Documentos oficiales revelan que el AyA no puede pagar servicios ejecutados sin pedidos, contratos ni aval de Junta Directiva
La reorganización administrativa del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), impulsada durante la gestión de Juan Manuel Quesada Espinoza, ex presidente ejecutivo de la institución y hoy candidato a diputado del chavismo por Heredia, terminó convertida en una reorganización fantasma: se ejecutó en la práctica, pero sin respaldo administrativo, financiero ni legal, y finalmente fue anulada por la propia Junta Directiva.
Así lo confirman tres documentos oficiales, que reconstruyen una línea de tiempo clara y demoledora sobre uno de los episodios más graves de desorden institucional vividos recientemente en el AyA.
La institución reconoce que no sabe cómo pagar
En respuesta a una solicitud de información del sindicato SITRAA, la Gerencia General del AyA admitió por escrito que:
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No se realizaron pagos al Consorcio Aguas de Escazú
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No existen solicitudes de pedido
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No hay gestiones en Proveeduría
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No hubo autorización de la Junta Directiva
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Nunca se informó al BCIE sobre el uso de fondos
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No hay respaldo administrativo para tramitar pagos
Todo ello vinculado a la reorganización institucional asociada al Acuerdo de Junta Directiva 2025-0200, hoy anulado.
En términos simples: el AyA recibió servicios, pero no tiene cómo pagarlos porque nunca debieron ejecutarse bajo ese esquema.
Quesada dirigió políticamente la reorganización con apoyo del consorcio
El Acta Ordinaria N.° 0039-2025, del 21 de julio de 2025, deja constancia de que la reorganización fue:
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Presentada y defendida ante la Junta Directiva
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Presidida por Juan Manuel Quesada Espinoza
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Elaborada por consultores del Consorcio Aguas de Escazú
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Trabajada durante más de un año por encargo directo del entonces presidente ejecutivo
En la sesión, Quesada no solo respalda la propuesta, sino que reconoce públicamente que los consultores fueron “pieza fundamental” de su gestión, asumiendo la dirección política del proceso.
Sin embargo, en esa misma acta no consta aprobación de contratación, pagos ni uso de licitación internacional, una omisión que hoy explica el vacío legal y financiero que enfrenta la institución.
La Junta Directiva terminó anulando el acuerdo
El desenlace llega el 12 de noviembre de 2025, cuando la Junta Directiva del AyA, mediante el Acuerdo N.° 2025-0336, decide dejar sin efecto el Acuerdo N.° 2025-0200, con el cual se había avalado la propuesta de reorganización administrativa.
El acuerdo es firme y explícito:
la reorganización queda anulada
Una bomba administrativa heredada al AyA
El resultado es un escenario alarmante:
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Una reorganización ejecutada sin respaldo
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Servicios prestados sin contrato válido
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Fondos comprometidos sin autorización
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Un acuerdo posteriormente anulado
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Y una institución pública sin claridad sobre cómo responder financiera y legalmente
Todo ello bajo la gestión de Juan Manuel Quesada Espinoza, hoy aspirante a una curul legislativa.
Documentos, no discursos
Este caso no se sostiene en filtraciones ni versiones políticas.
Se sostiene en actas oficiales, acuerdos firmes y respuestas institucionales.
La reorganización del AyA no fracasó:
nunca debió ejecutarse como se ejecutó.
Y ahora, mientras el exjerarca pide votos, el AyA sigue pagando —en credibilidad, en orden institucional y posiblemente en recursos públicos— las consecuencias de una reorganización sin transparencia.
