El odio político ha dejado de ser una emoción pasajera para convertirse en una forma de militancia: una que justifica la corrupción, celebra la ignorancia y convierte la defensa de los poderosos en una bandera para quienes más sufren sus consecuencias.
Esta columna, escrita por Erick Sojo Marín, no pretende suavizar una realidad que ya perdió toda delicadeza. Es una lectura frontal sobre la Costa Rica que cambió la indignación por fanatismo, la crítica por obediencia y la memoria democrática por una rabia dirigida contra cualquiera que cuestione al poder. Desde esa herida nace esta reflexión.
Desde que Rodrigo Chaves llegó al poder en 2022, se despertó el gen de la ignorancia, la estupidez y el odio en la gente.
Hoy, en Costa Rica, la estupidez se pasea libremente por redes sociales y grupos donde ser estúpido parece ser motivo de orgullo.
Y antes de que digan que la palabra “estúpido” es muy dura, déjenme argumentar por qué lo digo.
Antes, en los gobiernos del PUSC, del PLN y del PAC, todos estábamos de acuerdo en que había corrupción, y nos indignábamos cuando salía un diputado como Jorge Angulo, Carlos Avendaño, Justo Orozco, Lionel Villalobos o, más recientemente, Gustavo Viales, mencionado en casos de narcotráfico.
No importa el nombre o el partido. Escójalo usted. No ha habido un solo partido que esté libre de que alguno de sus miembros haya sido mencionado en casos de corrupción o narcotráfico. El punto es que antes, en la Costa Rica que nos arrebataron, todos nos enojábamos por los casos de corrupción. La gente de a pie iba a votar, sí, pero también señalaba a los políticos por los que votó cuando estos eran cuestionados por corrupción.
Hoy, en la era de la Costa Rica chavista, la gente de a pie, la gente más humilde, la más necesitada, el costarricense que la pulsea para llegar a fin de mes con los cinquitos que le quedan de su salario, defiende a corruptos y sinvergüenzas.
Y no solo los defienden: están dispuestos a injuriar, calumniar, dañar honras y destruir a quien sea con tal de defender a su corrupto. Es como si hubieran adoptado a un corrupto, porque por él están dispuestos a todo.
En los últimos días hemos visto nombramientos por parte del gobierno de Laura Fernández que dan asco y estupor. Solo por mencionar un par: Óscar Romero, nombrado Gerente de Operaciones del ICE, quien tiene una investigación en curso tramitada en la causa penal 25-000153-0033-PE, a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Pero, además, la ministra de Ambiente y Energía, Mónica Navarro del Valle, designó a Ulises Álvarez Acosta como secretario general y director general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Álvarez Acosta ya había ocupado la dirección de la Setena. En junio de 2022 fue nombrado en el puesto por el exministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, pero en junio de 2024 fue arrestado y separado del cargo por su vínculo con el caso Comején.
Eso solamente por mencionar dos casos del Poder Ejecutivo donde personas con expediente judicial abierto han sido nombradas en puestos de confianza.
Pero si nos vamos al Poder Legislativo, donde el chavismo tiene mayoría, podemos ver a personas como:
José Miguel Villalobos, abogado de narcotraficantes y femicidas, quien además le debe más de 300 millones de colones a la CCSS y a quien un juzgado le embargó las dietas. Los chavistas lo defienden.
Marta Eugenia Esquivel, con proceso abierto por el caso Barrenador, y quien no le devolvió 27 millones de colones a la CCSS que se le pagaron en sobresueldos. Los chavistas la defienden.
Ana Ruth Esquivel Medrano, quien fue arrestada por tratar de sobornar a la víctima de su hijo, una persona menor de edad que fue violada por el hijo de la hoy diputada. Los chavistas la defienden.
Mayuli Ortega Guzmán, presidenta de PPSO y actual diputada, fue sometida a proceso en México por falsificar documentos federales y presentarse a una candidatura de elección popular con documentos apócrifos. Los chavistas la defienden.
Pero el caso que rompe con toda lógica es el de la persona extranjera de origen venezolano a quien Laura Fernández premió con una embajada en la ONU: el ciudadano Boris Marchegiani. Este empresario le debe al Banco Nacional 8 millones de dólares que sacó en préstamo para construir un hotel en Quepos. Tiene más de ocho años de no pagar el préstamo y está en pleito con el banco para no pagarle.
Los chavistas defienden ese nombramiento y justifican que el señor Marchegiani no le pague al banco.
Todo esto por odio a “los partidos añejos”. Lo curioso es que todos y cada uno de los miembros de Pueblo Soberano vienen de esos “partidos añejos”: desde la presidenta Fernández, quien anduvo por el PLN y otros partidos satélite; José Miguel Villalobos, quien fue parte del PLN, del PUSC, buscó trinchera en el FA y alabó al PAC.
Y bueno, los financistas de campaña son los mismos que siempre financiaron a esos partidos. El mismo Marchegiani siempre invirtió parte del dinero que se ahorró al no pagarle al Banco Nacional en las campañas del PLN, del PUSC, del Movimiento Libertario, etc.
Y uno entendería que los ricos se defiendan entre sí. Por ejemplo, Nogui Acosta salió a defender a Marchegiani y dijo que “mientras haya buena voluntad” eso era lo importante. También dijo que “ser moroso en deudas no inhabilita a nadie a ser embajador”.
Pero que salga don Pedro, doña María, doña Rosa, don Jacinto y cualquier hijo de vecino defendiendo eso; cualquier persona que con costos llega a fin de semana y que, si no es porque le pide fiado a don Jorge, el de la pulpería, se muere de hambre junto a su familia, ¡eso! Eso raya en la estupidez. En la estupidez que solo el odio pudo sacar a flote.
Ahora sí, chavistas: estos son mis argumentos para decirles a ustedes ignorantes, estúpidos y acéfalos. Denme sus argumentos para decir que yo estoy equivocado.
