El Informe Anual 2025 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión registra un aumento de la hostilidad hacia la prensa en Costa Rica, acompañado de agresiones, estigmatización, obstáculos al trabajo periodístico y restricciones de acceso a información. El documento también incorpora el ataque denunciado por el fundador de Radio Zurqui.
La palabra utilizada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no deja demasiado espacio para eufemismos: hostilidad.
En su Informe Anual 2025, publicado oficialmente en mayo de 2026, la oficina dedica un apartado completo a Costa Rica y señala desde su primer párrafo que recibió informes de organizaciones de la sociedad civil que documentan un “presunto aumento de la hostilidad hacia la prensa”. El documento había sido aprobado por la CIDH el 30 de diciembre de 2025.
Y la advertencia no aparece aislada.
La Relatoría enumera agresiones físicas contra periodistas, declaraciones estigmatizantes, obstrucciones a la cobertura, restricciones al acceso a la información pública y activación de mecanismos penales. Los informes recibidos señalan que una parte importante de esas situaciones podría estar relacionada con un discurso confrontativo proveniente de las más altas autoridades del Estado, además de actuaciones de actores no estatales, en un entorno que podría producir temor y autocensura.
La hostilidad aparece desde la primera página dedicada a Costa Rica
El diagnóstico sobre Costa Rica comienza en la página 137 del informe y no parte de una interpretación periodística.
Es la propia RELE la que coloca la hostilidad hacia la prensa como uno de los ejes de preocupación del país.
El documento recoge la visita realizada en enero de 2025 por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Tras reunirse con medios, asociaciones de periodistas y representantes de distintos poderes del Estado, la organización identificó factores que, a su criterio, obstaculizaban el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
Entre ellos mencionó hostigamiento en redes sociales contra periodistas críticos, la existencia de llamadas “granjas de trolls”, divulgación de información privada de comunicadores y activistas, polarización política y cuestionamientos relacionados con la distribución de publicidad oficial.
La fotografía se vuelve todavía más significativa cuando aparecen los datos.
Una encuesta de la Universidad de Costa Rica citada en el informe determinó que 73,4 % de las personas consultadas consideraba que la libertad de expresión estaba en riesgo, mientras 52,6 % percibía censura o limitaciones para expresarse libremente.
De siete alertas a 32
La RELE incorpora además los resultados del monitoreo efectuado por el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX).
Según ese estudio, las alertas documentadas pasaron de siete en 2022 a 32 en 2024. El informe de IPLEX citado por la Relatoría sostiene que Costa Rica atraviesa un proceso de escalamiento de la violencia contra la prensa y atribuye la mayoría de las alertas registradas al Poder Ejecutivo.
El señalamiento va más allá.
IPLEX sostiene, según reproduce la RELE, que la hostilidad proveniente de la Presidencia de la República y su gabinete habría contribuido a erosionar las garantías institucionales para el ejercicio periodístico y a crear un ambiente de riesgo creciente para quienes trabajan informando.
Es decir, la hostilidad que aparece en el diagnóstico no surge únicamente de incidentes separados: el informe reúne estudios de diferentes organizaciones que describen una evolución sostenida del problema.
287 ataques contra periodistas en conferencias de prensa
Otro de los datos más contundentes proviene del Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión y la Seguridad del Ejercicio Periodístico en Centroamérica, elaborado por la Universidad de Costa Rica y citado por la RELE.
De acuerdo con ese documento, el presidente de la República habría dirigido al menos 287 ataques contra periodistas durante sus conferencias de prensa entre 2022 y 2024.
El estudio señala además que los cuestionamientos contra periodistas y medios formarían parte de la estrategia comunicacional y sostiene que la confrontación se habría extendido hacia instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, la Contraloría General de la República y sectores de oposición en la Asamblea Legislativa.
Reporteros Sin Fronteras también aparece en el expediente costarricense.
En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2025, citada por la RELE, la organización describió una “postura confrontativa” del Gobierno hacia algunos periodistas y medios críticos, expresada principalmente mediante señalamientos y ataques verbales, y reportó limitaciones en materia de acceso a información pública.
La Relatoría pone un límite al discurso desde el poder
El informe hace una precisión fundamental: los gobernantes tienen derecho a responder las críticas de los medios.
La RELE reconoce expresamente que las autoridades pueden pronunciarse sobre asuntos de interés público y defenderse frente a cuestionamientos periodísticos.
Pero inmediatamente establece el límite.
