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Alberto Guerrero Baena
“Rendir cuentas también se puede aplaudir de pie”, plantea Alberto Guerrero Baena en una columna que pone bajo la lupa la seguridad en México y advierte que el debate no debe quedarse en cifras celebradas, sino en su verdadero valor para el escrutinio público.
Bajo la premisa de que “el primer problema no es la cifra: es el ritual”, el autor examina el discurso oficial sobre la seguridad en México y cuestiona si los avances reportados responden a una política de Estado o a una liturgia política envuelta en aplausos.
Seguridad en México: entre las cifras oficiales y las preguntas que siguen sin respuesta
Antes de discutir homicidios, decomisos o certificaciones, hay que discutir la puesta en escena. México sigue clausurando su ejercicio de rendición de cuentas en seguridad con la liturgia del “día de la presidenta”: patio lleno, aplausos cronometrados, invitados especiales, la mañanera convertida en preámbulo del clímax informativo.
Es un formato heredado del presidencialismo del siglo XX, diseñado para producir unanimidad, no escrutinio.
Cuando un informe se organiza como acto de aclamación —con ovaciones de pie ante cada cifra favorable—, el mensaje que recibe la ciudadanía no es “esto se puede verificar”, sino “esto se debe celebrar”.
Un país con desapariciones diarias y control territorial del crimen organizado no necesita coreografía; necesita comparecencias desagregadas por estado, interpelación legislativa real y un ejercicio técnico separado del narrativo.
Eliminar el ritual del día del presidente o presidenta no es un capricho estético: es la condición previa para que el informe de seguridad deje de ser un evento de aprobación y se convierta, por fin, en un mecanismo de control.
Dicho esto, vale la pena leer lo que el documento realmente dice en materia de seguridad… o inseguridad.
El país que cabe en una gráfica
El Segundo Informe de Gobierno 2025-2026 reporta una reducción de 54% en delitos de alto impacto respecto de 2018, una caída de 33% en julio de 2026 frente a octubre de 2024, y un descenso del promedio diario de homicidios dolosos de 86.9 víctimas (septiembre 2024) a 42.5 (julio 2026): 51% menos (cifras del propio informe oficial; no verificadas de forma independiente en esta columna).
Es un dato relevante —negarlo sería absurdo—.
Pero una reducción estadística demuestra una reducción estadística; no demuestra que la estrategia completa sea responsable de ella, que sea sostenible, ni que exista transformación estructural del crimen organizado.
El informe trabaja con cifras preliminares de 2026 basadas en carpetas de investigación estatales: fuente indispensable, pero dependiente de denuncia, clasificación y registro institucional. La pregunta que falta —¿por qué bajó?— sigue sin respuesta.
La geografía arruina el triunfalismo
Entre enero y julio de 2026, siete entidades concentraron 49% de las víctimas de homicidio doloso: Guanajuato (884), Baja California (847), Chihuahua (832), Sinaloa (735), Estado de México (618), Guerrero (579) y Morelos (563); Michoacán registró 488.
El promedio nacional suaviza estas diferencias, pero la seguridad es territorial: nadie vive en el promedio.
El nuevo fetiche: coordinar
234 sesiones del Gabinete Federal de Seguridad y 788 acuerdos, más decenas de miles de sesiones de las Mesas de Paz. La pregunta incómoda:
¿Cuántos de esos acuerdos cambiaron condiciones reales de seguridad? Reunirse no es gobernar.
La nueva inteligencia
Aquí sí hay un cambio que merece reconocimiento: la reforma al artículo 21 constitucional, las nuevas unidades de investigación y la coordinación entre Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía, Centro Nacional de Inteligencia y Secretaría de Seguridad apuntan en la dirección correcta.
Pero 31,191 detenidos por delitos de alto impacto no responde la pregunta decisiva: ¿cuántas organizaciones fueron realmente desmanteladas?
La paradoja de los decomisos
La Operación Frontera Norte reporta más de 109 toneladas de droga, miles de armas y más de 1.5 millones de cartuchos asegurados.
Sin un denominador que indique qué porcentaje del flujo criminal representan, el número impresiona, pero no mide cuánto se debilitó la capacidad logística de las organizaciones.
Policías certificados, capacidades desiguales
370,957 policías cuentan con Certificado Único Policial, con más de 80% de cobertura nacional, menor en el nivel municipal.
Certificación no equivale automáticamente a profesionalización: la pregunta correcta es qué puede hacer hoy un policía que no podía hacer hace dos años.
Prevenir no es organizar eventos
Territorios de Paz, Ferias de Paz, Desarme Voluntario.
La intención es correcta, pero prevención significa modificar factores de riesgo —reclutamiento, violencia familiar, reincidencia, cohesión comunitaria—, no contar beneficiarios.
Y detrás de los muros está el problema
El sistema federal reporta 14 centros penitenciarios y 20,985 personas privadas de la libertad, además de investigaciones sobre redes criminales operando desde el interior.
El Estado no puede capturar afuera y tolerar que se siga gobernando desde adentro.
El verdadero balance
El Segundo Informe no es un documento vacío: hay reducciones, coordinación, avances de inteligencia y resultados operativos reales.
Precisamente por eso merece crítica rigurosa, no aclamación. Mientras el país siga celebrando el informe como un acto y no como un examen, seguirá faltando la única pregunta que un aplauso no permite hacer: ¿esta tendencia es una política de Estado, o es una liturgia con gráficas nuevas?
