La fracción oficialista dice no conocer a los 18 candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional, pese a que Pilar Cisneros integró la Comisión de Nombramientos que estudió esos expedientes y votó por varios de ellos.
Sala Constitucional: no faltan nombres, sobra filibusterismo
El chavismo quiere llevar la Sala Constitucional al cierre técnico. Esa es la única explicación razonable para que su fracción se oponga en bloque a votar por alguno de los nombres propuestos por la Corte Suprema de Justicia y analizados por la Comisión de Nombramientos.
Y aquí empieza la contradicción. Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista anterior, formó parte de esa Comisión de Nombramientos. No solo conoció el proceso: votó en Comisión por varios de los mismos nombres que hoy el chavismo rechaza o bloquea para ocupar magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.
Entre esos nombres estaban Fernando Lara, Aracelly Pacheco, Abraham Sequeira, Mauricio Chacón y Roberto Garita. Luego, en el Plenario, el oficialismo cambió el tono: votó por otros perfiles, se salió de votaciones o terminó entrabando el proceso.
Incluso Alejandro Delgado Faith llegó a 37 votos, apenas uno menos de los 38 necesarios para ser electo. Aracelly Pacheco alcanzó 35 votos. Es decir, no faltaban perfiles, no faltaban atestados y tampoco faltaba cercanía al consenso. Lo que apareció fue una decisión política de impedir que la Sala Constitucional recuperara plenamente sus suplencias.
Ahora, la nueva fracción chavista se niega a votar por alguno de esos candidatos. Y aparece el diputado oficialista de Alajuela, Wilson Jiménez Cordero, diciendo que “no los conocemos y no confiamos en ellos”.
¿No los conocen? Entonces veamos quiénes son los 18 candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional y algunos de sus atestados.
Sala Constitucional
Los 18 nombres que el chavismo dice no conocer
Perfiles enviados por la Corte Suprema de Justicia para magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, con trayectorias judiciales, constitucionales, administrativas, académicas e institucionales.
Derecho penal económico
Fernando Lara Gamboa
Abogado con formación internacional en prevención de blanqueo de dinero, fraude fiscal y compliance. Tiene estudios en Madrid, Salamanca, Estrasburgo y Texas. Ya fue magistrado suplente de la Sala Constitucional desde 2021.
Carrera judicial
Mauricio Chacón Jiménez
Funcionario judicial desde 1991. Ha sido defensor público, juez de ejecución de la pena, juez penal, civil y de familia. Actualmente es juez del Tribunal de Familia. Fue magistrado suplente de la Sala Constitucional entre 2017 y 2021.
Mérito judicial
Alexandra Alvarado Paniagua
Jueza con 33 años en el Poder Judicial, 30 como jueza decisora. Tiene estudios doctorales en Derecho Administrativo, Hacienda y Justicia en Salamanca. Recibió el Certificado de Mérito Judicial por servicio sin sanciones disciplinarias.
Contraloría y Sala IV
Aracelly Pacheco Salazar
Doctora en Derecho, abogada y notaria. Exfuncionaria de alto nivel de la Contraloría General de la República y exsubcontralora general. Fue magistrada suplente de la Sala Constitucional en los períodos 2010-2017 y 2022-2025.
Justicia constitucional
Abraham Sequeira Morales
Máster en Justicia Constitucional por la UCR. Fue defensor público y letrado de la Sala Constitucional. También coordinó materia penal, flagrancia y monitoreo de celdas del OIJ contra abusos de autoridad.
Experiencia internacional
Kattia Araya Zúñiga
Abogada de la UCR con estudios en Derecho Comercial Internacional en Houston. Fue coordinadora de Revisión de Cumplimiento en el BID entre 2022 y 2025. También fue jefa de gabinete en Cancillería entre 2014 y 2017.
Contencioso administrativo
Roberto Garita Navarro
Abogado con experiencia como letrado de la Sala Primera. Desde 2008 es juez superior del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Fue magistrado suplente de la Sala Constitucional entre 2021 y 2025.
Salas de casación
Jorge Isaac Solano Aguilar
Jurista vinculado al Poder Judicial desde 2003. Fue magistrado suplente de la Sala Primera y de la Sala Constitucional. También ha sido abogado externo del Banco Popular y del Instituto Nacional de Seguros.
