Ministerio de Seguridad frena la fiscalización de la Comisión de Derechos Humanos
El Ministerio de Seguridad Pública respondió de forma restrictiva y evasiva a la solicitud formal realizada por el diputado Antonio Ortega Gutiérrez del Frente Amplio, en nombre de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, para permitir el ingreso de medios de comunicación al Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (CATEM) durante una visita oficial programada para el próximo 28 de marzo de 2025.
La Comisión, integrada por los diputados Montserrat Ruiz Guevara (PLN), Cinthya Córdoba (Independiente) y el propio Ortega, lleva adelante el expediente legislativo N.º 24872, que investiga los protocolos de atención, protección y respeto a los derechos humanos de personas migrantes deportadas desde Estados Unidos y recibidas en Costa Rica.
AL-FPFA-36-OFI-0062-2025
En su oficio del 20 de marzo, el diputado Ortega consultó al ministro Mario Zamora y al viceministro Omer Badilla sobre la posibilidad de permitir el ingreso de medios de documentación en cumplimiento de protocolos que garanticen la dignidad y protección de las personas migrantes. La solicitud se basó, además, en declaraciones del propio ministro durante una audiencia legislativa en la que mostró apertura a esa posibilidad.
Negativa institucional: ni prensa ni fiscalización plena
En respuesta oficial fechada el 25 de marzo, el viceministro Badilla comunicó que no se permitirá el ingreso de medios de comunicación externos. Solo podrán acceder equipos de comunicación de la Asamblea Legislativa, y aún así, sujetos a estrictas condiciones: deben obtener consentimiento informado y por escrito, debidamente traducido al idioma requerido, por parte de cada persona migrante, incluso para captar imágenes.
A ello se suma una limitación inédita a los mismos diputados y sus equipos, autorizando únicamente el ingreso de dos personas por despacho en un horario de apenas dos horas, entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m.
El argumento del Ministerio se basa en el derecho a la intimidad, confidencialidad y seguridad de las personas migrantes, especialmente de aquellas que podrían solicitar protección internacional, pero la decisión ha generado preocupación sobre la falta de transparencia y el debilitamiento del control democrático.
“La negativa de ingreso a medios y las limitaciones a los propios legisladores son obstáculos claros a la fiscalización pública de una realidad humanitaria que merece visibilidad y escrutinio,” expresó una fuente legislativa cercana a la comisión.
El despacho de Badilla agrega que cualquier autorización excepcional debe gestionarse antes del jueves 27 de marzo a las 12:00 mediodía, enviando todos los detalles del personal, medios representados y credenciales al Ministerio.
