Mayuli Ortega Guzmán, presidenta del Partido Pueblo Soberano y candidata a diputada por San José, fue vinculada a proceso en México en 2017 por presunta falsificación documental. Hoy figura como dirigente de una agrupación inscrita ante el TSE, lo que plantea preguntas sobre los controles aplicados antes de su incursión en la política costarricense.
En el centro de esta controversia, Mayuli Ortega Guzmán no solo lidera el Partido Pueblo Soberano, sino que arrastra antecedentes judiciales en México. Un juez la vinculó a proceso en 2017 por la presunta falsificación de documentos en su intento de participar como candidata municipal, según investigaciones difundidas por medios de ese país. Este historial, ahora conectado con su rol político en Costa Rica, reabre el debate sobre los filtros institucionales y la transparencia en la conformación de estructuras partidarias.
Mayuli Ortega Guzmán: vinculación a proceso en México y documentos contradictorios
Hoy Ortega aparece registrada oficialmente como Presidenta Propietaria de Pueblo Soberano en la ficha del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), lo que plantea serios interrogantes sobre la idoneidad y la transparencia de una dirigencia cuyos vínculos y antecedentes deben ser esclarecidos por las autoridades costarricenses.
En 2017 varios medios mexicanos informaron que, durante su intento de candidatura en Tecolutla (Veracruz), Mayuli Ortega Guzmán habría presentado documentación con inconsistencias —actas de nacimiento y una credencial para votar cuya autenticidad fue cuestionada— mientras simultáneamente aparecía con pasaporte de Costa Rica, lo que motivó denuncias y una investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Las informaciones periodísticas recogen además que peritajes y registros oficiales (Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores y el Registro Federal de Electores) formaron parte de la investigación. En algunos reportes se menciona que, en el marco del proceso, se aplicó una suspensión condicional con obligaciones (residencia, prestación de servicio social), lo que no equivale a una absolución definitiva ni cierra la duda pública sobre las irregularidades denunciadas.
De Veracruz al liderazgo de un partido en Costa Rica: ¿quién dirige realmente a Pueblo Soberano?
Según la ficha pública del TSE, Pueblo Soberano aparece inscrito con resolución DGRE-0296-DRPP-2023 (01/08/2023) y en la sección del Comité Ejecutivo figura Mayuli del Carmen Ortega Guzmán como Presidenta (propietaria) del partido. Esa inscripción convierte a Mayuli Ortega Guzmán en la cara institucional del movimiento que, en el panorama político costarricense, ha sido señalado como aliado o plataforma del chavismo y tiene entre sus objetivos apoyar candidaturas como la de Laura Fernández.
Que una persona vinculada a proceso en México por presuntos delitos electorales ocupe hoy la presidencia del partido que impulsa al chavismo en Costa Rica y figure como candidata a diputada no es una anécdota: es un salto a la cara de la transparencia y la legalidad. ¿Qué garantías ofrecen los partidos y las autoridades electorales para permitir que alguien con ese historial dirija y aspire a representar al pueblo? Exigimos explicaciones claras y documentos oficiales que prueben la inexistencia de impedimentos; de lo contrario, esto no es política: es impunidad con sello partidario.
Lo que investigamos y lo que exige la ciudadanía
Radio Zurqui ha revisado las crónicas periodísticas que documentaron la investigación en México y ha confirmado, mediante la ficha pública del TSE, la inscripción de Mayuli Ortega Guzmán como presidenta del partido. Con base en esto exigimos transparencia: documentos oficiales, certificaciones y copia pública del estado procesal deben ser presentados por Ortega y por las autoridades competentes para despejar dudas que comprometen la credibilidad del partido y de quienes dicen defender la legalidad en Costa Rica.
Derecho de réplica y solicitud de aclaración oficial
Se solicitó la versión de Mayuli del Carmen Ortega Guzmán y de la dirigencia nacional del Partido Pueblo Soberano, con el fin de brindarles la oportunidad de responder a las imputaciones públicas y a los datos aquí consignados. Al cierre de esta edición, no se recibió respuesta formal acompañada de documentación apostillada que acredite una eventual desestimación definitiva del proceso en México. Cualquier aclaración o comprobante oficial que sea remitido será publicado de manera íntegra.
Conclusión: transparencia, legalidad y responsabilidad institucional
Que una persona con antecedentes judiciales documentados en el extranjero figure hoy como dirigente política y candidata en Costa Rica no es un hecho menor: plantea cuestionamientos directos sobre los estándares de transparencia, legalidad y ética pública. Corresponde a la Fiscalía General de la República y al Tribunal Supremo de Elecciones esclarecer —con documentación verificable— el estado del caso y los criterios aplicados para permitir la inscripción de Mayuli Ortega Guzmán como Presidenta Propietaria de una agrupación con aspiraciones de influencia nacional.
