La adhesión de Costa Rica a una declaración internacional basada en la paz a través de la fuerza no solo reaviva el debate sobre seguridad regional, sino que también coloca al país dentro de una lógica hemisférica impulsada por Estados Unidos en un momento de alta tensión geopolítica.
La firma de una declaración respaldada por Estados Unidos y asumida por Costa Rica bajo el principio de paz a través de la fuerza merece una lectura mucho más profunda que la que se ha hecho hasta ahora. Aunque el discurso oficial presenta el acuerdo como una herramienta de cooperación frente al narcotráfico y al crimen organizado, lo cierto es que la paz a través de la fuerza encierra una visión estratégica que va más allá de la seguridad policial y toca directamente la posición geopolítica del país en el hemisferio.


“Costa Rica construyó su prestigio internacional sobre la neutralidad, la diplomacia y la paz.
Firmar una declaración basada en la ‘paz a través de la fuerza’ no es solo una decisión de seguridad:
es un cambio profundo en la forma en que el país se posiciona en el tablero geopolítico.”
— Análisis de Radio Zurquí
Qué significa la paz a través de la fuerza
La expresión paz a través de la fuerza parte de una premisa clásica: la estabilidad se garantiza cuando un Estado o una alianza tienen suficiente poder para disuadir amenazas. No se trata solamente de responder a un ataque, sino de mostrar capacidad suficiente para evitar que ese ataque ocurra.
En la práctica, la paz a través de la fuerza se traduce en cooperación en inteligencia, fortalecimiento de aparatos de seguridad, coordinación regional y una visión más dura frente a enemigos comunes. Bajo esa lógica, la fuerza no aparece como último recurso, sino como base de la estabilidad.
Esa doctrina ha sido utilizada históricamente por Estados Unidos en distintos momentos de su política exterior. Su reaparición en el lenguaje diplomático actual no es casual. Responde a un contexto internacional en el que Washington busca reafirmar su liderazgo frente a amenazas transnacionales y frente al avance de otras potencias en América Latina.
Costa Rica y su tradición pacifista
Aquí es donde aparece la principal tensión. Costa Rica abolió el ejército en 1948 y convirtió esa decisión en parte esencial de su identidad republicana. Desde entonces, el país ha proyectado una imagen de neutralidad activa, institucionalidad civil y defensa de la paz como principio político.


Por eso, la adhesión a una declaración de paz a través de la fuerza genera preguntas inevitables. No porque Costa Rica vaya a militarizarse de un día para otro, sino porque el lenguaje que adopta importa. Cuando un país sin ejército asume una fórmula estratégica de ese tipo, lo que cambia no es solo el tono diplomático, sino el marco conceptual desde el que entiende la seguridad.
Y ahí está el punto que casi nadie está explicando: el debate no es únicamente policial. Es también histórico, simbólico y geopolítico.
El eco de la Doctrina Monroe
La discusión se vuelve todavía más relevante cuando se observa el trasfondo hemisférico. Desde el siglo XIX, Estados Unidos ha considerado a América como un espacio estratégico prioritario. Esa visión, asociada históricamente a la Doctrina Monroe, ha reaparecido muchas veces con distintos nombres, distintos discursos y distintos instrumentos.
Hoy no se habla de ocupaciones militares como en otros tiempos, pero sí de arquitectura regional de seguridad, coordinación hemisférica y defensa de intereses comunes. En ese escenario, la paz a través de la fuerza funciona como una fórmula moderna para ordenar alianzas, fijar liderazgos y reafirmar áreas de influencia.
Dicho de manera clara: el narcotráfico sirve como justificación legítima para articular una estrategia más amplia de control, alineamiento y presencia regional. Y aunque ese objetivo se presente como cooperación, también expresa una relación de poder.
Narcotráfico, seguridad y poder
Nadie sensato puede negar que el narcotráfico representa una amenaza real para Costa Rica y para América Latina. Las redes criminales operan con alcance transnacional, corrompen instituciones, infiltran economías y golpean directamente a las comunidades. La cooperación internacional es necesaria.
Pero una cosa es cooperar y otra muy distinta es aceptar sin debate una narrativa de paz a través de la fuerza que redefine la seguridad bajo parámetros impulsados desde Washington. Ahí es donde la discusión debe elevarse.
Porque cuando la lucha contra el crimen se mezcla con una visión hemisférica de poder, los países pequeños corren el riesgo de quedar atrapados en agendas que no diseñan, pero sí terminan ejecutando. Costa Rica, precisamente por su historia, debería ser especialmente cuidadosa con ese desplazamiento.
Lo que está en juego para Costa Rica
La firma de esta declaración coloca al país frente a una pregunta de fondo: ¿cómo quiere Costa Rica enfrentar las amenazas del presente sin renunciar a los principios que le dieron prestigio internacional?
La seguridad importa, por supuesto. Pero también importa el lenguaje con el que se la concibe, las alianzas que se construyen y el lugar político que se ocupa dentro del tablero continental. La paz a través de la fuerza puede sonar pragmática en tiempos de crisis, pero también implica asumir una visión del mundo en la que la disuasión, la presión y la fuerza organizada pasan a ser el eje del equilibrio.
Ese cambio merece discusión pública, control democrático y análisis serio. No basta con repetir que se trata de combatir carteles. Lo que está en juego es la forma en que Costa Rica entiende su papel en América y la clase de país que quiere seguir siendo.
La discusión sobre la influencia externa en la política costarricense no es nueva. Un episodio reciente que encendió alarmas sobre la soberanía democrática del país fue el caso de la embajadora en Washington.
El debate que apenas comienza
La adhesión costarricense a esta declaración no debería archivarse como una nota menor de coyuntura. La paz a través de la fuerza abre un debate real sobre soberanía, identidad pacifista, seguridad regional y geopolítica hemisférica.
Costa Rica tiene derecho a cooperar contra el crimen. Lo que no debería hacer es entrar sin reflexión en una lógica estratégica que históricamente ha servido para justificar la primacía de Estados Unidos en la región. Si el país decide caminar por esa ruta, al menos debería hacerlo con plena conciencia de lo que significa.


