!Ataque a la democracia! Las polémicas vallas que señalan a los poderes del Estado

Vallas piden renuncia de presidentes de supremos poderes

La amistad de Rodrigo Chaves con el dueño de Publiex siembra dudas sobre el financiamiento de esta campaña

Este domingo 12 de enero, la capital de Costa Rica amaneció con una serie de vallas publicitarias que rápidamente se convirtieron en el tema central de la conversación en redes sociales. En ellas se pueden ver los rostros del presidente del Poder Legislativo, el presidente del Poder Judicial, la contralora general de la República, Marta Acosta, y el fiscal general, Carlo Díaz, acompañados de una contundente palabra: “RENUNCIEN”.

El mensaje, breve pero directo, ha sido interpretado por muchos como un ataque frontal a la división de poderes y a la institucionalidad del país. Estas vallas no solo señalan a los líderes de los otros dos poderes de la República, sino también a instituciones clave como la Contraloría General y la Fiscalía General, pilares fundamentales para garantizar la transparencia y el balance de poderes.

El trasfondo de la polémica

No es un secreto que Rodrigo Chaves, presidente de la República, ha mantenido un constante enfrentamiento con las otras ramas del gobierno, así como con la Contraloría y la Fiscalía. Para algunos, estas vallas no representan un “clamor popular”, sino una maniobra calculada para debilitar las instituciones que se interponen en los planes del Ejecutivo.

¿Pero quién está detrás de estas costosas campañas? Según expertos, el costo de una valla como esta ronda los $7,000 mensuales, un gasto que difícilmente podría asumir “La Señora De Purral”. Esto ha generado preguntas sobre el financiamiento de esta campaña.

El nombre de Geovanni Vásquez, dueño de Publiex, la empresa que instaló las vallas, ha salido a relucir. Vásquez es conocido por su estrecha amistad con el presidente Chaves, lo que ha levantado sospechas de que esta podría ser una “donación” encubierta para favorecer los intereses del Ejecutivo.

Geovanni Vásquez, dueño de Publiex con su gran amigo, el presidente Chaves

Reacciones contundentes

Diversas figuras públicas y ciudadanos han expresado su rechazo a estas vallas. Albino Vargas, secretario general de la ANEP, comentó:

ANEP, públicamente, pidió que el Fiscal renunciara. Lo seguimos sosteniendo. Ahora bien, esta valla cuesta muchísima plata y no creo que fuera la señora de Purral quien la financiara. Chaves tiene la respuesta. Es una acción de propaganda de envenenamiento civil, evidentemente.

Por su parte, el exministro de Seguridad, Fernando Berrocal, calificó estas acciones como una señal de que “no tienen límite”:

Esto sí es el colmo de los colmos. Inaceptable. Vamos para la confrontación y sin miedo.”

La exministra de Comunicación, Patricia Navarro, incluso sugirió que estas vallas podrían ser objeto de acciones legales:

Cabe una demanda. Es persecución y atenta contra la honorabilidad de funcionarios públicos. El Código Penal sanciona este tipo de amenazas.

En redes sociales, las opiniones se multiplican. Algunos usuarios exigen una investigación profunda para esclarecer el origen de los fondos que financiaron esta campaña, mientras otros no dudan en señalar al gobierno como responsable directo de este ataque a la institucionalidad.

¿El ataque más feroz desde 1948?

Para muchos, estas acciones representan el mayor ataque a la democracia costarricense en décadas. A diferencia de campañas previas donde se criticaba a partidos políticos, estas vallas señalan directamente a las instituciones del Estado y a sus líderes.

Recordemos que en el pasado, durante el 2021, aparecieron vallas críticas hacia el PLN y el PAC, pero estas se enfocaron en partidos políticos, no en los poderes de la República ni en instituciones fundamentales para la democracia.

Lea Nota de Teletica del 2021: Vallas cuestionadas por Gobierno y PLN seguirán visibles a la espera de fallo del TSE

La relación cercana entre Rodrigo Chaves y el dueño de Publiex añade más preguntas que respuestas en este escenario. ¿Estamos frente a un ataque planeado para debilitar la democracia costarricense?

Sea quien sea que esté detrás de este asqueroso ataque a la institucionalidad quizá quiera recordar el Artículo 303 de nuestra Constitución Política.Se impondrá prisión de seis meses a tres años al que hiciere propaganda pública para sustituir, por medios inconstitucionales, los organismos creados por la Constitución o para derogar los principios fundamentales que ella consagra”.

Costa Rica en la encrucijada

Este caso pone en evidencia la fragilidad de la democracia cuando el poder se utiliza para desacreditar y debilitar a quienes buscan garantizar el balance institucional. Hoy, más que nunca, es urgente que las autoridades y la ciudadanía abran los ojos. Costa Rica debe decidir si permite que estas acciones sigan socavando su democracia o si se enfrenta con firmeza a quienes intentan llevar al país por un camino autoritario.

En Radio Zurquí seguiremos atentos a este tema, porque la democracia no se defiende sola.

 

 

 

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