PLN le tuerce el brazo al ejecutivo
Fracción liberacionista reafirma su compromiso con la legalidad y el bienestar del país
En un acuerdo negociado con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el director del OIJ, Randall Zúñiga, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) logró que el Ejecutivo gire ₡9 mil millones a la policía judicial entre marzo y setiembre de este año.
El anuncio lo hizo el jefe de fracción liberacionista, Óscar Izquierdo, en su intervención durante el espacio de control político en la Asamblea Legislativa. Izquierdo dejó claro que, tras esta negociación, la fracción seguirá apoyando los proyectos que beneficien a los costarricenses, sin importar de qué partido provengan.
PLN: Voto independiente por el bienestar del país
El diputado Izquierdo enfatizó que el PLN no respaldará proyectos que no representen mejoras reales para la ciudadanía. “Votaremos lo que consideremos conveniente para Costa Rica, sin importar de dónde venga”, expresó.
Este posicionamiento reafirma el papel de la fracción liberacionista como un bloque legislativo comprometido con los costarricenses, que prioriza los intereses nacionales por encima de cualquier otra consideración política.
Sobre el informe del TSE: “La justicia debe actuar”
Izquierdo también aclaró declaraciones que, según él, fueron tergiversadas por algunos medios de comunicación respecto al informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
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El diputado fue enfático en que las denuncias deben ser investigadas hasta las últimas consecuencias, y que corresponde a la justicia determinar responsabilidades.
“Tiene que investigarse y llegarse hasta las últimas consecuencias lo que se está denunciando en cuanto a lo que dice el TSE… Quien deba pagar una condena, que lo haga; quien deba asumir responsabilidad, que la asuma”, afirmó.
Asimismo, se mostró preocupado por lo que considera delitos graves cometidos durante la campaña electoral de 2022 por parte del partido oficialista y las posibles implicaciones para el presidente Rodrigo Chaves y su vicepresidente.
Finalmente, Izquierdo subrayó que este caso debe seguir su curso en el Poder Judicial y no seguir siendo objeto de debate en la Asamblea Legislativa.
