Sistema apenas opera en 13 centros tras ejecutar el 71% del presupuesto
La Contraloría General de la República (CGR) lanzó una fuerte advertencia a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) tras comprobar incumplimientos significativos en la implementación del sistema REDIMED, plataforma destinada a gestionar imágenes médicas digitales en la red de servicios públicos de salud.
A pesar de haberse ejecutado el 71% del presupuesto autorizado, el sistema solo está operativo en 13 establecimientos de salud, lo que refleja un grave rezago técnico y presupuestario. Según el informe, la decisión de no ampliar el sistema REDIMED —asumida por la Administración— responde a limitaciones técnicas no resueltas y una baja eficiencia en la ejecución presupuestaria.
Contraloría exige medidas inmediatas para garantizar el servicio médico digital
Como respuesta, la CGR emitió una orden directa a la Junta Directiva de la CCSS con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de imágenes médicas digitales, estableciendo las siguientes obligaciones:
- Implementar soluciones tecnológicas alternativas que ya estén operativas.
- Resguardar la documentación completa del proyecto REDIMED.
- Comunicar acuerdos correctivos antes del 30 de septiembre de 2025.
Estas medidas buscan corregir los efectos negativos de decisiones administrativas que comprometieron la funcionalidad y sostenibilidad del sistema, afectando el acceso de la población a servicios esenciales de diagnóstico por imágenes.
REDIMED bajo investigación activa de la CGR
La orden forma parte de una investigación en curso sobre REDIMED, abierta por la CGR y aún sujeta a reserva legal. Por este motivo, no se puede revelar información adicional. Sin embargo, la Contraloría ya notificó formalmente a la CCSS y dará seguimiento riguroso al cumplimiento de lo ordenado, velando por la correcta administración de los recursos públicos.
Implicaciones de fondo
Este caso no solo evidencia una falla estructural en la gestión de proyectos tecnológicos de alto impacto en salud pública, sino que también pone en tela de juicio la capacidad de ejecución administrativa de la institución. La advertencia de la CGR marca un precedente sobre la fiscalización de proyectos tecnológicos en la administración pública costarricense.