La Contraloría General de la República se acerca a un relevo clave en 2028, mientras una reciente reunión política enciende alertas sobre lo que podría venir después.
El futuro de la Contraloría General de la República puede parecer todavía lejano, pero las señales que se están dando hoy obligan a mirar más allá del calendario. Y es ahí donde, como columnista, tengo algo que decir.
Contraloría General de la República: el relevo que puede cambiar el equilibrio institucional
El 7 de mayo de 2028 terminan los nombramientos de las actuales autoridades de la Contraloría General de la República.
Ese año terminan tanto el nombramiento de la actual contralora de la República, doña Marta Acosta, como el del subcontralor, y los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa tendrán que elegir nuevas autoridades.
Como ha sido notorio a nivel nacional, doña Marta Acosta ha sido una piedra en el zapato de Rodrigo Chaves y de sus intentos por destruir la institucionalidad de Costa Rica.
Chaves la ha atacado con todo tipo de epítetos y descalificaciones, mismos que sus huestes en redes sociales han repetido como libreto ensayado.
Lamentablemente, doña Marta Acosta lleva varias semanas fuera de la Contraloría, no porque se haya pensionado o haya renunciado. Una enfermedad la ha mantenido fuera de funciones desde hace más de un mes.
El tiempo ha sido suficiente para que el subcontralor, Bernal Aragón —quien, según mis fuentes, está deseando que doña Marta no vuelva porque quiere ocupar su puesto y es amigo de Zapote—, se fuera ayer, de manera privada, a reunirse con el “presidente de hecho”, Rodrigo Chaves.
Eso tiene nombre y se llama deslealtad, no solo hacia la contralora, sino contra Costa Rica.
Según fuentes consultadas, el señor Bernal Aragón es un personaje de la vieja política… de esos que el chavismo dice combatir, pero que recluta. Tipo Freddy Gonzales y otros oportunistas que mamaron de la teta del PLN o del PUSC por mucho tiempo, que han sido cuestionados, pero que hoy están en las filas del chavismo…
A esa reunión, a la que acudió el subcontralor, no fue invitada la prensa nacional ni mucho menos la prensa institucional. La reunión salió a la luz pública porque medios nacionales captaron a don Bernal en Casa Presidencial y posteriormente saliendo en un carro sin distintivos institucionales visibles.
No hubo un comunicado previo que anunciara el encuentro. Él, personalmente, respondió algunas consultas puntuales de medios de comunicación.
Y aquí es donde viene lo grave: la Asamblea Legislativa tendrá que elegir al nuevo contralor o contralora y al subcontralor o subcontralora… y el chavismo tiene 31 votos. 31 diputados que no piensan y no tienen decisión propia, 31 personas leales al presidente Chaves.
Sabemos que la Contraloría tiene competencias constitucionales y legales y que siempre cumple con la ley en la mano. Y tiene funcionarios de carrera con orientaciones éticas sólidas.
Por eso, si alguien intenta violentar esto, la Constitución garantiza que le será difícil evitar el escrutinio público. Pero también sabemos que, en un proyecto autoritario y dictatorial, esas garantías no siempre son suficientes.
Doña Marta Acosta, por cuestiones de salud, posiblemente se pensione al acabar su período, pero si tuviera que retirarse antes por esos mismos motivos, la mayoría legislativa podría tener en sus manos la elección de quien ocupe ese puesto. Y en 2028 esa misma mayoría tendrá la posibilidad de elegir a un contralor o contralora a su modo por ocho años.
Y todas las personas consultadas para escribir este artículo han coincidido en señalar que, a su juicio, don Bernal no necesita que lo convenzan o lo chantajeen: él es chavista.
Basta ver lo que ha pasado en países como Venezuela, Nicaragua o El Salvador cuando los controles institucionales se debilitan: los contratos terminan repartiéndose a dedo, los concursos se vuelven un estorbo y la corrupción encuentra terreno fértil. Y cuando eso pasa, seguirle la pista al dinero se vuelve cada vez más difícil.
Incluso hacen auditorías para buscar contratos entre privados y el Estado. Pongamos un ejemplo: hacen una auditoría, dicen que los carros del Estado ya están viejos y, con ese argumento, abren la puerta para comprar una flotilla nueva sin mayores controles. Y ahí comienza la rebatiña: quién ofrece la mejor dádiva para quedarse con el contrato.
Costa Rica está hoy en un punto de quiebre.
Lo que yo vi venir en 2021 si llegaba Chaves al poder ya no es una teoría conspirativa de Este Paisano, es un hecho.
¿Logrará la institucionalidad de Costa Rica soportar este embate? ¿Podrá la Contraloría General de la República, en el marco constitucional, resistir a un contralor que sería un títere?
Si no resistieron los órganos contralores de Venezuela, El Salvador y Nicaragua, ¿por qué podría el nuestro?
Que el 18 de setiembre de 2026 quede en los anales de la historia como el día en que la Contraloría General de la República empezó a caer, con la visita de Aragón a Chaves.
Espero equivocarme.