Debido a su investidura y al alcance de sus palabras, las autoridades no deben desacreditar o estigmatizar a quienes las cuestionan ni realizar discursos capaces de alentar, directa o indirectamente, violencia contra periodistas y comunicadores.
La Relatoría recuerda además la jurisprudencia de la Corte Interamericana: quienes ejercen funciones públicas ocupan una posición de garantes de derechos fundamentales y sus declaraciones no pueden convertirse en mecanismos de presión contra quienes intervienen en la deliberación pública.
Es precisamente allí donde el debate sobre hostilidad deja de ser simplemente una discusión acerca de malos modales entre políticos y periodistas: para el sistema interamericano, las palabras de quienes ejercen poder pueden tener consecuencias sobre las condiciones en las que otros ejercen su libertad de expresión.
El ataque contra Radio Zurquí quedó registrado por la RELE
Entre los casos concretos documentados durante 2025 aparece Radio Zurquí.
El párrafo 488 del informe consigna que el 20 de setiembre de ese año se difundió información sobre la agresión denunciada por Erick Sojo, comunicador y fundador de Radio Zurqui, frente a su domicilio.
Según la información recopilada por la Relatoría, el presunto agresor, identificado como un vecino, habría golpeado al comunicador mientras lanzaba expresiones homofóbicas y descalificaciones directamente relacionadas con su trabajo periodístico.
La RELE reproduce incluso una de las expresiones denunciadas durante la agresión: “solo para hablar del presidente servís”.
El documento agrega que existían reportes de incidentes anteriores en los que esa misma persona habría increpado al comunicador por hablar negativamente del mandatario.
Radio Zurquí sostuvo entonces públicamente que consideraba lo ocurrido un ataque relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión.
La inclusión del episodio en el Informe Anual 2025 supone que el caso quedó incorporado al monitoreo regional realizado por la Relatoría sobre agresiones, amenazas y hostigamiento contra periodistas y medios.
Nota de transparencia: Erick Sojo es fundador y director de Radio Zurquí. Este medio incluye el caso en esta información porque aparece expresamente documentado por la RELE en el apartado dedicado a Costa Rica.
Dos fotoperiodistas denunciaron agresiones de la Fuerza Pública
Radio Zurquí no es el único caso de agresión incluido.
La Relatoría también tomó conocimiento de las denuncias presentadas por los fotoperiodistas Marco Monge y Karen Dondi, quienes afirmaron haber sido agredidos por oficiales de la Fuerza Pública durante una manifestación de agricultores.
Según la información registrada, Monge habría sido agredido mientras intentaba documentar una presunta agresión contra un manifestante y Dondi cuando se preparaba para cubrir una conferencia de prensa.
El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva pidió una investigación inmediata e independiente.
La RELE recuerda en ese contexto que los Estados tienen el deber de prevenir e investigar amenazas, intimidaciones y agresiones contra comunicadores, sancionar a sus responsables y garantizar reparación a las víctimas.
El derecho penal entra en escena
Otro capítulo de la hostilidad registrada durante el año se refiere al uso de mecanismos judiciales.
La Relatoría documentó que el presidente presentó una denuncia contra los periodistas Álvaro Sánchez y Christian Montero, de Canal 7, después de que estos publicaran su número telefónico en Facebook. El mandatario calificó lo ocurrido como “condenable e ilegal”.
La RELE no determina en ese párrafo la responsabilidad de los periodistas ni resuelve el conflicto concreto.
Lo que hace inmediatamente después es recordar un estándar mucho más amplio: el derecho penal es el mecanismo más restrictivo y severo para establecer responsabilidades relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión.
Y advierte que limitar mediante el derecho penal discursos sobre asuntos de interés público puede tener efectos graves sobre el control democrático cuando ese poder punitivo se emplea de forma innecesaria o desproporcionada.
La Sala IV aparece como contrapeso
El informe también registra elementos positivos y allí cobra protagonismo la Sala Constitucional.
El 4 de junio de 2025, la Sala resolvió recursos presentados por periodistas contra el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con el documento, los comunicadores denunciaron que durante una conferencia de prensa habían sido silenciados y rodeados por integrantes de la Unidad de Protección Presidencial, impidiéndoles realizar preguntas, e incluso señalaron que se desconectó un micrófono cuando intentaban consultar sobre un proyecto de ley.
La Sala determinó en uno de los recursos que existió una violación a la libertad de prensa. En otro condenó al Ministerio de la Presidencia por vulnerar el derecho de acceso a información pública.
