La suspensión de Carlos Eduardo Espina, las restricciones migratorias ligadas a opiniones políticas en Estados Unidos y la tolerancia a cuentas señaladas por desinformar en Costa Rica reabren el debate sobre la censura política y la doble vara digital.
Los casos no prueban una conspiración global, pero sí dejan una pregunta incómoda: ¿Quién decide qué voces se castigan, cuáles se amplifican y hasta dónde puede llegar el poder cuando una opinión resulta incómoda?
La escena parece pequeña: un creador de contenido abre la cámara de su teléfono y anuncia que perdió su cuenta.
Pero el protagonista no era cualquier usuario.
Carlos Eduardo Espina acumulaba más de 14,6 millones de seguidores en TikTok cuando, el 30 de agosto de 2026, la plataforma suspendió su perfil. Espina sostuvo que las infracciones estaban relacionadas con seis videos sobre Donald Trump, inmigración, ICE y el Partido Republicano.
Un día después, su cuenta volvió.
Marco Rubio y las visas como herramienta política
El 28 de mayo de 2025, durante una conferencia internacional contra el antisemitismo celebrada en Jerusalén, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que la administración Trump había puesto en marcha una política de visas destinada a impedir el ingreso de extranjeros que, según el Gobierno, fueran a “fomentar odio contra nuestra comunidad judía”. También afirmó que Washington exigiría responsabilidades por determinada retórica contra Israel.
Aquella declaración no apareció aislada.
Dos meses antes, Rubio ya había dejado claro que el Departamento de Estado estaba utilizando las visas como instrumento contra determinados activistas y extranjeros vinculados con protestas propalestinas.
En marzo de 2025 afirmó que su oficina estaba aprobando revocaciones de visas todos los días y defendió la expulsión de personas que, a juicio del Gobierno, hubieran llegado a Estados Unidos para participar en actividades favorables a Hamas o en protestas consideradas contrarias a los intereses de política exterior estadounidense.
Pocos días después confirmó que el número de visas canceladas ya superaba las 300 y aseguró que el proceso continuaría de forma cotidiana. Entre los casos que generaron mayor controversia estuvo el de Rümeysa Öztürk, estudiante doctoral turca de la Universidad de Tufts, cuya visa fue revocada después de haber participado en la publicación de un artículo de opinión sobre Gaza.
La discusión dejó entonces de girar solamente alrededor del antisemitismo, Hamas o la seguridad nacional.
El problema pasó a ser otro: hasta dónde puede llegar un Gobierno utilizando su poder migratorio cuando las actividades examinadas incluyen protestas, opiniones políticas y críticas relacionadas con Israel y Palestina.
Esa preocupación no quedó únicamente en manos de activistas o medios de comunicación… Terminó en los tribunales.
Los jueces dijeron que se cruzó una línea
En setiembre de 2025, el juez federal William Young concluyó, después de un juicio, que funcionarios del Gobierno habían utilizado poderes migratorios para perseguir a extranjeros propalestinos principalmente por expresiones políticas protegidas por la Primera Enmienda.
El tribunal encontró que las investigaciones llegaron a considerar actividades como participar en protestas, organizarlas e incluso publicar artículos de opinión como elementos capaces de conducir a consecuencias migratorias.
El asunto no terminó ahí.
El 28 de agosto de 2026, apenas dos días antes de que TikTok suspendiera la cuenta de Espina, la jueza federal Noël Wise dictó otra resolución en Stanford Daily Publishing Corporation v. Rubio.
El fallo describe directamente la acusación central: utilización de las leyes migratorias para cancelar visas, detener o deportar a extranjeros que expresaban opiniones que el Gobierno quería suprimir, incluyendo apoyo al pueblo palestino o críticas a las acciones de Israel en Gaza.
La jueza concluyó que las disposiciones cuestionadas eran inconstitucionales cuando se aplicaban contra expresión política protegida por la Primera y Quinta Enmiendas.
Reuters reportó que la decisión golpeó directamente la estrategia utilizada por la administración Trump contra activistas propalestinos y se sumó al fallo federal de 2025.
Esto cambia radicalmente la discusión.
Ya no estamos únicamente frente a personas asegurando que se sienten censuradas. Existen decisiones judiciales que han determinado que el Gobierno estadounidense utilizó herramientas migratorias de una manera incompatible con derechos constitucionales cuando el detonante era expresión política protegida.
Y tampoco significa que apoyar a Hamas, cometer actos violentos o participar en delitos esté protegido sin límites. Los tribunales diferencian precisamente entre conducta ilegal y opinión política.
El problema aparece cuando ambas categorías empiezan a mezclarse.
Costa Rica: cuando la otra cara del problema es la tolerancia
Costa Rica ofrece un contraste diferente.
