Mayuli Ortega Guzmán, fundadora del Partido Pueblo Soberano y asesora de Casa Presidencial, arrastra denuncias por presunta falsificación y señalamientos por vínculos con políticos corruptos y redes del narcotráfico en México.
La actual asesora de Rodrigo Chaves y presidenta fundadora del Partido Pueblo Soberano (PPS), una mujer de apellido Ortega Guzman, cuenta con un oscuro historial en la política mexicana. Su paso por Veracruz, uno de los estados más golpeados por la corrupción y la violencia del narcotráfico, estuvo marcado por denuncias de falsificación de documentos, nexos con políticos investigados por desvío de fondos y vínculos con redes de poder ligadas al crimen organizado.
Mayuli Ortega Guzmán: de Veracruz a Casa Presidencial y su historial de escándalos
Ortega Guzmán, de nacionalidad costarricense, pasó más de 30 años en México, donde tejió relaciones políticas con el cuestionado exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, actualmente encarcelado por corrupción y con un proceso abierto por delitos de lesa humanidad. Su exesposo, Wenseslao Santiago Castro, fue alcalde de Tecolutla y aliado cercano del PRI, partido que gobernó la región con una administración plagada de escándalos financieros y vínculos con redes criminales.
Durante su gestión como primera dama del municipio, Mayuli Ortega Guzmán ejerció un papel clave en las decisiones de su esposo, quien además mantenía estrechos lazos con Vicente Benítez González, otro político señalado por millonarios desvíos de recursos en el gobierno duartista.
Denuncias por falsificación de documentos y fraudes electorales
En 2017, Ortega Guzmán intentó lanzarse como alcaldesa de Tecolutla por el Partido Verde, en coalición con el PRI. Sin embargo, su candidatura fue impugnada luego de que el opositor Partido Acción Nacional (PAN) denunciara que la costarricense había presentado documentos falsificados para obtener la nacionalidad mexicana.
Las pruebas eran contundentes: existían dos actas de nacimiento con datos contradictorios y un pasaporte costarricense vigente que invalidaba su aspiración a un cargo público en México. Ante las evidencias, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales abrió una causa penal en su contra y un juez de Control determinó iniciarle un juicio por falsificación de documentos.
Pese a estas denuncias, Ortega continuó su actividad política como coordinadora distrital del Partido Verde en 2018, acompañando la campaña de su esposo a la diputación federal. En sus redes sociales, aparecen imágenes con figuras como Javier Herrera Borunda, hijo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, bajo cuya administración el cartel de Los Zetas consolidó su control territorial en Veracruz.
De la política mexicana al uso de trolls en Costa Rica
Tras perder influencia en México, Ortega Guzmán reapareció en Costa Rica como una de las operadoras políticas de Rodrigo Chaves. Su nombre cobró notoriedad cuando la Comisión Especial Investigadora del Financiamiento de Partidos Políticos la citó a declarar por el pago al troll Piero Calandrelli, utilizado para atacar periodistas y opositores del gobierno.
Durante su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, la asesora presidencial se abstuvo de responder preguntas en 51 ocasiones, alegando que su silencio era para evitar incriminar a otras personas. Sin embargo, sí reconoció haber transferido dinero a Alberto Vargas Zúñiga, alias Piero Calandrelli, aunque intentó justificarlo como un “favor a una amiga“.
La sombra del narco y el dinero sucio en el gobierno de Chaves
La trayectoria de Mayuli Ortega refleja un patrón preocupante: una funcionaria con pasado oscuro en la política mexicana, vinculada a estructuras corruptas y redes de poder con conexiones en el crimen organizado, hoy ocupa una posición clave dentro de la administración de Rodrigo Chaves.
La gran pregunta es: ¿Qué papel juega Ortega dentro del aparato gubernamental de Chaves y qué intereses representa? Su historial sugiere que su presencia en Casa Presidencial no es casualidad, sino parte de un entramado de influencias que podrían comprometer la institucionalidad costarricense.
