Una auditoría reveló cobros por activos cuya inversión ya había sido recuperada, tarifas con hasta 21 años de rezago y recursos utilizados sin suficiente trazabilidad. El AyA y la ARESEP deberán identificar los montos cobrados en exceso y establecer cómo compensarán a las personas usuarias.
Las personas usuarias del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AyA, han continuado pagando cobros asociados con infraestructura cuya inversión ya había sido recuperada mediante las tarifas.
Así lo determinó la Contraloría General de la República en una auditoría especial publicada este 3 de agosto, en la que concluyó que existe un “incumplimiento generalizado” del marco normativo, técnico y de control aplicable a la gestión tarifaria del AyA y a la fiscalización ejercida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP.
El informe examinó el periodo comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2025, aunque la investigación se amplió cuando fue necesario para conocer el origen de las deficiencias.
Los hallazgos abarcan la falta de actualización de las tarifas, la ausencia de liquidaciones, el uso de los ingresos recaudados, la valoración de los activos y la débil fiscalización regulatoria.
La Contraloría advierte que estas fallas impiden garantizar que lo cobrado corresponda con los costos e inversiones realmente necesarios para brindar los servicios públicos.
Cobros por activos cuya inversión ya fue recuperada
Uno de los principales hallazgos se relaciona con la permanencia de miles de activos completamente depreciados dentro de las bases utilizadas para calcular las tarifas.
En el servicio de alcantarillado, los abonados continúan pagando por 5.909 activos completamente depreciados, cuya inversión ya había sido recuperada por el AyA. El monto estimado de esos activos alcanza los ₡38.816 millones para 2026.
En hidrantes ocurre una situación semejante: se mantienen cobros asociados con 9.012 activos depreciados, equivalentes a aproximadamente ₡511 millones.
Según la Contraloría, esta afectación continuará recayendo sobre los usuarios mientras no se aprueben nuevas tarifas.
El organismo fiscalizador también señaló que la falta de liquidaciones tarifarias impide determinar posibles saldos a favor de los abonados, lo cual mantiene pendientes las devoluciones o compensaciones que podrían corresponderles.
Perjuicio por más de ₡26 mil millones en acueducto
La auditoría detectó además que la ARESEP mantuvo dentro de la base tarifaria del servicio de acueducto bienes que ya habían agotado su vida útil y cuyo costo fue recuperado mediante los recibos pagados por los usuarios.
El problema se originó cuando la ARESEP congeló la base tarifaria y utilizó el valor aprobado en un estudio anterior, debido a que no pudo validar los registros entregados por el AyA.
Al mantener el mismo valor, no se descontó la depreciación asumida por los usuarios durante varios años. De esta forma, los activos continuaron generando cobros por desgaste y rédito para el desarrollo, aunque su inversión ya había sido pagada.
La Contraloría estima que esta situación ha provocado desde 2023 un perjuicio financiero sistemático de aproximadamente ₡26.074 millones.
Ese monto continuará aumentando mientras no se apruebe una nueva fijación tarifaria que corrija la base utilizada para calcular los cobros.
Activos aumentaron hasta un 14.446% de valor
El informe también cuestiona la manera en que el AyA revaluó parte de su infraestructura.
Al analizar 3.761 bienes incorporados desde 2019, la Contraloría determinó que en las revaluaciones no se consideró adecuadamente el desgaste.
El 75,7% de esos activos duplicó su costo original y el 63,1% registró incrementos superiores al 1.000%.
Uno de los casos expuestos corresponde a un activo cuyo costo original era de ₡24 millones, pero que terminó registrando una revaluación acumulada superior a los ₡3.562 millones, equivalente a un aumento del 14.446%.
El mismo porcentaje fue aplicado a líneas de distribución de la región Huetar Caribe, pese a que esa infraestructura registra un nivel de agua no contabilizada del 70%.
La Contraloría advirtió que se aplicaron factores semejantes a activos de naturaleza y condición distintas, sin tomar suficientemente en cuenta su deterioro, obsolescencia o capacidad real para continuar prestando el servicio.
AyA mezcló los ingresos de diferentes servicios
La auditoría determinó que el AyA utilizó recursos provenientes de las tarifas para fines distintos a los autorizados por el marco regulatorio, sin garantizar la trazabilidad desde el momento en que fueron cobrados hasta su utilización final.
El Instituto administra los superávits de sus diferentes servicios dentro de una cuenta común denominada “Fondos corrientes”.
Ese esquema no permite conocer con precisión qué proporción corresponde a acueducto, alcantarillado, hidrantes o a cada uno de los componentes incluidos en las tarifas.
Para distribuir esos recursos, el AyA aplicó una fórmula fija: un 88% para el servicio de acueducto y un 12% para alcantarillado.
La Contraloría consideró improcedente esa distribución porque no refleja los ingresos y gastos reales de cada actividad.
