Solo 14% ha cumplido: Declaraciones de Bienes en la mira
El presidente también debe rendirla, pero su contenido es confidencial y no puede ser auditado por la ciudadanía.
A menos de dos semanas del vencimiento del plazo legal, la Contraloría General de la República (CGR) reporta un avance crítico en la recepción de la Declaración Jurada de Bienes (DJB) 2025, con solo 1863 declaraciones presentadas de las 21.000 esperadas, lo que representa un escaso 14,42% de cumplimiento, a corte de las 8:30 a.m. de este 9 de mayo.
Esta obligación legal, establecida en la Ley 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, aplica a funcionarios públicos y sujetos privados que administran fondos públicos, incluyendo diputados, magistrados, ministros, alcaldes y también el presidente de la República.
Una herramienta contra la corrupción… pero con candado presidencial
La DJB es una herramienta clave para garantizar el uso adecuado de los fondos públicos, prevenir actos de corrupción y fortalecer la confianza ciudadana. La CGR facilita su presentación de forma electrónica y disponible las 24 horas del día, eliminando excusas para el incumplimiento.
Sin embargo, hay un aspecto que no pasa inadvertido: la declaración del presidente de la República, Rodrigo Chaves, aunque obligatoria, es de carácter confidencial. Solo los funcionarios asignados a revisarla pueden acceder a su contenido.
Ni la ciudadanía, ni siquiera la Contralora General, puede consultarla. En caso de detectar irregularidades, el funcionario revisor debe trasladar la información a las autoridades judiciales, pero el documento en sí permanece fuera del escrutinio público.
¿Por qué se protege bajo secreto un informe del principal servidor público del país?
Esta disposición plantea serias interrogantes:
¿Por qué la ley protege con reserva total una declaración de bienes que debería ser modelo de transparencia?
¿Por qué no puede el pueblo costarricense conocer el patrimonio de quien administra los recursos de toda la Nación?
Mientras miles de funcionarios se exponen a sanciones administrativas, investigaciones y prevenciones por no declarar a tiempo, el informe del primer servidor público queda blindado tras un muro de confidencialidad legal.
CGR cumple con su deber, pero la ley le amarra las manos
La Contraloría General de la República ha cumplido su rol como ente fiscalizador, promoviendo el cumplimiento de esta obligación legal mediante herramientas electrónicas accesibles.
No obstante, la contradicción legal que impide a la CGR auditar públicamente la declaración presidencial deja en evidencia una laguna jurídica que debilita los principios de transparencia republicana.