Aquí no estamos documentando a un Gobierno retirándole una visa a alguien ni a X cerrando una cuenta crítica. Lo que aparece es otra pregunta igualmente incómoda: ¿Con qué criterio las grandes plataformas determinan qué contenido merece castigo y cuál continúa amplificándose?
La documentación del TSE permite bajar el debate sobre censura política y desinformación a casos concretos. Uno de ellos involucró a ACR Noticias, que difundió una imagen alterada de la presidenta del organismo electoral, Eugenia Zamora.
El otro apuntó a una página anónima denominada El Oráculo de Costa Rica, que atribuyó declaraciones inexistentes a José Thompson Jiménez, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y secretario ejecutivo de UNIORE.
Thompson negó categóricamente haber pronunciado aquellas palabras, aseguró que nunca había sido entrevistado por la página y exigió el retiro de la publicación y una rectificación.
Pero la descripción utilizada por el propio TSE fue todavía más contundente.
La institución calificó a El Oráculo como una página “habitualmente dedicada a la desinformación y la incitación a la violencia”. Además, su director de Estrategia y Gestión Política denunció lo que calificó como una narrativa concertada contra el organismo electoral que reproducía las mismas falsedades sistemáticamente.
Radio Zurquí había documentado ese episodio desde octubre de 2025.
Una cuenta señalada por el TSE y el elogio de Rodrigo Chaves
Casi tres meses después ocurrió algo políticamente significativo.
El 8 de enero de 2026, Rodrigo Chaves —entonces presidente de Costa Rica— compartió en X una publicación de @OraculodeCR y escribió:
“Gracias a Oráculo CR por la claridad de su análisis y por visibilizar estos abusos.”
Las imágenes hablan por sí solas. Rodrigo Chaves no se limitó a compartir una publicación: agradeció públicamente a Oráculo CR por la “claridad de su análisis” y por “visibilizar estos abusos”. El elogio presidencial convirtió a una cuenta anónima en una voz amplificada directamente desde la cúspide del poder político.
El contraste es difícil de ignorar. Meses antes, el Tribunal Supremo de Elecciones había descrito a El Oráculo de Costa Rica como una página “habitualmente dedicada a la desinformación y la incitación a la violencia”. Pese a ese antecedente, el perfil @OraculodeCR continúa operando en X y exhibe actualmente la insignia azul de la plataforma.
Aquí la discusión sobre censura política adquiere otra dimensión: mientras voces críticas pueden quedar temporalmente fuera de una plataforma, cuentas anónimas cuestionadas públicamente por una autoridad electoral no solamente permanecen activas, sino que pueden terminar amplificadas por figuras que ocupan la Presidencia de la República.
El ecosistema alrededor de este tipo de discurso tampoco vive únicamente en cuentas anónimas. Douglas Sánchez y Jorge “Coqui” Obando han compartido durante años espacios de opinión política: condujeron juntos El Octavo Mandamiento en Canal OPA y, tras su salida de esa televisora en marzo de 2026, volvieron a aparecer juntos en Multimedios con No mientas: el show, presentado como un programa de análisis, conversación y discusión política.
Radio Zurquí ha encontrado coincidencias evidentes entre los discursos que circulan en determinadas cuentas de redes sociales y las narrativas políticas que llegan luego a espacios de opinión, pero la identidad de quienes administran perfiles anónimos requiere evidencia directa antes de atribuirla a una persona concreta.
Lo que ya no necesita interpretación es el hecho documentado: una cuenta señalada por desinformación recibió reconocimiento público de Rodrigo Chaves y continúa teniendo acceso pleno a la maquinaria de difusión de X.
Cuando una mentira puede circular con check azul y recibir aplausos desde el poder, mientras otras voces desaparecen de las plataformas, la pregunta sobre quién decide qué puede decirse deja de ser teórica.
El check azul tampoco significa lo que muchos creen
Aquí hay otra precisión necesaria.
La insignia azul de X ya no certifica, como ocurría con el antiguo sistema de Twitter, que una persona o medio haya sido reconocido por la plataforma como auténtico, notable y de interés público.
X explica actualmente que el check significa fundamentalmente que la cuenta mantiene una suscripción Premium y cumple requisitos de elegibilidad. La compañía aclara expresamente que la marca no implica verificación de identidad ni respaldo a las opiniones publicadas por esa cuenta.
Pero existe una contradicción interesante dentro de las propias reglas de la compañía.
Entre los requisitos que X enumera para recibir o conservar la insignia se establece que una cuenta no debe presentar señales de comportamiento engañoso, ni indicios de manipulación de la plataforma o spam.
