Exministros, jerarcas y el abogado de Chaves arrastran causas penales
El proyecto político vinculado al chavismo costarricense llega a la contienda electoral con un lastre imposible de ocultar: 59 causas penales activas que pesan sobre su candidata presidencial y su nómina de aspirantes a diputaciones. Lejos de ser casos aislados, se trata de un patrón sistemático que involucra a exministros, expresidentes ejecutivos de instituciones clave, jerarcas públicos y figuras cercanas al presidente Rodrigo Chaves.
La información, confirmada a partir de datos del Ministerio Público, revela que varias de las personas ubicadas en primeros y segundos lugares de papeletas provinciales enfrentan investigaciones por delitos como nombramientos ilegales, prevaricato, peculado, malversación, tráfico de influencias, abuso de autoridad y fraude contra la Hacienda Pública.
Chavismo lleva a las papeletas 59 causas penales: candidatos a diputaciones arrastran expedientes por corrupción, abuso de poder y tráfico de influencias
El detalle de los expedientes: quiénes son y qué enfrentan
🔴 Marta Esquivel Rodríguez – Heredia (primer lugar)
Expresidenta de la CCSS y exministra de MIDEPLAN.
📂 14 causas penales:
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5 por Nombramientos ilegales
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3 por Incumplimiento de deberes
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2 por Prevaricato
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1 por Tráfico de influencias
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1 por Malversación
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1 por Peculado
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1 por Abuso de autoridad
🔴 Nogui Acosta Jaén – San José (primer lugar)
Exministro de Hacienda.
📂 11 causas penales:
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3 por Influencia contra la Hacienda Pública
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3 por Prevaricato
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2 por Nombramientos ilegales
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1 por Incumplimiento de deberes
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1 por Fraude a la Hacienda Pública
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1 por Apropiación y retención indebida
🔴 Anna Katharina Müller Castro – San José (sexto lugar)
Exministra de Educación Pública.
📂 8 causas penales:
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3 por Nombramientos ilegales
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3 por Incumplimiento de deberes
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1 por Peculado
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1 por Tráfico de influencias
🔴 Stephan Brunner Neibig – San José (tercer lugar)
Exprimer vicepresidente de la República.
📂 5 causas penales:
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2 por Tráfico de influencias
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2 por Recepción de contribuciones privadas ilegales (una remitida a Sala Tercera)
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1 por Incumplimiento de deberes
🔴 José Miguel Villalobos Umaña – Alajuela (primer lugar)
Abogado personal del presidente Rodrigo Chaves.
📂 1 causa penal por Abuso de autoridad
💸 Deuda superior a ₡300 millones con la CCSS
⚠️ Ha sido defensor en casos de crimen organizado como Caso Fénix y Caso Pana, y en el pasado representó a personas condenadas por delitos graves, incluidos violación, asesinato y femicidio.
🔴 Robert Barrantes Camacho – Cartago (segundo lugar)
Influencer conocido como Robert Junior.
📂 2 causas penales:
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Abuso de autoridad
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Peculado
🔴 Royner Mora Ruiz – Puntarenas (primer lugar)
Exministro del Deporte.
📂 2 causas penales:
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Prevaricato
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Tráfico de influencias
🔴 Esmeralda Britton González – San José (octavo lugar)
Expresidenta de la Junta de Protección Social.
📂 1 causa penal por Administración irregular
🔴 Juan Manuel Quesada – Heredia (segundo lugar)
Expresidente ejecutivo del AyA.
📂 1 causa penal por Tráfico de influencias
🔴 María Isabel Camareno Camareno – Puntarenas (segundo lugar)
Exdirectiva de la CCSS, imputada en el Caso Barrenador.
📂 1 causa penal por Tráfico de influencias
🔴 Osvaldo Artavia Carballo – Limón (primer lugar)
Expresidente del INDER.
📂 1 causa penal por Tráfico de influencias
Exministros, expresidentes ejecutivos, jerarcas y el abogado del presidente Rodrigo Chaves figuran entre los aspirantes con causas abiertas ante el Ministerio Público
Un patrón, no coincidencias
El denominador común es claro: figuras con poder, cercanas al Ejecutivo, hoy buscan una curul legislativa mientras enfrentan investigaciones penales. La repetición de delitos asociados al abuso de poder y tráfico de influencias plantea una pregunta inevitable para el electorado:
👉 ¿Se trata de candidaturas para representar al pueblo o de intentos por obtener fuero político?
La Asamblea Legislativa no está diseñada para ser refugio de expedientes incómodos, ni una salida elegante frente a la acción de la justicia.
Democracia, ética y derecho a saber
Todas las personas aquí mencionadas gozan de presunción de inocencia, pero el interés público es incuestionable. El electorado tiene derecho a saber quiénes aspiran a legislar, qué antecedentes arrastran y qué tipo de Estado pretenden construir.
En una democracia sana, la ética no se negocia y las papeletas no pueden convertirse en escudos de impunidad.
🧭 Conclusión
El chavismo llega a las elecciones con una carga judicial sin precedentes en su nómina legislativa. No es una campaña sucia, no es persecución política: son datos oficiales. Costa Rica merece representantes con credibilidad, sin cuentas pendientes con la ley y con respeto por las instituciones públicas.
Después, que nadie diga que no sabía.
Esta nota es basada en información publicada por CRHoy