El contrato con Open English vuelve al centro del debate tras las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, quien utiliza el aval de la Contraloría como defensa, pese a que esta no evalúa la conveniencia de las decisiones públicas.
El contrato con Open English en Costa Rica continúa generando cuestionamientos luego de que el presidente Rodrigo Chaves defendiera la contratación asegurando que cuenta con el respaldo de la Contraloría General de la República.
Sin embargo, el debate sobre el contrato con Open English ha tomado un nuevo giro: el argumento presidencial se centra en la legalidad del proceso, mientras crecen las dudas sobre la conveniencia real de esta decisión para el país.
Chaves usa a la Contraloría como escudo político
Durante su intervención, el mandatario afirmó que la Contraloría “le dio el visto bueno a todo”, intentando cerrar la discusión en torno al contrato con Open English bajo el argumento de que el proceso fue avalado.
No obstante, la Contraloría no evalúa si el contrato con Open English representa la mejor decisión en términos de política pública. Su función es verificar el cumplimiento de la normativa, no definir si el modelo escogido es el más adecuado para el país.
Una relación selectiva con la Contraloría
El discurso del presidente también ha sido cuestionado por evidenciar una relación contradictoria con la Contraloría.
En distintos momentos, cuando resoluciones del órgano fiscalizador han sido incómodas para el Ejecutivo, han sido objeto de críticas desde el propio gobierno. Sin embargo, en el caso del contrato con Open English, la Contraloría es presentada como un respaldo absoluto.
Esta dualidad plantea una interrogante inevitable: ¿la Contraloría es un obstáculo cuando fiscaliza… y un escudo cuando conviene?
El fondo del debate: legalidad vs conveniencia
El punto más sensible del contrato con Open English no radica únicamente en su legalidad, sino en la decisión de fondo.
El modelo contratado —basado en una plataforma digital de enseñanza del inglés mediante licencias— abre cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, la eficiencia del esquema educativo y el impacto real en la población beneficiaria.
Además, el esquema por demanda y cuantía inestimada implica que el costo final del contrato con Open English no está definido de manera rígida, lo que incrementa la necesidad de seguimiento y fiscalización.
Del argumento técnico al lenguaje confrontativo
Lejos de profundizar en estos cuestionamientos, el presidente optó por descalificar a quienes critican el contrato con Open English, utilizando expresiones como:
¿Estarán chimados? Será un caso más bien para crema de rosas
Este tipo de lenguaje no solo evade el debate de fondo, sino que también traslada la discusión hacia un terreno de confrontación, alejándose del análisis técnico que una decisión de este nivel requiere.
Un debate que apenas comienza
El contrato con Open English sigue generando discusión tanto en el ámbito político como en la opinión pública.
Mientras el gobierno insiste en cerrar el tema bajo el argumento de legalidad, distintos sectores señalan que el debate no puede limitarse a si el proceso cumple la norma, sino que debe centrarse en si el contrato con Open English responde realmente al interés público.
Lo que realmente dice la Contraloría
De acuerdo con el criterio trasladado por la propia Contraloría General de la República, el debate en torno al contrato con Open English no se centra en el proceso de contratación, sino en la decisión del modelo escogido por la institución.
Esto significa que la Contraloría no valida si el contrato con Open English es la mejor opción para el país, sino únicamente que el procedimiento cumple con los requisitos legales.
La diferencia no es menor: una cosa es que un contrato sea legal… y otra muy distinta es que sea la decisión correcta en términos de política pública.