Radio Zurquí ha reportado en numerosas ocasiones ante X tanto la cuenta @OraculodeCR como publicaciones específicas de ese perfil por contenido que consideramos falso, manipulador o desinformativo. Pese a esos reportes, la cuenta continúa activa y mantiene la insignia azul de la plataforma. Esa permanencia no convierte sus publicaciones en verdaderas, pero sí vuelve inevitable la pregunta sobre la eficacia y la consistencia con que X aplica sus propias reglas frente a contenidos denunciados reiteradamente.
La paradoja es evidente: una cuenta anónima señalada por el TSE por desinformación sigue operando, conserva visibilidad y fue amplificada públicamente por Rodrigo Chaves, mientras otras voces críticas han enfrentado suspensiones y restricciones en plataformas digitales.
El punto ya no es si la cuenta puede seguir publicando: puede hacerlo. La pregunta es por qué un perfil señalado reiteradamente por desinformación continúa beneficiándose de las herramientas de amplificación de X después de múltiples reportes y, además, recibió el respaldo público de quien entonces ocupaba la Presidencia de la República.
Ese contraste es precisamente lo que alimenta el debate sobre la censura política y la doble vara digital: mientras algunas voces críticas enfrentan bloqueos o restricciones, otras cuentas cuestionadas por difundir falsedades conservan alcance, visibilidad y reconocimiento desde el poder.
Censura política y doble vara: el patrón ya está sobre la mesa
Los casos documentados no son idénticos, pero apuntan en una misma dirección: quien incomoda a determinados centros de poder puede enfrentar consecuencias reales, mientras otros actores continúan amplificando desinformación sin sufrir un costo equivalente.
En Estados Unidos, los tribunales ya han advertido que el poder migratorio fue utilizado, en determinados casos, contra personas por actividades y expresiones políticas protegidas. Allí la censura política dejó de ser una simple percepción y terminó convertida en materia judicial.
En las plataformas digitales, el poder funciona de otra manera. No hace falta una orden de un Gobierno para que una voz desaparezca temporalmente. Basta con una suspensión, una sanción, una restricción de alcance o la aplicación opaca de normas comunitarias capaces de cortar, de un momento a otro, el acceso a millones de personas.
Eso fue lo que ocurrió con Carlos Eduardo Espina: una de las voces latinas más grandes de TikTok quedó temporalmente fuera de la plataforma después de que contenidos relacionados con Trump, inmigración, ICE y republicanos aparecieran asociados a infracciones. TikTok posteriormente calificó el cierre como un error, pero el impacto de la suspensión ocurrió de todos modos.
Costa Rica muestra la otra cara del problema.
Mientras voces críticas enfrentan restricciones en distintos espacios digitales, una cuenta asociada públicamente con contenidos señalados por desinformación continúa operando en X, mantiene los beneficios de Premium y recibió incluso el elogio directo de Rodrigo Chaves cuando ocupaba la Presidencia de la República.
La comparación no depende de que todos los casos respondan al mismo mecanismo. Depende del resultado: unas voces son restringidas, otras permanecen intactas; unas son castigadas, otras son amplificadas; unas deben defender su derecho a hablar, mientras otras convierten la desinformación en capital político.
Eso es lo que vuelve imposible ignorar la discusión sobre censura política y doble vara digital.
Porque cuando gobiernos, plataformas y figuras de poder terminan produciendo —por vías distintas— un entorno en el que ciertas opiniones tienen consecuencias y determinadas falsedades conservan privilegios de difusión, el problema deja de ser anecdótico.
Se convierte en un problema democrático.
¿Quién decide qué voces pueden hablar?
Durante buena parte del siglo XX, censurar significaba clausurar periódicos, decomisar libros o sacar una emisora del aire.
El poder digital transformó el mecanismo.
Hoy perder una cuenta puede significar perder acceso instantáneo a millones de personas. Una reducción algorítmica puede volver invisible un mensaje sin borrarlo. Una amenaza migratoria puede producir autocensura antes de que exista siquiera una sanción. Y una cuenta dedicada a la desinformación puede adquirir una apariencia de legitimidad simplemente permaneciendo activa mientras las instituciones tradicionales pierden credibilidad.
Ese es el verdadero debate.
No si derecha o izquierda tienen derecho a expresarse.
Lo tienen ambas.
No si una plataforma tiene derecho a aplicar normas.
Lo tiene.
La pregunta es qué sucede cuando conceptos legítimos como seguridad, moderación, lucha contra el odio o protección institucional comienzan a aplicarse de manera tan amplia que terminan alcanzando opiniones políticas protegidas, mientras contenidos falsos o manipuladores encuentran pocos obstáculos para circular.
Ahí comienza el territorio peligroso de la censura política.
Y la democracia debería preocuparse mucho antes de que el silencio se convierta en costumbre.