En 2024, por ejemplo, acueducto registró pérdidas por ₡9.292 millones, mientras alcantarillado obtuvo utilidades por ₡3.687 millones e hidrantes por ₡243 millones.
Al mantener todos los recursos dentro de un fondo común, los excedentes de un servicio terminan cubriendo automáticamente las pérdidas de otro. Esto configura, según el informe, subsidios cruzados no autorizados por la ARESEP.
Tarifas acumulan hasta 21 años de rezago
La Contraloría encontró que el AyA mantiene desactualizadas las tarifas de cuatro de los cinco servicios que presta al público.
El Instituto acumula ocho años sin presentar estudios tarifarios ordinarios para acueducto, nueve años para alcantarillado y once años para hidrantes.
El mayor rezago corresponde a los servicios conexos, donde han transcurrido hasta 21 años sin la presentación de los estudios correspondientes.
Aunque las empresas prestadoras deben presentar al menos un estudio tarifario cada año, el AyA omitió de manera continua entregar los estudios ordinarios y las liquidaciones ante la ARESEP.
El informe revela que, en junio de 2025, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General del AyA conocieron estudios de acueducto y alcantarillado que ya habían sido concluidos por la Unidad de Tarifas.
Sin embargo, la Administración Superior no gestionó su envío a la ARESEP, no les dio seguimiento y tampoco dejó una justificación técnica para paralizar el procedimiento.
La Contraloría señaló que esta falta de actualización ya había sido advertida desde 2016, lo que evidencia una inacción sistemática en la gestión tarifaria.
ARESEP también falló en la fiscalización
El informe no limita la responsabilidad al AyA.
La Contraloría señala que la ARESEP aplicó parcialmente sus potestades de intervención y fiscalización.
El Ente Regulador no realizó un estudio de oficio para el servicio de hidrantes, tardó 17 años en efectuar uno para los servicios conexos y tampoco ejecutó de oficio las liquidaciones tarifarias pendientes.
Además, aunque recibe trimestralmente información de la contabilidad regulatoria del AyA, esa documentación no se tradujo en fiscalizaciones financiero-contables dirigidas a comprobar el destino de los recursos cobrados.
Esta ausencia de controles permitió que durante años se mantuviera una gestión sin suficiente información para verificar si el dinero aportado por los usuarios fue empleado en los fines para los cuales se autorizó cada tarifa.
Cobros cuestionados, pero también un déficit millonario
El informe expone una contradicción preocupante: mientras existen cobros que no procedían en algunos componentes tarifarios, el servicio de acueducto enfrenta un deterioro financiero que amenaza su sostenibilidad.
De acuerdo con las propias proyecciones del AyA, si se mantiene la tarifa actual, el servicio de acueducto registrará un déficit superior a los ₡34 mil millones a partir de 2027.
Incluso si se concretara un aumento del 15% en las tarifas, el servicio todavía mantendría pérdidas superiores a los ₡12 mil millones.
La falta de recursos podría afectar proyectos estratégicos, entre ellos la Quinta Etapa del Acueducto Metropolitano y el Programa de Saneamiento en Zonas Urbanas.
Para la Contraloría, este escenario demuestra que el problema tarifario no se reduce a determinar si debe cobrarse más o menos, sino a garantizar que las tarifas sean técnicamente sustentadas, que cada servicio cubra sus costos reales y que los recursos se utilicen exclusivamente para los fines autorizados.
AyA y ARESEP deberán compensar a los usuarios
La Contraloría ordenó al AyA y a la ARESEP determinar los montos cobrados en exceso en los servicios de acueducto, alcantarillado e hidrantes.
Ambas instituciones deberán definir los mecanismos para compensar a las personas usuarias mediante nuevas fijaciones tarifarias y los instrumentos regulatorios correspondientes.
La disposición incluye los cobros relacionados con la depreciación acumulada no rebajada en acueducto, la permanencia de activos completamente depreciados en alcantarillado e hidrantes y la revaluación improcedente de bienes de uso general.
A más tardar el 30 de junio de 2027, las instituciones deberán acreditar la identificación de los montos cobrados en exceso y los mecanismos de compensación seleccionados.
Las nuevas fijaciones tarifarias deberán publicarse en el diario oficial La Gaceta a más tardar el 31 de diciembre de 2027.
La disposición no establece que se realizará una devolución inmediata en efectivo a cada abonado. La compensación podrá aplicarse mediante ajustes en las futuras tarifas, una vez que el AyA y la ARESEP determinen los montos y el mecanismo correspondiente.
La auditoría deja así una conclusión difícil de ignorar: durante años, los usuarios pagaron cobros que no reflejaban correctamente la condición de los activos, mientras el AyA operaba con tarifas desactualizadas, mezclaba recursos entre servicios y avanzaba hacia un déficit capaz de comprometer la continuidad del suministro.
