Reunión privada con congresista afín a Trump desata preocupación sobre la actuación política de la embajadora costarricense
La actuación reciente de Catalina Crespo, embajadora de Costa Rica en Washington y exdefensora de los habitantes, ha encendido alarmas en sectores institucionales, diplomáticos y académicos, tras su participación en una reunión privada con el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, figura cercana a Donald Trump y crítico del proceso democrático de Costa Rica.
TSE, Poder Judicial y múltiples voces especializadas han insistido en la independencia del proceso de levantamiento de inmunidad contra el presidente Rodrigo Chaves, lo que contrasta con la narrativa que Crespo contribuye a amplificar en territorio estadounidense.
Una embajadora rodeada de cuestionamientos desde su paso por la Defensoría
1. La pérdida y ocultamiento del audio del caso UPAD
La desaparición del audio que contenía una comparecencia crucial en el escándalo de la UPAD provocó la ruptura interna más grande que ha visto la Defensoría en décadas. El Consejo Directivo pidió su destitución y la acusó de entorpecer la transparencia institucional.
2. Reformas internas para neutralizar críticas
Crespo modificó las funciones del Consejo Directivo que investigaba su actuación, decisión señalada como un acto de autoritarismo y represalia.
3. Denuncias administrativas, sindicales y penales
Funcionarios denunciaron persecución laboral, hostigamiento y uso político del cargo.
En 2022, el jefe de Recursos Humanos presentó denuncias penales por presunto abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.
4. Cierre del consultorio jurídico pese a haber presupuesto
Su decisión de cancelar el convenio con la UCR afectó directamente a población vulnerable, alimentando críticas por su manejo discrecional de recursos institucionales.
5. Visita a territorio indígena guiada por una persona condenada
Su gira en Salitre junto a una abogada sentenciada por usurpación de tierras indígenas generó preocupación nacional e internacional por el sesgo de su intervención.
Cuestionamientos al ser nombrada embajadora en Washington
A pesar de ese historial, en 2023 el gobierno de Rodrigo Chaves la nombró Embajadora de Costa Rica en Estados Unidos. El hecho fue recibido con amplio recelo:
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Crespo cobró salario como embajadora antes de asumir físicamente el cargo, generando críticas por privilegios y manejo poco transparente.
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Diputados recordaron que existían causas penales abiertas al momento de su designación.
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Especialistas en diplomacia alertaron sobre la politización de un cargo clave en la relación bilateral con Estados Unidos.
La reunión con Mario Díaz-Balart: una línea que Costa Rica no puede permitir
El episodio actual es el más grave:
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El congresista Mario Díaz-Balart publicó mensajes alarmistas sobre Costa Rica, cuestionando la labor del Tribunal Supremo de Elecciones y sugiriendo inestabilidad institucional.
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Crespo asistió a una reunión privada con el legislador, la cual algunos medios presentaron falsamente como una “comparecencia” ante instancias oficiales del Congreso estadounidense.
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La propia embajadora tuvo que admitir que no fue citada formalmente: no era una audiencia, sino una reunión política a solicitud de un congresista alineado con el discurso del presidente Rodrigo Chaves.
Mientras el TSE, el Poder Judicial, expresidentes de la República y misiones diplomáticas reiteran la solidez institucional del país, Crespo se involucra en espacios que amplifican versiones tendenciosas sobre la democracia costarricense.
Esto contradice el principio fundamental de la diplomacia: defender los intereses del Estado, no las narrativas de un gobernante.
Por qué Catalina Crespo debe renunciar
La suma de sus antecedentes y su actuación reciente evidencian un patrón:
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Manejo político e interesado de cargos institucionales.
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Acciones que comprometen la credibilidad democrática de Costa Rica.
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Aproximación a actores extranjeros que cuestionan procesos internos legítimos.
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Falta de imparcialidad en la representación del país.
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Anteponer narrativas del Ejecutivo sobre el deber constitucional del cuerpo diplomático.
Su permanencia en Washington no solo es inconveniente: es insostenible.
Catalina Crespo, como embajadora, no está protegiendo los intereses del Estado costarricense.
Está favoreciendo una agenda política interna en territorio extranjero.
Y eso debilita nuestra soberanía, erosiona la confianza internacional y expone al país a interpretaciones peligrosas sobre su democracia.
Por todo ello, debe renunciar de inmediato.
Costa Rica merece una representación diplomática seria, profesional y comprometida únicamente con la República, no con un proyecto político personal.