El chanchullo de la CNFL
Recursos públicos al servicio de la empresa amiga del Gobierno
Mientras el país se hunde en el desgobierno de Rodrigo Chaves, los negocios con los allegados al poder no paran. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) firmó un convenio con la empresa Publiex, la misma que colocó vallas publicitarias pidiendo la renuncia del Fiscal General y otros funcionarios, para que esta utilice la infraestructura pública con fines comerciales privados. ¿Casualidad? Difícil de creer.
El acuerdo, que entró en operación el 7 de diciembre, estipula que Publiex podrá usar los postes del alumbrado público en ocho rutas nacionales, incluyendo la General Cañas, la Florencio del Castillo y la Ruta 32. Y lo mejor de todo: durante los primeros 12 meses, la CNFL, con dinero de los costarricenses, se hará cargo de la mano de obra, equipos, herramientas, grúas telescópicas, flechas de señalización, combustible y demás insumos necesarios para que la empresa privada instale su publicidad. Sí, leyó bien: el Estado sirviendo a intereses privados.
El jugoso negocio para Publiex (y la migaja para el país)
Según el convenio de 23 páginas, Publiex se quedará con el 60% de los ingresos netos generados por la publicidad en los postes, mientras que la CNFL, dueña de la infraestructura y proveedora del trabajo y recursos, apenas recibirá el 40%. Un negocio redondo… para los amigos del poder. Por si fuera poco, el documento tiene una vigencia de cinco años con posibilidad de renovación automática, garantizando un chorro de ingresos a largo plazo para Publiex.
¿Publicidad o propaganda política disfrazada?
El Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del MOPT señala que el permiso otorgado a Publiex no estaba basado en publicidad comercial, sino en “campañas informativas de interés público”. Sin embargo, la experiencia reciente nos dice otra cosa: esta es la misma empresa que presuntamente financió una descarada campaña contra el Fiscal General, movida que benefició políticamente a Rodrigo Chaves y su círculo cercano. Ahora, el Gobierno devuelve el favor con un contrato a la medida.
Mientras la CNFL justifica el convenio bajo el pretexto de “alianzas público-privadas” para captar “recursos frescos”, evita responder los cuestionamientos sobre el contenido de la publicidad y el uso de recursos estatales en beneficio de un privado. ¿Acaso la transparencia gubernamental también es opcional en este gobierno?
El descaro de estos negocios entre amigos no tiene límites. En un país donde los servicios públicos se deterioran y se les dice a los ciudadanos que “no hay plata”, el Gobierno encuentra millones para beneficiar a una empresa que, convenientemente, se ha puesto al servicio de sus intereses políticos. ¿Hasta cuándo se seguirán burlando de los costarricenses?