El PIN plantea un proyecto ambicioso que mezcla propuestas técnicas con riesgos legales, fiscales y políticos difíciles de ejecutar.
Refundación del Estado: promesas grandes, riesgos mayores
El candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), Luis Amador, presentó su plan de gobierno 2026–2030 con la promesa de “refundar el Estado costarricense”. El documento plantea reformas profundas en seguridad, infraestructura, energía, salud y educación, pero combina propuestas técnicas viables con apuestas legales y fiscales de altísimo riesgo que podrían chocar con la Constitución, los tratados internacionales y la realidad presupuestaria del país.
Seguridad: más músculo estatal y vigilancia masiva
Uno de los ejes más fuertes del plan es la reingeniería del aparato de seguridad. Amador propone reactivar el Ministerio de Gobernación y Policía y crear el CONACO, un cuerpo élite para enfrentar al crimen organizado. Además, impulsaría un Centro Nacional de Monitoreo con cámaras inteligentes y reconocimiento facial, integrado con policías municipales y sistemas privados.
Aunque ambicioso, este enfoque plantea serios retos legales, especialmente en materia de protección de datos personales y coordinación institucional, y requeriría reformas legales profundas.
Economía y finanzas: disciplina prometida, contradicciones evidentes
El plan insiste en mantener la regla fiscal y la disciplina presupuestaria, pero al mismo tiempo propone excluir del control fiscal ciertos proyectos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo. Esa contradicción mina la credibilidad de su promesa de responsabilidad fiscal.
También propone crear un Fondo Soberano de Inversión Estratégica (FSIE) financiado con el canon portuario, concesiones y eventuales rentas de hidrocarburos. Sin embargo, muchos de esos ingresos son inciertos o dependen de reformas legales complejas.
Energía: la apuesta más polémica
Una de las propuestas más controvertidas es la transformación del ICE y RECOPE para que lideren la exploración y explotación de gas y petróleo en alianza con el Estado, así como el regreso a la refinación local de combustibles.
Esta iniciativa choca con la moratoria vigente sobre hidrocarburos, la jurisprudencia ambiental y los compromisos climáticos internacionales. Sin una ruta legislativa clara, estos planes son poco realistas en un periodo de cuatro años y podrían implicar años de litigios.
Infraestructura: grandes obras sin ruta financiera clara
El documento incluye proyectos de infraestructura de gran escala: un tren de carga Atlántico–Pacífico, un tren eléctrico de pasajeros con tranvías alimentadores, un canal seco interoceánico, la ampliación de carreteras clave y el proyecto de Ciudad Gobierno mediante un modelo BOLT financiado por el BCIE.
Aunque técnicamente atractivas, estas iniciativas carecen de cronogramas, estudios de costo-beneficio y esquemas de financiamiento detallados, lo que las coloca en el terreno de las promesas más que en el de los proyectos ejecutables.
Salud y educación: propuestas más realistas
Los capítulos de salud y educación son los más sólidos del plan. En salud, Amador reconoce la deuda estatal con la CCSS (₡4,2 billones) y propone pagarla mediante una mesa tripartita, además de atacar las listas de espera con horarios extendidos, clínicas móviles y alianzas público-privadas.
En educación, plantea metas medibles en 24–36 meses para recuperar aprendizajes, mejorar la conectividad, impulsar la enseñanza STEM y fortalecer el inglés. Estas propuestas son técnicamente viables si se garantiza presupuesto y voluntad política.
Agro y pesca: proteccionismo con riesgo comercial
El PIN propone restablecer aranceles y precios de referencia para el arroz, reestructurar Conarroz y el CNP, y crear un fondo compensatorio para productores. Aunque la medida busca soberanía alimentaria, podría violar tratados como el DR-CAFTA y encarecer la canasta básica.
En pesca, promete una “solución definitiva” para la pesca de camarón, pero no detalla cómo sorteará las restricciones ambientales y constitucionales que hoy la impiden.
Un plan ambicioso que camina en la cuerda floja
El plan de gobierno de Luis Amador mezcla propuestas técnicas valiosas con apuestas de altísimo riesgo. Su énfasis en energía fósil, aranceles agrícolas y flexibilización de la regla fiscal podría enfrentarse a obstáculos legales, económicos y diplomáticos difíciles de superar. La pregunta clave es si su ambición reformista está acompañada de hojas de ruta realistas o si se trata de un catálogo de promesas diseñado más para emocionar que para ejecutar.
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