Proyecto 24.215: una amenaza a la transparencia en la contratación pública
Contralora advierte graves riesgos constitucionales y pérdida de control sobre el uso de fondos públicos si se aprueba el proyecto 24.215.
La Contraloría General de la República ha encendido una señal de alerta sobre el proyecto de ley 24.215, impulsado por el jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo, que plantea una reforma al inciso E del artículo 2 de la Ley General de Contratación Pública. Esta propuesta, que ya superó su primer debate en el plenario, sería aún más peligrosa que la polémica Ley Jaguar, promovida por el gobierno de Rodrigo Chaves.
El oficio oficial remitido por la Contraloría a los jefes de fracción es claro: de aprobarse esta reforma, se abriría la puerta a una estructura paralela que permitiría la contratación directa de bienes, servicios y obra pública sin licitación, sin rendición de cuentas y sin control efectivo de los fondos públicos. El texto sustitutivo que se discute exceptúa de los procedimientos ordinarios de contratación los convenios con organizaciones internacionales, Estados u organismos de derecho público internacional, incluso cuando se utilicen fondos públicos.
“El mayor peligro radica en que la contratación a dedo permitiría adjudicar bienes, servicios y obras públicas sin procesos competitivos ni la fiscalización apropiada”, advierte la contralora Marta Acosta, al tiempo que subraya que esto vulnera principios fundamentales como la transparencia, la libre competencia y la rendición de cuentas.
Riesgos constitucionales y pérdida de control
El criterio técnico de la Contraloría, sostenido desde febrero, advierte que esta iniciativa contraviene el artículo 182 de la Constitución Política, lo cual la expone a un alto riesgo de inconstitucionalidad. Además, elimina restricciones que anteriormente fueron retiradas de la Ley 9986 para precisamente fortalecer la fiscalización.
Peor aún, este proyecto permitiría que, si una entidad internacional aporta un mínimo porcentaje de financiamiento, el Estado costarricense podría asumir el resto sin que la Contraloría pueda intervenir, debilitando de facto el modelo de fiscalización vigente.
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Casos documentados, como la resistencia de la UNOPS a entregar información sobre proyectos financiados por el Estado, evidencian cómo estas excepciones han afectado el control público desde años anteriores. El informe DFOE-SAF-IF-00008-2019 detalló que la CGR encontró falta de registros íntegros y transacciones opacas en contrataciones dirigidas por organismos internacionales.
¿Quién se beneficia con este proyecto?
Una pregunta flota en el ambiente legislativo y entre los sectores más vigilantes de la institucionalidad:
“¿Está Óscar Izquierdo dándole continuidad a la Ley Jaguar de Chaves o es esta una vendetta contra la Contraloría?”
A pesar de las múltiples advertencias, la iniciativa ha sido empujada con rapidez, ignorando criterios técnicos y experiencias pasadas que demostraron cómo estas excepciones favorecen el oscurantismo administrativo y el debilitamiento de los controles.
Contraloría: firme en su defensa del control
La jerarca del ente contralor ha reiterado que excluir estas contrataciones del marco legal vigente no es viable y representa un retroceso alarmante en materia de control estatal. La Contraloría fue enfática al recomendar un texto que sí contemple excepciones muy acotadas y sujetas a mecanismos de fiscalización, tal como se intentó en las mociones 15 y 21.
Una Contraloría que cae en manos de un gobierno populista es una Contraloría servil y complaciente. Ya lo vimos en El Salvador, donde el ente contralor se volvió sordo, ciego y mudo ante el autoritarismo.
Este es el verdadero trasfondo del 24.215: una puerta trasera al desmantelamiento de los controles democráticos sobre la hacienda pública, y una amenaza directa a los pilares que garantizan el uso transparente de los recursos del Estado.
Fuentes cercanas a Radio Zurqui, nos indican que a lo interno de la fracción hay cierta división en el tema, y algunas diputaciones verdiblancas estarían votando el proyecto siempre y cuando se adicionen las mociones presentadas por Eliecer Feinzaig.
En tiempos donde la democracia y la institucionalidad están en riesgo, todos los partidos políticos que se precien de demócratas deben servir de escudo ante estas avanzadas autoritarias, pero en especial hacemos un llamado al jefe de fracción del PLN, partido que nació para defender la institucionalidad y la socialdemocracia, para que desista de esta propuesta y la retire de la corriente legislativa o le retire el apoyo.
