. En ese escenario, muchas se verían presionadas a reducir programas sociales, limitar inversiones o abandonar objetivos territoriales para sobrevivir en un mercado más agresivo.
El impacto sería especialmente grave en comunidades rurales, costeras, fronterizas e indígenas, donde la rentabilidad privada no siempre coincide con las necesidades del desarrollo nacional.
Fracturas sociales y territoriales
El documento también advierte sobre posibles regresiones sociales. La electricidad no es un bien cualquiera. Es una condición básica para estudiar, trabajar, conservar alimentos, acceder a salud, mantener comunicación y sostener la vida cotidiana.
Si el sistema se orienta cada vez más hacia la capacidad de pago, los sectores vulnerables podrían quedar más expuestos. El análisis menciona riesgos para hogares en pobreza, hogares con jefatura femenina, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades históricamente rezagadas.
Uno de los vacíos señalados es la falta de mecanismos concretos de compensación. La reforma podría invocar principios generales de solidaridad, pero sin instrumentos vinculantes capaces de proteger a los usuarios más sensibles frente a eventuales alzas o pérdida de subsidios cruzados.
Ese punto es clave: no basta con decir que la solidaridad se mantiene. Hay que demostrar cómo, con qué recursos, bajo qué reglas y con qué protección tarifaria real.
Ambiente y sostenibilidad también entran en juego
Costa Rica ha construido parte de su reputación internacional sobre una matriz eléctrica renovable y una institucionalidad capaz de planificar el uso de recursos naturales con visión de largo plazo. El análisis advierte que una lógica de subastas de corto plazo podría debilitar esa planificación.
Si el incentivo principal es producir energía barata en plazos reducidos, podrían aumentar presiones para desarrollar proyectos de bajo costo, pero con impactos acumulativos sobre ríos, cuencas, territorios sensibles o comunidades locales.
El documento también recoge que organizaciones sindicales, ecologistas y cívicas han denominado el proyecto como “Ley Apagón”, al considerar que podría provocar aumento de tarifas, inestabilidad en la red y deterioro ambiental.
La advertencia no es menor: un país que presume sostenibilidad no puede separar la política energética de la protección ambiental ni de la planificación pública.
Apertura eléctrica en Costa Rica: ¿modernización o privatización encubierta?
El debate sobre el Expediente 23.414 no debería reducirse a una falsa dicotomía entre modernizar o quedarse atrás. El sistema eléctrico costarricense puede requerir mejoras, actualización tecnológica, eficiencia institucional y mayor capacidad de respuesta ante nuevos desafíos.
Pero una cosa es modernizar el modelo público y otra muy distinta es desarmar sus pilares solidarios.
La pregunta de fondo es quién asume los riesgos y quién captura los beneficios. Si la reforma permite que grandes actores privados accedan a las partes más rentables del sistema, mientras consumidores residenciales, pymes y territorios rurales sostienen las cargas, entonces no se trataría de una modernización equilibrada, sino de una transferencia de valor desde lo público hacia intereses particulares.
Costa Rica ya vivió una discusión similar con el Combo del ICE en el año 2000. Aquella movilización dejó una lección política: la ciudadanía entiende que las instituciones públicas no son perfectas, pero también sabe distinguir entre reformarlas y debilitarlas.
Costa Rica debe defender su modelo solidario
El sistema eléctrico nacional no nació de la casualidad. Fue una decisión política de país. Permitió llevar electricidad a comunidades que el mercado nunca habría priorizado, sostuvo tarifas bajo regulación pública y convirtió al ICE en una herramienta de desarrollo territorial.
Ese modelo puede y debe mejorar. Pero mejorarlo no significa entregarlo a la especulación, ni fragmentarlo, ni debilitar la capacidad estatal de planificar a largo plazo. Por eso, la apertura eléctrica debe discutirse con rigor, transparencia y responsabilidad histórica.
El Expediente 23.414 obliga a Costa Rica a decidir qué entiende por desarrollo. Si la electricidad es vista como mercancía, el mercado decidirá quién accede en mejores condiciones. Si se mantiene como servicio público esencial, el Estado conserva la obligación de garantizar acceso, estabilidad, solidaridad y futuro.
La discusión apenas comienza, pero la advertencia ya está sobre la mesa: la apertura eléctrica en Costa Rica no solo podría cambiar el sistema eléctrico. También podría cambiar el pacto social que permitió llevar luz a todo el país.
