La Contraloría ordenó al CONAVI crear un nuevo procedimiento para registrar, controlar y disponer de bienes públicos adquiridos con fondos del Estado y custodiados por terceros.
El CONAVI vuelve a quedar bajo la lupa de la Contraloría por el manejo de bienes públicos vinculados a obras viales ejecutadas con apoyo de UNOPS. La investigación detectó debilidades en la forma en que la institución documentó, verificó y dio seguimiento a activos comprados con recursos del Estado.
La orden fue emitida tras una investigación sobre los controles aplicados por el Consejo Nacional de Vialidad respecto a bienes, equipos y suministros comprados con fondos públicos y utilizados en obras como Circunvalación Norte, pasos a desnivel y puentes sobre el río Virilla, entre otros proyectos.
Según la CGR, el CONAVI debía contar con mecanismos claros para garantizar el registro, control, custodia y trazabilidad de esos activos. Sin embargo, la institución no acreditó haber realizado las verificaciones trimestrales obligatorias que su propio procedimiento interno establecía.
CGR señala prácticas informales
El documento advierte que se detectaron vacíos en el procedimiento institucional, contradicciones en la asignación de responsabilidades y ausencia de reglas suficientes para regular el ciclo de vida de los activos.
La Contraloría también señaló que algunos bienes fueron dados de baja por robo, deterioro o donación, mientras otros fueron trasladados entre proyectos o utilizados en programas distintos, como PROERI, sin que existiera documentación formal suficiente que justificara esas decisiones.
Uno de los puntos más delicados es que CONAVI reconoció que algunas decisiones se tomaron mediante consultas verbales o prácticas internas de coordinación. Para la CGR, ese tipo de manejo genera riesgos para el patrimonio público, porque impide garantizar trazabilidad y respaldo jurídico sobre bienes comprados con recursos del Estado.
Fondos públicos exigen control público
La CGR recordó que, aunque UNOPS tiene un régimen especial como organismo internacional, esa condición no exonera al CONAVI de su responsabilidad de fiscalizar los recursos públicos.
El órgano contralor fue claro en señalar que la delegación operativa de proyectos a terceros no puede convertirse en una pérdida de control institucional. En otras palabras, CONAVI podía contratar apoyo técnico o gerencial, pero no podía desprenderse de su deber de vigilancia sobre los fondos y bienes públicos.
Orden con plazos definidos
La Contraloría ordenó al Consejo de Administración del CONAVI instruir la creación de un nuevo procedimiento para el registro, control y disposición de bienes públicos en custodia temporal de terceros, gestores externos u organismos internacionales.
Ese procedimiento deberá sustituir el actual mecanismo interno y regular donaciones, traslados, bajas, verificaciones, responsables y trazabilidad desde la adquisición del activo hasta su disposición final.
Además, CONAVI deberá realizar una valoración integral de la documentación disponible en cada proyecto gestionado bajo Memorandos de Acuerdo, identificar vacíos y gestionar ante UNOPS la entrega o actualización de la información faltante.
La CGR fijó plazos entre junio y noviembre de 2026 para acreditar el cumplimiento de la orden. También advirtió que el incumplimiento injustificado de sus órdenes puede constituir falta grave y derivar en sanciones administrativas.
