El sector arrocero exige acción ante el colapso de la producción nacional y la dependencia del 85% de importaciones
Con un plato de casado servido con apenas un puñado de arroz, los productores nacionales enviaron un mensaje contundente a los diputados: Costa Rica está dejando morir su arroz y, con él, su soberanía alimentaria.
La protesta simbólica, realizada en el Salón de Beneméritos de la Asamblea Legislativa, expuso el impacto devastador de las políticas implementadas desde agosto de 2022, cuando el gobierno de Rodrigo Chaves redujo los aranceles de importación del 35% a solo 3,5% en arroz en granza y 4% en arroz pilado, además de eliminar la fijación de precios internos.
El resultado: una caída del 60% en las hectáreas cultivadas y un desplome del 57% en la producción nacional entre los ciclos 2021/22 y 2024/25. Hoy, el 85% del arroz que comemos los ticos es importado.
Pese a las promesas oficiales, la liberalización del mercado no redujo los precios al consumidor. Según el INEC, el arroz subió un 4,33% en los últimos 37 meses, lo que demuestra que los beneficios de las políticas de “apertura” no llegaron ni al consumidor ni al pequeño productor.
La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿a quién sí beneficiaron?
FONARROZ: una tabla de salvación para el campo
Ante este panorama, el proyecto de ley 24.211, FONARROZ, busca sostener la producción nacional y proteger la seguridad alimentaria del país.
La iniciativa plantea un programa permanente de apoyo que beneficie especialmente a micro, pequeños y medianos productores, que representan el 80% del sector. Su financiamiento provendría en partes iguales de los importadores y los productores nacionales.
Lea también: FONARROZ: el grano de soberanía que Chaves quiere enterrar
El objetivo es nivelar el precio del saco de arroz nacional seco y limpio, evitando que la competencia desleal de granos subsidiados del extranjero termine por aniquilar al productor costarricense.
Más que un alimento: identidad y soberanía
“El arroz no es solo un producto agrícola; es parte de la identidad nacional”, recordaron los productores durante la actividad.
El tradicional “casado”, símbolo de la mesa costarricense, podría convertirse en una rareza si el país continúa cediendo su producción al extranjero.
Miles de empleos rurales, encadenamientos productivos y la seguridad alimentaria nacional están en juego.
La Asamblea Legislativa enfrenta una decisión histórica: proteger la base productiva del país o consagrar la dependencia alimentaria de Costa Rica.
