La querella por difamación presentada por Luis Porfirio Sánchez fue desestimada por inacción de su abogado José Miguel Villalobos.
El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José ordenó el sobreseimiento definitivo en favor de Silvia Arce Meneses y Mario Alberto Rucavado Rodríguez, quienes enfrentaban una querella por presunta difamación interpuesta por el recién reelecto magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez.
La acción penal fue promovida por el reconocido abogado José Miguel Villalobos Umaña, apoderado de Sánchez y actual defensor del presidente Rodrigo Chaves en diversas causas judiciales. No obstante, en este proceso, Villalobos quedó en evidencia por su inoperancia procesal, al incumplir los plazos y diligencias requeridas por el Tribunal, lo cual derivó en la desestimación de la causa por abandono procesal.
Este caso tiene un trasfondo profundamente inquietante
Hoy, Costa Rica cuenta con un magistrado reelecto en la Sala Segunda que fue acusado por una jueza de haberse masturbado frente a ella en su oficina.
En lugar de responder con transparencia y enfrentar los hechos, Luis Porfirio Sánchez optó por presentar una querella contra quienes hicieron públicas las denuncias. Sin embargo, una vez reelecto en su cargo, abandonó el proceso legal, dejando en evidencia que su denuncia era absolutamente infundada para limpiar su imagen temporalmente para asegurar su permanencia en el poder.
En un giro poco común, fueron los propios querellados quienes se presentaron voluntariamente al despacho para recibir las notificaciones, demostrando su interés en responder judicialmente, mientras que el abogado del querellante mantuvo una actitud pasiva y negligente.
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El fallo judicial, contenido en la resolución N.º 445-2025, concluye que el proceso quedó paralizado por más de un mes sin que el querellante ni su apoderado activaran el procedimiento. Pese a que se le previno en reiteradas ocasiones presentar las copias necesarias para notificar a los imputados, Villalobos no cumplió en tiempo y forma, obligando al Tribunal a declarar extinguido el proceso por desistimiento tácito de la acción penal.
La resolución también establece una condena en costas contra el magistrado Sánchez, fijadas en ₡181.500 a favor de Arce y Rucavado, y previene que deben ser canceladas en un plazo de 15 días.
Este caso representa una contundente derrota para José Miguel Villalobos, figura cercana al círculo presidencial, quien no solo no logró sostener la acusación, sino que permitió —por omisión— que se extinguiera el proceso antes siquiera de que se iniciara una discusión de fondo.
