Organizaciones sociales denuncian que el recorte hunde a Migración y golpea derechos fundamentales mientras se prioriza el punitivismo.
En plena crisis de rezago y saturación institucional, el gobierno de Rodrigo Chaves y sus aliados en la Comisión de Hacendarios impulsan un recorte de ₡253,7 millones al Ministerio de Gobernación y Policía, de los cuales ₡147,3 millones se le arrancan directamente a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y ₡8,7 millones al Tribunal Administrativo Migratorio, con el fin de redirigirlos a la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO).
La medida es denunciada como un atentado contra los derechos humanos y la institucionalidad por parte de múltiples organizaciones sociales y de atención a personas migrantes, quienes señalan que Migración es ya una de las instituciones más subfinanciadas del país: oficinas regionales que dependen de donaciones internacionales, infraestructura precaria, personal insuficiente y un rezago superior a los 12 meses en trámites, dejando a más de 224 mil personas refugiadas y migrantes atrapadas en la irregularidad.
El recorte afecta partidas esenciales para la emisión de DIMEX y pasaportes, impidiendo que miles de personas puedan acceder a trabajo formal, seguridad social y documentación básica. La Unidad de Refugio, ya al borde del colapso y dependiente de fondos de cooperación internacional cada vez más escasos, sería una de las más golpeadas.
Hipocresía oficial
Mientras el gobierno justifica el recorte como un uso de “remanentes” y “ahorros”, la realidad es que Migración y Extranjería apenas sobrevive y su debilitamiento tiene consecuencias graves no solo para migrantes, sino para la cohesión social y la seguridad del país. Según datos del FMI y la UCR, los migrantes representan el 10% de la población y aportan hasta un 11% del PIB nacional, contribuyendo con trabajo, consumo e impuestos netamente positivos.
Las organizaciones pro migrantes exigieron a los diputados posponer o rechazar la propuesta, advirtiendo que se está priorizando una visión punitivista y populista de seguridad a costa de derechos fundamentales. También pidieron que antes de cualquier decisión se consulte a las comunidades afectadas, como dicta un mínimo estándar de democracia participativa.
La pelota está en la cancha de los diputados de Hacendarios. ¿Se atreverán a votar a favor de un recorte que desmantela derechos y hunde a Migración en nombre del CACCO? La historia los juzgará.
