Fracción del PLP defiende a los cartagineses ante cobro desproporcionado
La diputada Johana Obando, representante de la provincia de Cartago por la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), envió un oficio urgente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para exigir explicaciones sobre la determinación de una deuda millonaria que el instituto pretende trasladar a las municipalidades de Cartago y Paraíso, lo que podría generar un aumento desproporcionado en las tarifas de agua que pagan los ciudadanos.
Transparencia y rendición de cuentas
En el oficio, la legisladora Johana Obando señala que AyA no ha comunicado con claridad cuáles son los indicadores y criterios técnicos que utilizó para calcular la deuda que ahora quiere trasladar a las municipalidades y, por ende, a los hogares cartagineses.
“Más bien parece que quieren trasladar el costo de su desorden administrativo a los bolsillos de los cartagineses”, declaró Obando, reafirmando su compromiso con la defensa de los ciudadanos de la provincia y la fiscalización responsable de los servicios públicos.
No al tarifazo del agua
La fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) respalda la gestión de la diputada Obando y ha manifestado su firme oposición a que los usuarios paguen las consecuencias de posibles errores administrativos. “Los cartagineses no tienen que recibir injustamente un tarifazo en su recibo del agua. No vamos a permitir que esto suceda”, afirmó la diputada.
Oficio enviado al AyA
Como parte de sus acciones de fiscalización, el despacho de la diputada Johana Obando remitió el siguiente oficio al AyA, el cual se reproduce de manera íntegra para garantizar la transparencia y el derecho ciudadano a conocer el detalle de las gestiones realizadas:
Oficio AL-FPLP-JOB-OF 045-2025 Solicitud información AYA ParaísoPLP reafirma compromiso con la fiscalización
La fracción legislativa del PLP subraya que la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos son pilares fundamentales de su trabajo parlamentario. Desde el Congreso, seguirán vigilando que las tarifas de servicios públicos se determinen con criterios técnicos claros y sin abusos contra la ciudadanía.