El dato es importante porque el propio informe muestra las dos caras del escenario costarricense: mientras documenta señales de hostilidad y deterioro, también registra instituciones que han reaccionado para proteger el ejercicio de la libertad de expresión.
Frecuencias: otro foco que encendió las alarmas
La situación de las frecuencias de radio y televisión ocupa varios párrafos del documento.
La RELE recoge la posición de Sutel, según la cual el concurso buscaba fomentar la competencia y ampliar progresivamente la cobertura, especialmente en zonas rurales.
Pero también incorpora las críticas remitidas por organizaciones de libertad de prensa, dirigentes políticos, medios y organizaciones religiosas.
Las objeciones señalaban que los requisitos técnicos, operativos y económicos podían dejar fuera a medios pequeños y con recursos limitados y afectar a estaciones regionales, comunitarias y alternativas.
La Sala Constitucional suspendió cautelarmente la subasta el 26 de noviembre de 2025 mientras resolvía los recursos planteados. Según recoge la RELE, la Sala señaló el riesgo de una reducción significativa de los servicios de radiodifusión ante el número de ofertas recibidas.
La posición de la Relatoría sobre el criterio económico es particularmente clara: cuando el dinero funciona como factor excluyente o principal para adjudicar todas las frecuencias, puede comprometer la igualdad de acceso y desalentar el pluralismo.
La CIDH ha considerado incompatibles con la democracia y la libertad de expresión aquellas subastas que utilicen únicamente criterios económicos o no garanticen oportunidades equitativas para los distintos sectores.
Pauta estatal: ni premio ni castigo
Otro fallo de la Sala IV incluido por la RELE involucró al Banco Popular y al Instituto Costarricense de Electricidad por el retiro de publicidad oficial de un programa satírico transmitido por Teletica.
La Sala consideró que la pauta pública había sido utilizada como una forma de censura indirecta o como un mecanismo de premio y castigo y reivindicó el derecho de la ciudadanía a criticar al poder público, incluida la sátira.
La Relatoría recuerda a continuación que la Convención Americana prohíbe mecanismos indirectos orientados a restringir la circulación de ideas y que la asignación discriminatoria de publicidad oficial o el otorgamiento de frecuencias para presionar, premiar o castigar medios en función de su línea informativa resulta incompatible con la libertad de expresión.
La hostilidad también alcanza a periodistas en el exilio
Costa Rica aparece además como uno de los principales países receptores de periodistas latinoamericanos exiliados.
La RELE documenta la denuncia de Jennifer López, directora de Nicaragua Investiga, quien afirmó haber recibido amenazas relacionadas con su cobertura del régimen nicaragüense y haber sido informada sobre la existencia de una lista de periodistas nicaragüenses que estarían “bajo observación” en Costa Rica.
Según el informe, López declaró que la Unidad de Protección a Testigos le habría recomendado, entre otras medidas, retirarse del periodismo ante las limitaciones de recursos para brindar protección.
La Relatoría recuerda que las amenazas contra periodistas pueden cruzar las fronteras y que los Estados receptores deben garantizar, cuando corresponda, protección internacional y condiciones para que los comunicadores exiliados continúen realizando su trabajo.
El informe también incorpora el asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido en Costa Rica en junio de 2025, dentro de sus preocupaciones por amenazas y actos de violencia contra personas nicaragüenses exiliadas.
No es una palabra: es un expediente
La hostilidad descrita en el Informe Anual 2025 no descansa sobre un único episodio ni sobre la opinión de una sola organización.
La sección costarricense enlaza investigaciones de la UCR, monitoreos de IPLEX, observaciones de la SIP y Reporteros Sin Fronteras, denuncias concretas de periodistas, actuaciones del Poder Ejecutivo y resoluciones de la Sala Constitucional.
Y la RELE resume ese conjunto desde el inicio: agresiones físicas, declaraciones estigmatizantes, obstáculos para cubrir hechos noticiosos, restricciones al acceso a información y mecanismos penales, junto con un discurso confrontativo que, según los informes recibidos, podría generar temor y autocensura.
Costa Rica conserva instituciones capaces de poner límites. El propio informe destaca decisiones del Poder Judicial en defensa de la prensa y del acceso a la información. Pero precisamente por eso el documento merece atención: la existencia de contrapesos no borra las señales de hostilidad que esos mismos contrapesos han debido enfrentar.