Violencia doméstica
Songhay White Curling
Especialista en derecho de familia, pensiones alimentarias y violencia doméstica. Es jueza de violencia doméstica, familia y pensiones alimentarias. Desde 2015 coordina el Juzgado de Violencia Doméstica y Protección Cautelar del III Circuito Judicial de San José.
Justicia de familia
Ana Cristina Fernández Acuña
Máster en Administración de Justicia con énfasis en relaciones familiares. Ingresó al Poder Judicial en 1990. Ha sido jueza contravencional, de tránsito, civil, laboral, de pensiones, familia y violencia doméstica. Fue magistrada suplente de la Sala Constitucional.
Derecho privado
Ana María Picado Brenes
Doctora en Derecho Privado por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido jueza coordinadora del Tribunal de Familia y letrada de la Sala Primera. Fue magistrada suplente de la Sala Constitucional desde 2017 hasta 2025.
Derecho público
Ileana Sánchez Navarro
Jueza del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda desde 2008. Cuenta con maestría en Derecho por la UCR. Ha sido magistrada suplente de la Sala Constitucional desde 2017.
Trayectoria judicial
Nelda Jiménez Rojas
Abogada especialista en Derecho Notarial y Registral. Inició en el Poder Judicial en 2005. Ha ejercido como jueza en violencia doméstica, niñez, trabajo, familia y otras materias jurisdiccionales.
Derecho público
Rosibel Jara Velásquez
Egresada del doctorado en Derecho Público de la Escuela Libre de Derecho. Fue jueza del Tribunal Contencioso Administrativo y magistrada suplente de la Sala Constitucional durante el período 2021-2025.
Derecho constitucional
Alejandro Delgado Faith
Abogado y notario con más de 30 años de experiencia en derecho público, constitucional, administrativo y notarial. Ha sido árbitro de derecho y asesor jurídico de juntas directivas, fiscalías, tribunales profesionales e instituciones públicas.
Regulación pública
Christian Campos Monge
Doctor en Derecho e investigador por la UNED. Máster en proyectos de colaboración público-privada por la Universidad Isabel I–Structuralia. Fue miembro titular de Coprocom, director en Conavi y director jurídico de Racsa.
Control de legalidad
Álex Rojas Ortega
Máster en Derecho Constitucional por la UNED. Es juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda desde 2018. Su trayectoria se concentra en derecho público, control de legalidad administrativa y justicia contenciosa.
Violencia social y familiar
Raúl Madrigal Lizano
Juez con más de 25 años de experiencia en materia contravencional, pensiones alimentarias, familia, penal juvenil, violencia doméstica y tribunales penales. Tiene maestría en Estudio de la Violencia Social y Familiar por la UNED.
Esta nómina no apareció de la nada: fue enviada por la Corte Suprema de Justicia y revisada dentro del proceso legislativo de nombramientos. El problema no son los nombres. El problema es el bloqueo político.
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De esos 18 nombres, nueve fueron recomendados por la Comisión de Nombramientos: Kattia Araya, Alexandra Alvarado, Fernando Lara, Aracelly Pacheco, Abraham Sequeira, Songhay White, Mauricio Chacón, Jorge Isaac Solano y Roberto Garita. El resto también forma parte de la lista enviada por la Corte Suprema de Justicia al Congreso… Pero ahora resulta que el chavismo no los conoce. No confía en ellos. No le sirven.
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Expediente de confianza
Entonces hablemos de confianza
Mientras el chavismo dice no conocer a los candidatos a la Sala Constitucional, varios de sus propios diputados cargan cuestionamientos que merecen explicación pública.
Cuestionamiento público
José Miguel Villalobos
Abogado de narcotraficantes y criminales, y además deudor de más de ₡300 millones a la CCSS.
Señalamientos en México
Mayuli Ortega
Señalada por fraude electoral en México y por sus vínculos con figuras del poder político mexicano, incluyendo el entorno del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
Condena penal
Gonzalo Ramírez Zamora
Falsificó la firma de un juez y estuvo preso por ese delito.
Caso judicial familiar
Esmeralda Britton
Su hijo figura como sospechoso en el proceso judicial por el asesinato de Christian Tijerino.
Trayectoria desconocida
Robert Jr.
Un tiktoker sin profesión conocida que llegó a una curul en una bancada que ahora dice no conocer a perfiles revisados para la Sala Constitucional.
