Contraloría General advierte sobre riesgos de la «Ley Jaguar»

Proyecto debilita control de fondos públicos y afecta transparencia

La Contraloría General de la República ha expresado su preocupación respecto al proyecto de ley, denominado «Ley Jaguar«, que fue presentado ante la Asamblea Legislativa con el propósito de someterlo a referéndum. Según el análisis de la Contraloría, esta iniciativa propone desmantelar el control sobre los fondos públicos, una función clave encomendada a la entidad por la Constitución Política.

La Contralora General, Marta Acosta Zúñiga, ha señalado que la «Ley Jaguar» no solo disminuiría las competencias de la Contraloría, sino también las de las auditorías internas y la misma Asamblea Legislativa. «Cuando el fiscalizado, en este caso el Poder Ejecutivo, pretende diseñar el modelo de control que se le aplicará, escoge justamente uno que sea débil y con menor alcance«, afirmó Acosta Zúñiga.

Amenazas a la fiscalización y transparencia

El análisis de la Contraloría revela que el proyecto va más allá de afectar la contratación de obra pública. La Asamblea Legislativa perdería herramientas de control político proporcionadas actualmente por la Contraloría, debido a la eliminación de funciones sustantivas que permitirían al Poder Ejecutivo imponer el tipo de controles que su propio órgano auxiliar podría realizar. Esto, según la Contraloría, representa una invasión a las potestades legislativas y una clara intención de minimizar la función auxiliar del legislativo.

La Contraloría destaca que el control de los fondos públicos es esencial para detener ilegalidades y alertar sobre el uso ineficiente y no transparente de los recursos públicos. Sin embargo, el proyecto de referéndum permitiría la contratación de obras públicas sin concurso, no registraría deuda pública y evitaría la detección y prevención de irregularidades y actos de ineficiencia.

Impacto en la gestión fiscal y legalidad

De aprobarse, la Contraloría perdería la capacidad de fiscalizar la legalidad de los controles internos y la eficiencia en el uso de los fondos públicos, así como de emitir disposiciones y advertencias obligatorias para los funcionarios públicos. Esto implicaría que, aunque se detecten posibles irregularidades o malos manejos de los fondos públicos, la Contraloría no podría tomar acciones para prevenir, corregir o sancionar dichas situaciones.

Además, se eliminarían controles preventivos esenciales, como la aprobación presupuestaria y el refrendo de contratos públicos, establecidos en la Constitución Política. La falta de estos controles podría llevar a daños económicos para la Hacienda Pública, solo detectables una vez materializados, eliminando la etapa de prevención crucial para evitar ineficiencias y corrupción.

Modificaciones a la Ley General de Contratación Pública

El artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, vigente desde hace solo un año y medio, se vería debilitado, permitiendo la contratación y arrendamiento de inmuebles para obras públicas sin concurso público, lo que limitaría la competencia y transparencia. Esto podría llevar al Estado a contraer nuevas deudas sin controles legales adecuados, aumentando los riesgos de credibilidad de las cuentas nacionales y provocando incertidumbre económica.

Particularmente preocupante es la modificación propuesta para JAPDEVA, que permitiría a esta entidad escoger socios estratégicos «a dedo«, evadiendo procedimientos de contratación pública y comprometiendo la transparencia y rendición de cuentas que los ciudadanos exigen.

Conclusión

La Contraloría General subraya que la «Ley Jaguar» busca evadir el control de los fondos públicos, en detrimento de la eficiencia y legalidad en el uso de los recursos que pertenecen a todos los costarricenses. Ante la gravedad de esta situación, la Contraloría permanece atenta a la consulta que realicen los Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, según lo dispuesto en el artículo 6 de la ley que regula el trámite del referendo.

Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, concluyó reafirmando el compromiso de la institución con la transparencia y el buen uso de los fondos públicos.


CGR infografía análisis competencias vía ley jaguar

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