La Contralora General de Costa Rica, Marta Acosta acusa al presidente Chaves de difundir falsedades y denuncia presión indebida contra la institucionalidad.
La contralora general, Marta Acosta, respondió con contundencia a las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, asegurando que se trata de “falsedades temerarias” que afectan su honra personal y su función como jerarca de la Contraloría General de la República.
El pronunciamiento, fechado el 19 de marzo de 2026, surge tras las manifestaciones realizadas por el mandatario el día anterior, en las que cuestionó públicamente el accionar de la Contraloría en relación con decisiones de control fiscal.
Contralora rechaza acusaciones sobre escáneres
Sin embargo, la contralora Costa Rica desmintió esa afirmación de forma categórica, indicando:
De acuerdo con el documento oficial de la Contraloría General de la República, ni su persona ni la institución que dirige se han opuesto a la implementación de controles no intrusivos en el país.
Además, aclaró que nunca ha realizado gestión alguna para que Costa Rica adquiera escáneres de un proveedor específico o de determinada procedencia.
La jerarca enfatizó que, en el caso mencionado, la institución se limitó a advertir sobre la necesidad de gestión administrativa, sin intervenir en decisiones operativas.
Marta Acosta niega vínculos indebidos
En su respuesta, la Contralora General también abordó declaraciones del presidente Rodrigo Chaves que, según indicó, incluyeron insinuaciones sobre supuestos vínculos con proveedores chinos y señalamientos de extrema gravedad que podrían asociar su gestión con actividades ilícitas.
- Nunca ha recibido beneficios indebidos
- No ha favorecido a grupos vinculados al narcotráfico
- No ha actuado en beneficio de terceros
Estas declaraciones buscan desmontar cualquier intento de vincular la gestión de la contralora Marta Acosta con intereses ilegales o ajenos al interés público.
Contralora General exige retractación inmediata
La respuesta cierra con una solicitud directa al presidente de la República:
La contralora Costa Rica solicitó la inmediata retractación por las afirmaciones realizadas.
Este punto marca un escalamiento en el conflicto, trasladándolo del ámbito discursivo a una exigencia formal de corrección pública.
El objetivo resulta claro: deslegitimar a la Contraloría General de la República, una de las instituciones clave en el control del poder público.
Este tipo de discurso no solo erosiona la confianza institucional, sino que plantea serias preocupaciones sobre el respeto al equilibrio democrático y la independencia de los órganos de fiscalización.
El presidente utiliza la exposición mediática de su cargo para sostener este tipo de señalamientos, en un contexto donde difícilmente se produzca una retractación. Sin embargo, la investidura del cargo de la contralora exige que estos hechos queden documentados y respondidos formalmente.
Más allá del momento político, lo que está en juego es la fortaleza de las instituciones frente al poder.
Tensión institucional en Costa Rica escala
El intercambio entre el presidente Rodrigo Chaves y la contralora evidencia un conflicto institucional que va más allá de una diferencia política.
Por un lado, el Ejecutivo cuestiona decisiones del órgano fiscalizador; por otro, la Contraloría defiende su rol como garante del uso correcto de los recursos públicos.
Contralora no se prestará al show de Chaves
Este tipo de confrontaciones impacta directamente en la percepción ciudadana sobre la independencia de las instituciones y el equilibrio de poderes en el país.
Contraloría General defiende su rol fiscalizador
Su labor fiscalizadora constituye uno de los pilares del equilibrio democrático, al garantizar que las decisiones del poder se sometan a criterios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Cualquier intento de debilitar o desacreditar esta función trasciende el debate político y coloca en el centro una discusión sobre la solidez de las instituciones del Estado.