CCSS y caso Barrenador
Marta Eugenia Esquivel
No devolvió a la CCSS ₡27 millones en sobresueldos y además figura como imputada en el caso Barrenador.
Caso Barrenador
María Isabel Camareno
También figura como imputada en el caso Barrenador.
Caso penal familiar
Ana Ruth Esquivel Medrano
Persona sin bachillerato de secundaria que figura como imputada en un caso vinculado a su hijo, condenado a 14 años de prisión por la violación de una persona menor de edad. Según los señalamientos, habría intentado sobornar a la víctima para que no testificara.
Sanción laboral
Kattia Calvo
Despedida de la Policía Municipal por ver pornografía en horas laborales y por acoso sexual contra compañeros de trabajo.
Vínculo familiar
Daniel Siezar
Padre de un narcotraficante que murió en un accidente de tránsito mientras transportaba droga.
Entonces, si vamos a hablar de “no conocer” a quienes llegan a cargos de representación, la pregunta también debe hacerse al revés:
¿A él quién lo conocía? ¿A cuántos de sus compañeros de curul los conocía realmente el país?
Wilson Jiménez y varios de sus compañeros están ahí porque fue Pilar Cisneros quien apareció en vallas, pancartas y propaganda. A él nadie lo conocía. A buena parte de esa bancada tampoco.
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Por eso el chavismo no tiene estatura moral para rechazar estas candidaturas como si estuviera defendiendo la pureza de la República. No estamos hablando de una lista improvisada ni de nombres sacados de una servilleta: son perfiles enviados por la Corte Suprema de Justicia, revisados en el proceso legislativo y conocidos por una Comisión de Nombramientos donde Pilar Cisneros tuvo participación directa.
La excusa de “no los conocemos” no los salva; los hunde. Porque si no los conocen, entonces confiesan su propia incompetencia para ejercer el cargo. Y si sí los conocen, pero aun así dicen no conocerlos, entonces estamos ante un doble discurso calculado para justificar el bloqueo político de la Sala Constitucional.
La contradicción es evidente: primero los conocieron, los evaluaron y hasta respaldaron varios de esos nombres. Luego, cuando llegó la hora de elegir, cambiaron el discurso y convirtieron una lista de profesionales con atestados revisados en una excusa para paralizar las suplencias de la Sala Constitucional.
En otras palabras: el problema no eran los nombres… El problema era quién quería controlar el nombramiento.
Y cuando una fracción política prefiere debilitar la Sala Constitucional antes que permitir que funcione con independencia, ya no estamos ante una diferencia de criterio. Estamos ante una estrategia de demolición institucional.
Costa Rica no puede quedar en manos de quienes no buscan construir, sino destruir los contrapesos democráticos. Porque una cosa es disputar el poder en democracia, y otra muy distinta es intentar quebrar las instituciones que impiden que el poder se vuelva absoluto.
Antecedente documentado
El bloqueo a la Sala IV ya había encendido las alarmas
Radio Zurquí ya había documentado cómo la falta de nombramiento de magistrados suplentes ponía en riesgo el funcionamiento de la Sala Constitucional y abría una crisis institucional.
Leer el antecedente completo →
Que señalen con nombres y apellidos
Si el diputado Wilson Jiménez, alguno de sus compañeros de fracción o sus seguidores en redes sociales conocen algún caso concreto que comprometa a cualquiera de los 18 candidatos a magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, entonces que lo digan con nombres, apellidos, hechos y pruebas.
Si alguno de esos candidatos ha representado narcotraficantes, mantiene nexos con el crimen organizado internacional, es padre o madre de narcotraficantes o violadores, adeuda sumas millonarias a la CCSS, fue sancionado por conductas graves o carga cuestionamientos equivalentes a los que pesan sobre figuras de Pueblo Soberano, que lo señalen públicamente.
Pero que no vengan con generalidades, insinuaciones ni frases vacías como “no los conocemos” o “no confiamos en ellos”. En una democracia seria, las acusaciones se sostienen con hechos, no con consignas.
Nosotros señalamos con nombres y apellidos. Que ellos hagan lo mismo.
Este Paisano
Erick Sojo Marín, “Este Paisano”, es fundador y director de Radio Zurqui. Periodista digital y comunicador político con amplia experiencia en análisis nacional e internacional. Defensor del periodismo independiente, la libertad de expresión y la institucionalidad democrática.
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